Tres ONG llaman a participar en las presidenciales para constatar irregularidades

Es por esto que lanzan la campaña «Elección auténtica» y la muestran como la candidata real para todos los venezolanos.
Según sus impulsores, esta alianza de defensores de los derechos humanos buscan que los ciudadanos «se activen y enpoderen».
¿Cómo? Pues aunque para esta elección no llaman a votar y lo dejan como «un acto de consciencia», Los activistas llaman a participar en el proceso para documentar las irregularidades del proceso electoral.
Para ello ponen a disposición todas sus plataformas para enseñar las herramientas necesarias a quienes quieran sumarse y que sepan cómo y qué deben hacer para construir esta documentación desde lo colectivo.
«No hay garantía de qué pueda suceder ese día. Participar no es validar», sostiene Luisa Subero, integrante de Voto Joven.

Para estos activistas, la elección no solo es el «día D». Comienza desde que se convoca. Y en ese sentido, Voto Joven ha venido monitoreando procesos importantes como el Registro Electoral.
La organización detectó que en el llamado «período especial» de inscripción que abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE), solo se habilitaron 170 puntos de los 531 que supuestamente existían.
En las elecciones presidenciales de 2013 hubo 1630 puntos.
Además, se violentaron los tiempos, se establecieron limitaciones en cuanto al horario y en estados como Merida, se entregaban entre sesenta y setenta números dejando a miles de venezolanos imposibilitados de ejercer el derecho a inscribirse.
El cierre de consulados desde 2012 también ha afectado este derecho.
Voto Joven contabiliza, al menos, dos millones de venezolanos que no estarían inscritos en el Registro Electoral.
Acuerdo no es superior a la Ley

Partiendo del hecho de que exista un acuerdo político que establezca unas condiciones electorales por encima del propio Poder Electoral y que éste tenga que comprometerse a cumplir unas normas establecidas en las Leyes, son aspectos que evalúa este informe que realizan estas organizaciones.
«Este acuerdo no está en consonancia con lo establecido en la Ley. No provee mayores garantías que las que están en la Legislación», asegura Beatriz Borges, directora de Cepaz.
El incumplimiento de los lapsos, y en general, un proceso que ha sido violentando desde su origen; que no se le permita la pluralidad y la imposibilidad de que las personas participen; el Voto asistido, que puede hacer la diferencia en los resultados; la inhabilitación de candidatos; el incumplimiento para las candidaturas a consejos legislativos; el desconocimiento del cronograma para los consejos municipales; el incumplimiento del CNE en ofrecer resultados discriminados (aún se desconocen los de la ANC) y la ilegalización de partidos forman parte de lo que denominan como un proceso «herido».
«Ejercer la participación política no solo es el derecho al voto», señala Carlos Guerra, integrante de Cepaz.
Por cierto, esta organización ha enviado distintas comunicaciones al CNE, en las que dejan de manifiestos las irregularidades, sin que hayan obtenido respuesta.
Aunque parezca contradictorio, insisten en «participar y motivar al electorado, independientemente de lo viciado del proceso». Una participación orientada a la documentación.
Días robados…

En un informe comparativo, estas organizaciones muestran cómo , las elecciones en el 2000 se convocaron con 119 días; en 2006, 264 días, en el 2012, con 192; en el 2013 (muerte del presidente electo Hugo Chavez), transcurrieron 74 días, mientras que en las elecciones convocadas, primero para el 22 de abril y luego reprogramadas para el 20 de mayo, transcurrirán 79 días.
Pero además, el artículo 136 de la Constitución, establece que el presidente electo debe asumir en los primeros 10 días del año constitucional.
El presidente que resulte electo el 20 de mayo tendrá que esperar seis meses para tomar posesión del cargo sin contar con el hecho de que la Asamblea Nacional mantiene un estatus de desacato.
La escogencia de miembros de mesa, es otra arista de las irregularidades del proceso. Aunque la escogencia se realizó la semana pasada, aún no han sido notificados. Un proceso que podría tardar más de 20 días, solo para notificar. Luego, esas personas deberían hacer el curso para tener la credencial.
Es decir, no hay garantía de que las personas seleccionadas puedan cumplir su función.
El llamado de estás organización se resume en tres palabras: cumplir la ley.
Y el llamado al liderazgo político es a la coherencia y la exigencia del derecho al voto establecido precisamente en nuestro ordenamiento jurídico.
No se adelantan a hablar de resultados pues consideran que eso es «el final del proceso. Esta etapa es donde se muestran las irregularidades», indica Borges quien agrega que «no puede exigirse unos derechos y otros no. La democracia es el respeto a todos los derechos».
También hace mención a la posibilidad de la misión de la ONU, para ella se pretende «una manipulación a la imagen de un organismo internacional para que avale un proceso plagado de irregularidades».
Borges recuerda que la observación también está prevista en la Ley y que, también se ha incumplido.
Esperan finalmente que los ciudadanos no abandonen el voto como mecanismo democrático y entiendan que no es un problema político sino un escenario que afecta a todos por igual.]]>