La crisis política derivó en una profunda crisis económica. No hay forma de salir de ambas en el corto plazo. De hecho, sobre la confrontación política incluso ha sido reconocida indirectamente por Maduro como una guerra civil. Y no puede ser de otra manera. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha eludido su responsabilidad ante el país, primero al dejarse relevar como poder “autónomo” nacional por decisiones de tribunales penales con jurisdicción regional, al “suspender” un posible referendo revocatorio presidencial, y luego, al utilizar tal pretexto para diferir las mencionadas elecciones de gobernadores.
En tal sentido, transcurrido el primer cuatrimestre de 2017, sin que exista un cronograma electoral ante la franca violación a los derechos políticos de los venezolanos, es decir, el derecho al voto, Maduro invoca esta “constituyente” como subterfugio de una “consulta popular”, que en la praxis tiene como única finalidad la “creación” de circunscripciones electorales nacionales, regionales y municipales, en donde éstas últimas tengan mayor peso electoral en espacios que ellos tengan controlados bajo presión política.
O sea, el madurismo, con la propuesta del CNE y el aval de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desarrollarían un fraude constitucional con la creación de esos espacios electivos, por ejemplo, donde existen complejos de “misión vivienda”, allí tendrían la posibilidad de elegir posibles “constituyentistas” en número entre dos o tres representantes. La misma situación aplicaría en municipios de muy poca población, pero en los cuales tienen control político. En otras palabras, el llamado a tener una “constituyente” con más de 500 miembros, tiene bajo esa condición sui generis, otro elemento de facto, para continuar violando la Carta Magna.
La convocatoria de esta “constituyente” por parte de Maduro, viola su esencia democrática, porque no se hace conforme con los preceptos originarios en que Hugo Chávez convocó la ANC de 1999. Por ello, la misma sólo pudiera ser convocada previa consulta popular; verbigracia, el CNE debe convocar las elecciones regionales y en ese mismo escenario electoral, a través de un referendo consultivo, preguntarle a la población sí está de acuerdo con la posibilidad de una constituyente en los términos en que sería emplazada por Nicolás Maduro.
Una ANC sería legítima si el pueblo aprueba su convocatoria. Ante ello, tanto el TSJ y el CNE tienen la jurisprudencia marcada en nuestra historia, así que el intentar pasar sobre ella, sería terminar de evadir las exigencias y el derecho que tiene el pueblo en poder votar.
Se hace necesario un pronunciamiento de la Fiscal General de la República, así como máxima sindéresis de los sectores que adversamos al madurismo, porque es claro que de parte de ellos sólo buscan generar una mayor confrontación política que evite medirse en el plano electoral conforme con las disposiciones constitucionales.
En síntesis, para convocar a una constituyente se debe preguntar al pueblo, si la aprueba o la rechaza a través de un referendo consultivo. Lo contrario sería llevar a Venezuela hacia la guerra civil. El tiempo nos sigue dando la razón.]]>
