Fiscal solicita antejuicio de mérito contra 6 magistrados de la Sala Constitucional

La jefa del Ministerio Público pidió un antejuicio de mérito que derive en la destitución de los seis magistrados de la Sala Constitucional del TSJ dado que, dijo, atentan contra la institucionalidad del Estado. «Estos magistrados no pueden seguir en esta Sala Constitucional. Pedimos que se inhiban de conocer este caso y pedimos una medida cautelar para que se separen de sus cargos».
Ortega Díaz advirtió que «corre peligro el estado de Derecho», si no se convoca a nuevos jueces para resuelvan la petición del Ministerio Público de detener el proceso Constituyente por el incumplimiento de procesos legales.
Además, pidió que se declare nulo el acto de la Asamblea Nacional del 23 de diciembre de 2015 en el cual el Parlamento, en ese momento dominado por el chavismo, nombró a 13 magistrados y a 20 suplentes. «Está viciado de nulidad el procedimiento por el cual fueron designados».
De acuerdo con su versión, durante el proceso de selección y designación, ella advirtió que «eso no se hacía así» y nunca se le escuchó. «Llevaron a la Asamblea Nacional los expedientes de los jueces sin haber convocado una sesión extraordinaria, se me presentó un acta en el Consejo Moral Republicano para que la firmara  y me negué porque el acto no se realizó. Solicité entonces que se inhibiera a estos magistrados».
La fiscal aseguró que estos jueces del TSJ han venido ejecutando una política reiterada de decisiones que rompen el orden constitucional. «Pongo como ejemplo las sentencias 155 y 156 (en las que se arrebataban las competencias de la Asamblea Nacional). Fue tal el impacto de las sentencias que se convocó el Consejo de Defensa de la Nación que pidió la aclaratoria», dijo.
Denunció que en la explicación que se produjo no se tocó el fondo de los fallos, que incluso daban «poderes especiales al Presidente incluyendo en materia penal», con lo que los ciudadanos quedaron sin resguardo jurídico.
«Esas sentencias ponen en peligro la democracia, un requisito indispensable para la paz», sostuvo.
También criticó la decisión 378 en la que se «revive la democracia representativa y se deroga la democracia participativa», con lo cual se le transfiere la soberanía del pueblo a un poder constituido.
«No puede ser que quieran desmantelar el Estado. Conspiran para cambiar la forma republicana solo por caprichos. Para lograr la paz de los ciudadanos, tiene que haber decisiones serias del TSJ», aseveró.
A su vez, hizo referencia a los obstáculos que pusieron las fuerzas de seguridad para las personas que quisieron adherirse a la solicitud de nulidad del proceso Constituyente.
«En los estados Portuguesa y Miranda, los presidentes de circuito emitieron un comunicado en que se prohibía aceptar adhesiones al recurso de la fiscal».
Mientras ciudadanos y diputados intentaban llegar a la sede del tribunal, el Supremo anunció a través de Twitter que declararon inadmisible el recurso ejercido por Luisa Ortega Díaz «por inepta acumulación de pretensiones».




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