La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) discutirá este martes una solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que ya fue aprobada por el denominado Tribunal Supremo «en el exilio», conformado por cerca de 30 juristas que la Cámara invistió como magistrados pero que son desconocidos por el Supremo venezolano.
El Parlamento se limitó a convocar una sesión para «considerar la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro», sin mencionar expresamente que se trata de un juicio penal y de una acción política que intenta la oposición en medio de la crisis nacional.
El «proceso» atiende una denuncia hecha por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien ante la Alta Corte que sesiona en el extranjero presentó supuestas pruebas para que se iniciara el juicio por la participación del líder chavista en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Frente a ello, los principales partidos políticos de la oposición y numerosos legisladores han adelantado que votarán favorablemente para que continúe el enjuiciamiento y, en lo sucesivo, se dicte una sentencia contra el mandatario venezolano.
Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP), las cuatro principales formaciones que se oponen al chavismo y que agrupan más de la mitad de los escaños en la AN, aseguraron que sus diputados respaldarán el trámite en la sesión de este 17 de abril.
El partido UNT -en el que milita el presidente del Parlamento, Omar Barboza,- señaló a través de Twitter que sus legisladores «reconfirman su compromiso democrático con el país y con el pueblo» y con las decisiones del Supremo en el exilio.
Por su parte, PJ dijo esperar «que la justicia castigue severamente a quienes se han enriquecido inmoralmente a costa del hambre y los sufrimientos del pueblo», y reiteró que sumarán votos para acercar a Maduro al banquillo.
«Apoyaremos irrestrictamente cualquier acción de la Asamblea Nacional que vaya dirigida al esclarecimiento y enjuiciamiento por los casos de corrupción que vinculan a Nicolás Maduro Moros y su gobierno con Odebretch», afirmó el partido en un comunicado.
Mientras que la primera escisión opositora dentro de la AN llamada «16 de julio» confirmó su apoyo a la iniciativa judicial, la recién creada fracción parlamentaria «Prociudadanos» no ha revelado cuál será su postura en el venidero debate.
La puja entre el Poder Legislativo y el resto de las instituciones más cercanas al Ejecutivo dificulta aun más este «proceso», toda vez que el Supremo declaró a la Cámara en desacato, por lo que sus actos son considerados nulos, y los diputados reprochan al Poder Judicial el nombramiento «irregular» de varios jueces.
El Parlamento sigue reconociendo como fiscal a Ortega, destituida en 2017 por la Asamblea Constituyente, mientras que el chavismo no participa en los debates legislativos bajo el argumento de que este órgano votado por 14 millones de venezolanos está actuando al margen de la legalidad.
Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia indica que se requiere el voto positivo de dos terceras partes de los escaños (112) para dar luz verde al enjuiciamiento, la oposición planea aprobar esta medida con una mayoría simple de 84 votos.
Si bien el antichavismo logró en 2015 la super mayoría con 112 escaños que le permitía un amplio margen de acción, el Supremo ordenó desincorporar a cuatro legisladores al poner en duda la legitimidad de su elección.
Todas las anomalías que giran en torno al antejuicio de mérito contra el presidente venezolano no han detenido la expectación por este proceso que, al menos en lo político, marcará un capítulo importante en la historia del país petrolero que planea celebrar unas cuestionadas elecciones presidenciales el 20 de mayo.]]>