Ante la difícil situación que mantiene desaparecidas a un número considerable de venezolanos, el director de Redes, organización que defiende los derechos humanos, precisó que es necesario hacer un llamado a la Fiscalía del Ministerio Público para que inicie una investigación sobre cada caso.
“En los últimos días se registra un incremento de desapariciones forzadas que son el resultado de las operaciones de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Vemos con preocupación cómo en el municipio Pedro María Ureña se puede decir que cada semana se registran cinco desapariciones y el modus operandi es que muchas de estas personas terminan en fosas comunes al otro lado del río Táchira, en territorio colombiano”, reveló Tarazona.
Durante los meses de febrero y marzo, -dijo- sostuvo reuniones con representantes de la Fiscalía del Ministerio Público del departamento Norte de Santander, donde las autoridades constataron la aparición de las fosas comunes con cadáveres de personas que estaban desaparecidas en Venezuela y eran buscadas por las autoridades.
El vocero de la fundación Redes indicó que los parientes de las personas desaparecidas en la mayoría de los casos no denuncian la acción por temor a represalias en contra de sus vidas, teniendo como referencia que en el municipio Rafael Urdaneta (Delicias), cuando se han formulado las denuncias, dos o tres días después desaparece otro familiar del denunciante, “estableciendo la cultura de la intimidación en territorio fronterizo”.
“Estas acciones perversas ocurren con la presencia del Estado, no solo de militares, sino también del caos en el que se ha convertido la tierra de nadie, la frontera colombo-venezolana. Es el reflejo de un ambiente de emergencia que se vive en el territorio nacional en donde la violación a los derechos humanos es reiterada”, expresó.
El representante gremial hizo un llamado a las autoridades venezolanas, a los funcionarios castrenses de la Zona de Defensa Integral (Zodi-Táchira) para que ejerzan su accionar ante la grave situación.
“Lamentablemente, el claro accionar de las alcabalas que están en la vía que conduce desde San Cristóbal hacía San Antonio y Ureña, no es otro sino extorsionar a las personas que han ido a Colombia a comprar alimentos y medicinas. Las alcabalas dejaron de ser espacios de control y orden ciudadano para convertirse en un espacio para robar alimentos, medicinas o dinero a los que por allí transiten”.
Las pintas que señalan la presencia de grupos colectivos en calles de los municipios fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña, hablan del posicionamiento en la zona de grupos paramilitares y guerrilleros en el lugar y de una lucha de poder entre ellos. Frente a esto la fuerza armada es permisiva, declaró Tarazona.
Entre las pintas que se pueden ver, queda claro que “los colectivos llegaron para garantizar la paz”, agregó el vocero de Redes.
“De acuerdo a información obtenida a través de oficiales militares de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas, se conoció que no solo los colectivos o grupos de choque han recibido entrenamiento, sino los milicianos que son lo mismo, han recibido dotación de fusiles para la defensa de la revolución. Por lo tanto, los colectivos están armados en la frontera y andan a sus anchas, actuando de manera impune bajo la mirada complaciente del gobierno venezolano”, reveló.
Una desaparición en frontera no es calificada como secuestro si la víctima no tiene bienes. “Es una forma semántica y vulgar de evadir una realidad. El secuestro es promovido por las mismas autoridades venezolanas”.
Conminó al Ministerio Público a ofrecer las cifras de cuántos funcionarios de las fuerzas policiales y armadas están involucrados en secuestros en Venezuela.
“El 80% de los militares que están en cárceles o centros de reclusión del país están involucrados con narcotráfico y secuestros desde organizaciones policiales y militares”, aseguró.]]>
