"Firmé aprehensión contra Leopoldo López porque no quería ser otra Afiuni"

La primera en declarar fue la exjueza que emitió la orden de privación de libertad del dirigente opositor Leopoldo López, uno de los presos políticos más conocidos del gobierno de Nicolás Maduro.
Ralenis Tovar, exjueza del área metropolitana de Caracas, intervino a través de Skype desde Canadá y dijo que firmó esa orden judicial «por miedo a salir presa» y convertirse en una nueva María Lourdes Afiuni, la exjueza que estuvo cuatro años presa en un internado judicial por ordenar la liberación de un empresario que generó las críticas del fallecido presidente Hugo Chávez. Durante su reclusión, Afiuni denunció que fue violada.
«Me mandaron a firmar la orden de aprehensión de Leopoldo López, pedí revisarla y me amenazaron preguntándome si quería ser la próxima Juez Afiuni», dijo.

Tovar aseguró que el juicio de López estuvo repleto de irregularidades procesales:
«En el caso de Leopoldo López hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, la audiencia terminó a las 12:30 de la noche de ese día, pero a las 10:30 de la noche, es decir 2 horas antes, ya Maduro había dicho por televisión que se había ordenado la aprehensión de López. Es decir, el Presidente ya había dado la orden”.
La exjueza aseguró que el día que dictó el fallo contra López, quien cumple una condena de casa por cárcel, recibió una llamada de la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Gladys Gutiérrez, «para decirme que me devolviera al recinto judicial porque me necesitaba para unas órdenes de aprehensión».
«Cuando llegué estaban una gran cantidad de funcionarios (de los cuerpos de seguridad e inteligencia) SEBIN, DIM y Guardia Nacional además de 4 fiscales y ya tenían la carpeta con el caso de Leopoldo López”, denunció Tovar.
Con la llamada, se decidió a firmar la orden contra el dirigente de Voluntad Popular.
“Me sentí amedrentada, atemorizada. Por el miedo que tuve a salir presa de ahí siendo madre soltera de una niña de 13 años, firmé la orden de aprehensión. A partir de ese momento 4 funcionarios me acompañaron hasta mi casa y 2 de ellos estuvieron dentro de mi casa por un tiempo. Todo esto lo hicieron para saber con quién tenía contacto y con quién me comunicaba”, agregó.

Preguntada por si en Venezuela existe un «patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática», aseguró que «sí, por supuesto», ya que «hasta que no logran lo que quieren, intimidan constantemente».
En su opinión, la justicia de Venezuela «se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional».
Críticas contra el sistema judicial venezolano

Ese punto de vista lo compartió Pedro Troconis, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo que designó en julio el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, y cuyos miembros están desde entonces perseguidos por la Justicia venezolana, reseñó EFE.
«En 2015 una Asamblea Nacional en salida eligió en escasos 15 días a un grupo de magistrados y dejaron de cumplir ciertos pasos para la correcta elección de esos jueces», dijo en su intervención.
Más concretamente, días después de la victoria opositora en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, el Parlamento chavista saliente invistió, antes de ceder el control a la nueva mayoría, a 33 magistrados del Supremo.
Con el argumento de que ese proceso estuvo «lleno de irregularidades», el Parlamento actual, controlado por la oposición, designó el pasado julio a 33 magistrados del TSJ con la idea de que reemplazasen a los 33 jueces en ejercicio de esa instancia, a la que acusan de servir al Gobierno.
Los jueces nombrados por la oposición llevan desde entonces ya más de dos meses perseguidos por la Justicia, refugiándose en embajadas en Caracas, exiliados en otros países y uno de ellos en prisión domiciliaria en Venezuela.
El pasado 13 de octubre, 18 de ellos se configuraron como «Tribunal Supremo en el exilio» en una ceremonia en la Organización de Estados Americanos (OEA), con el apoyo del secretario general del organismo, Luis Almagro, pero con el rechazo de todos los embajadores de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa), que no asistieron.
El malestar de los embajadores con las insólitas iniciativas de Almagro sobre Venezuela en la OEA volvió a ser patente en las audiencias, ya que solo hubo representantes de 11 delegaciones y solo dos embajadores, los de Panamá y Costa Rica, asistieron en algún momento de la sesión.
En la sesión declaró, además de los jueces, el exdiplomático Isaías Medina, que dejó en julio la misión de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU).
Otro de los testimonios escuchados hoy en el Salón de las Américas fue el del diputado opositor Armado Daniel Armas, quien denunció el «ataque sistemático del régimen de Maduro contra los parlamentarios y la institución» de la Asamblea Nacional, que controla la oposición.
La última declaración fue la más emotiva. La activista Rosa Orozco denunció la muerte de su hija Geraldine «a manos de la Guardia Nacional» durante las protestas antigubernamentales de 2014 y exigió «el fin de la impunidad» de estos crímenes en el país. Las audiencias de estuvieron a cargo de los tres juristas independientes que determinarán si hay base para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
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