García estaba preso desde el 17 de diciembre de 2016 en la sede del Sebin de San Fernando de Apure, cuando fue allanada su casa en la población de Guasdualito, tras una ola de protestas locales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según denunciaron entonces dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad democrática (MUD), al concejal del partido Primero Justicia le fue “sembrada” una cantidad importante de dinero en efectivo para enjuiciarlo.
La diputada de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Delsa Solórzano, afirmó a través de su cuenta en la red social Twitter que “la dictadura de Maduro y sus esbirros son los responsables del fallecimiento del preso político Carlos Andrés García”.
Solórzano citó el articulo 43 de la Constitución Nacional, el cual establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad” y “el derecho a la vida es inviolable”.
“El gobierno le negó la atención médica oportuna y hoy falleció como consecuencia de un ACV el concejal García”, dijo Solórzano.
«Hace dos días, al concejal un juez le había concedió casa por cárcel, en vista de su estado de salud. Pero la orden no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad”, afirmó la dirigente de Primero Justicia.
El activista defensor de los derechos humanos, Alfredo Romero, también culpó al Estado Venezolano: «Caso muerte Concejal Carlos A García es otro caso de enfermedad y falta atención médica como mecanismo de TORTURA», dijo en su cuenta en Twitter.]]>