Venezuela
Finalmente se arriba al día 45 del caso sobre el «magnicidio en grado de frustración» contra el presidente Nicolás Maduro y el Ministerio Público debe consignar ante el Tribunal Primero con competencia en materia de Terrorismo, las resultas de la investigación sobre el «atentado» contra el mandatario venezolano y decir si acusará, archivará o sobreseerá a los detenidos, entre ellos, el diputado Juan Requesens.
La defensa del parlamentario no es optimista. Creen que lo van a acusar, más cuando desde el propio gobierno se ha declarado a Requesens como culpable. El problema está en que el equipo de juristas no ha tenido acceso al diputado desde la audiencia de presentación. “Irá a juicio sin poder defenderse”, dice su abogado Joel García.
El equipo que defiende a Requesens introdujo ante el Tribunal 22 de Control un escrito denunciando que se les impedía ver a su cliente. El Tribunal le solicitud al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), lugar en el que está recluido el diputado, que respondiera en un lapso de 24 horas el porqué de la prohibición y este organismo de seguridad se negó a responderle al Tribunal.
Hay otro obstáculo según el abogado. La juez Carol Padilla, quien está a cargo del Tribunal que lleva la causa, sigue fuera del país y en consecuencia, el juzgado sigue sin despacho.
Aunque se había asignado al Tribunal Cuarto en materia de Terrorismo, a cargo de la juez Iraní Villafane, para que atendiera el caso, éste también está sin despacho.
García explicó que ante el cierre “técnico” de ambos Tribunales, la Fiscalía podrá consignar su decisión ante la Unidad de Recepción de Documentos (URD) del Palacio de Justicia, la que a su vez, lo entregará al Tribunal. Pero, mientras no tenga despacho, “el expediente se muere allí. Dormirá el sueño de los justos”, dice García.
Según la Ley, una vez recibida la acusación, el juzgado tiene un lapso de 15 días para fijar la audiencia preliminar y determinar el pase a juicio. Al estar sin despacho, para conocer está fecha podrían pasar meses.
Sin embargo, la defensa sigue ejerciendo recursos. El 27 de septiembre llevaron ante Fiscalía a Rafaela Requesens, hermana del legislador detenido, para que declarara, ya que las actas consignadas por el Sebin no la nombran cuando relatan la detención del diputado y colocan que fue detenido solo. “Rafaela es testigo excepcional porque fue detenida junto al diputado”, detalló García y dijo que “estamos bajo el Derecho Penal del enemigo. Se juzga no por lo que hizo o no una persona sino dependiendo de quién se trate”.
-“Queremos que Maduro pague”-
Oriana Granatti, la madre de los hijos del diputado Juan Requesens, sostiene que “nadie quiere muerto a Nicolás Maduro. Queremos que pague por todo lo que le ha hecho a los venezolanos. Que la justicia se haga cargo”.
Recuerda que la Fiscalía en materia de Niñas, Niños y Adolescentes no le ha dado respuesta al escrito que introdujo hace más de una semana por el hecho de que se les impida las visitas.
“Mis hijos merecen ver a su padre”, manifiesta Granatti entre lágrimas, al relatar cómo es el día a día para los hijos del diputado desde que está preso.
Solo los padres de Requesens pudieron verlo hace una semana, en una visita que fue vigilada y grabada. Desde entonces, no les han permitido más encuentros.
Por su parte, el diputado Juan Miguel Matheus reitera que el caso de Requesens confirma la violación de derechos humanos en momentos en que seis países solicitaron ante la Corte Penal Internacional, investigar a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad.
