En este momento, Ortega Díaz es la línea que separa la democracia de la tiranía. La carta fundamental de Venezuela, la Constitución Nacional, en su artículo 285 numeral 1, establece que son atribuciones del Ministerio Público: “Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.
Pero, invariablemente, ahora el TSJ rechaza todos los procesos presentados por la Fiscal para cuestionar y denunciar la ilegalidad del proceso constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Más adelante en el numeral 5 del mismo artículo señala que, es su deber “intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”.
Ahora bien, en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se establece que, éste “es un órgano del Poder Ciudadano que tiene por objeto actuar en representación del interés general y es responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado, democrático y social de derecho y de justicia”.
En el artículo 16 de la ley que rige a la Fiscalía, se establece que es de su competencia velar por el efectivo cumplimiento de la Constitución, de los tratados, acuerdos y convenios internacionales, válidamente suscritos y ratificados por la República. Es decir, muchos de los acuerdos y compromisos que contrajo Venezuela durante 2016 y 2017 que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, deben ser investigados por el Ministerio Público y ejercer la acción a que diera lugar, por ejemplo.
Por otra parte, las acciones del Ministerio Público y su máxima representante, contra los actos dictados por el poder público viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad, no podrán ser menoscabadas por las atribuciones conferidas a la Defensoría del Pueblo ni la Procuraduría General.
Asimismo, según interpretación del abogado Luis Sucre, penalista que llevó adelante el caso de Adriana Urquiola, la Fiscal General es el equilibrio entre la legalidad y lo judicial.
“El poder de un Fiscal General es que tiene la facultad de solicitarle al Poder Judicial que aplique sanciones penales. Es quien investiga, quien actúa, es el policía dentro de este juego, es su rol dentro del sistema”, afirmó.
Sucre manifestó que todas las actuaciones de la Fiscal deben estar enmarcadas en el respeto a la legalidad y a la constitucionalidad. “Todo lo que está haciendo en este momento la Fiscal General, es para que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos, por ejemplo, el tema de las bases comiciales, allí no se está respetando el derecho al voto, ella está actuando en nombre de todos”, dijo el jurista.
Es potestad de la Fiscal General, según el artículo 266 de la Constitución y 25 numeral 5 de su Ley Orgánica, ejercer personalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la solicitud de antejuicio de mérito contra el Presidente de la República, vicepresidente ejecutivo, diputados y magistrados del TSJ, del Procurador General, Contralor General, Generales y Almirantes, jefes de misiones diplomáticas y si fuere la propia Fiscal General el caso, quien actúa es el Vicefiscal General.
Pero ahora el «poeta de la revolución», Tarek William Saab, pide al TSJ (y seguramente le serán otorgados) poderes similares a los del Ministerio Público.
De esta manera, el también Defensor del Pueblo se apresta a encarnar una especie de «Fiscalía corporativa» para usurpar las funciones del Ministerio Público, según las evidencias.
La jugada va en línea con el estilo de gobierno chavista y madurista: si pierdes una gobernación como Miranda, le montas al lado una Corporación estatal, Corpomiranda, para que la maneje el candidato oficialista perdedor; si pierdes la Alcaldía Mayor, le creas un cargo al candidato oficialista derrotado; «y si pierdes la Asamblea Nacional montas una paralela, más pequeña y letal, en la Sala Constitucional del TSJ», comentó un analista político que requirió el anonimato.
En la legalidad, la Fiscal General de la República sólo puede ser removida por el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional. En caso de falta absoluta, será cubierto su cargo por el Vicefiscal, hasta tanto el parlamento designo al nuevo Fiscal General. Asimismo debemos mencionar que, en ninguna de las 23 competencias de la Sala Constitucional del TSJ está la de organizar una junta médica para revisar la salud mental de la Fiscal General.
El diputado Pedro Carreño, dirigente del Partido Socialista Unido, ha llegado a afirmar que la doctora Ortega no está en sus cabales, por lo que ha pedido que le sea aplicada una evaluación psiquiátrica.
Por su parte, Joel García, abogado, profesor universitario y quien forma parte del comité de postulaciones para escoger a los nuevos magistrados del TSJ, indicó que es tan importante la actuación de la Fiscal General de la República que es la única facultada para solicitar antejuicios de mérito para personas de altos cargos en la administración pública.
“El Ministerio Público es el garante de la acción penal y es quien debe hacer valer la Constitución. Imagínense que el artículo 333 de la Carta Magna nos faculta a todos para hacer que se cumpla la propia Constitución, defenderla. Pero el Fiscal General tiene la potestad constitucional de hacerlo”, aseveró García.
Por otro lado, Luis Sucre indicó que no se debe dar lectura a las actuaciones recientes de Luisa Ortega Díaz, si están bien o mal, “porque la justicia en Venezuela está secuestrada y siempre se va a inclinar hacia un lado. El Poder Judicial nos está incitando a un conflicto de magnitudes armadas y además de manera muy torpe. Fíjate que no admiten el recurso de la Fiscal General y tres de los magistrados señalados no firman la sentencia y al mismo tiempo dicen que fue una sentencia conjunta. Inexplicable. Con tres que no firman, uno infartado en el hospital militar y Gladys Gutiérrez ausente, pero es que además eso se traduce en un delito que cometió la Sala Constitucional, sacar una sentencia sin el debido proceso”, afirmó Luis Sucre.]]>
