Pedro Carvajalino y Oswaldo Rivero, dos de los conductores del espacio, denunciaron que el programa pretende ser censurado y que no se «callarán» ante la investigación de la institución que dirige Luisa Ortega Díaz, a la que vincularon con el opositor partido Voluntad Popular.
La investigación atiende a una demanda introducida por Freddy Guevara, Coordinador Nacional de Voluntad Popular, quien acusó a los conductores por incurrir supuestamente en «terrorismo» por anticipar violencia en la marcha ocurrida el primero de septiembre de 2016 conocida como La Toma de Caracas»; y por «difamación» por divulgar una grabación ilegal de los dirigentes de la organización opositora: Guevara, Lilian Tintori y Carlos Vecchio.
A raíz de esa denuncia, el Ministerio Público envió un oficio a VTV. El escrito fija al canal enviar en un plazo «de 48 horas» una copia del programa emitido con la grabación y las denuncias de los conductores.
Además de Carvajalino y Rivero, la investigación se dirige hacia Fidel Madroñero. Carvajalino y Rivero reaccionaron en la noche del jueves a la orden del fiscal encargado de la investigación y descargaron contra la fiscal. Carvajalino pidió ser enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra Leopoldo López, si se ordena su aprehensión. «Seremos presos políticos», dijo.
«Que llamen a un fiscal (a que) desempolve algo de (hace) nueve meses ¿pa’ que? ¿pa’ censurarnos? ¿pa’ qué? ¿Para que el compañero Ricardo González no pueda salir a la calle? Si a mi me mandan a la cárcel, hermano, nosotros pedimos que nos manden a la cárcel de Ramo Verde como (a) Leopoldo López»
«Seremos presos políticos como Leopoldo López, de Voluntad Popular, que fue el (partido) que hizo la denuncia».
Rivero, el otro conductor del espacio nocturno, apuntó sobre esta declaración:
«Nosotros no nos vamos a escondé ni huí» (sic).
La denuncia de Ortega Díaz es interpretada como un nuevo gesto de su separación al bloque chavista, que ha mostrado fricciones en las últimas semanas en las instituciones que domina ante la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Maduro y la represión que orquesta la Guardia Nacional en ocho semanas de protestas opositoras.
La fiscal acusó el miércoles a los militares de procesar a civiles en tribunales y de disparar al cuerpo de los manifestantes objetos contundentes hacia los manifestantes. Tal es el caso del estudiante universitario Juan Pernalete, quien fue asesinado en abril por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un agente militar, según la jefa del Ministerio Público.
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, deploró el jueves la declaraciones de Ortega Díaz.]]>