Denuncian persecución política contra más de 50 mil colombianos en Táchira

Según Márquez, la anulación de la cédula de identidad otorgada por las autoridades venezolanas a los extranjeros fue justificada por presuntamente encontrarse irregularidades en la expedición y presunto incumplimiento del debido proceso.
Sin embargo, el también dirigente político aseguró no haber encontrado evidencia alguna de irregularidades en el caso, por lo que señaló que la acción se trata de una persecución política contra los colombianos naturalizados en Venezuela y fraude electoral que acarrea responsabilidades civiles, penales y administrativas en contra de funcionarios del Saime y del CNE.

“En los casos que hemos revisado es absolutamente falso que se haya incumplido el debido proceso. El Saime a través de una providencia administrativa (Providencia Administrativa Nº 29) que tiene menor jerarquía que la providencia ministerial en la que se otorgó la carta de naturalización, pretende de manera irregular desconocer los derechos de miles de ciudadanos naturalizados como venezolanos”, acusó.

Una revisión realizada por el parlamentario a los seriales de las cédulas -desde 22 millones hasta 26 millones- se puede comprobar que en su mayoría se encuentran objetadas por el CNE y recomiendan dirigirse al Saime.
Cuando acuden al Saime, el organismo asegura desconocer la providencia administrativa que las objetó, señaló.

“Se trata de una operación hecha para que la gente pierda su derecho al voto. La Constitución Nacional en el artículo 35  establece que solo mediante sentencia judicial se puede anular una naturalización. En concordancia con la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, en su artículo 43, donde se señala que a los 10 años caduca cualquier acción de carácter administrativo y judicial y estas personas ya tienen 13 años de habérseles otorgado la naturalización”, explicó.

En el supuesto caso que existiera un hecho irregular la acción es individual y no colectiva. No se pueden anular Gacetas Oficiales completas como han sido anuladas aun sin tener facultad para ello, aseveró.
La denuncia de la anulación de cédula de más de 50.000 colombianos será elevada ante la Cancillería de Colombia, para que se avoquen a la defensa de sus connacionales, además de llevar el caso a la Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República.

“Estamos en presencia de un crimen de Lesa Humanidad, tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el artículo 7.1, por el delito de persecución. Están persiguiendo a los colombianos, violando el derecho a la nacionalidad, presunción de inocencia y el debido proceso. Acciones irregulares y fraudulentas y parte de una operación política montada por el régimen para mantenerse en el poder y el miedo a ser derrotados en el venidero proceso electoral”, dijo.

La mayoría de los ciudadanos a los que les fue objetada su cédula de identidad pertenecen a los estados fronterizos Zulia y Táchira, precisó Walter Márquez.
“En Táchira se pudiera estar hablando de unas 25.000 personas que no podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo y en una elección cerrada 25.000 votos que el gobierno sabe que los tiene perdidos porque fueron votos cautivos en el 2004, en la época de Chávez, se han disipado frente al cierra de frontera, deportaciones forzosas, la devaluación del bolívar, la inflación, la escasez de alimentos y medicinas. Por eso optaron por anular las cédulas”, puntualizó.]]>