En Venezuela se viene gestando una especie de labor conjunta entre el gobierno nacional y la guerrilla colombiana, -aseguran representantes de FundaRedes-.
Esas acciones se desarrollan bajo la mirada indiferente y “cómplice” de la Fuerza Armada venezolana, teniendo en cuenta que a pesar de las denuncias y evidencias de la permanencia de irregulares más allá de la zona de la frontera, hasta ahora no se han ejecutado planes de fondo para frenar las incursiones cotidianas de estos grupos armados en el territorio venezolano.
Hace apenas unas semanas, (25 octubre 2018) el presidente de FundaRedes e investigador, Javier Tarazona, alertó a la comunidad internacional ante la conformación de un brazo armado de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (Farc) en Venezuela, tras la visita del guerrillero colombiano Rodrigo Granda, al país.
“Exhortamos a la comunidad internacional para que estirpe por completo la actuación de estos grupos irregulares en Venezuela que buscan tener presencia en estados como Aragua, Carabobo, Guárico, Anzoátegui, donde quieren conformar un brazo armado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)”, sentenció.
La denuncia no es la primera ni tampoco la única. Según Javier Tarazona, el pasado siete de mayo, se presume que más de 25 personas fueron asesinas por grupos irregulares colombianos en las minas de la población de Guasipati, en el estado Bolívar.
Los hechos ocurren en medio de lo que fue calificado como un enfrentamiento entre los grupos irregulares y mineros que se resistieron al “ataque terrorista que ocurrió bajo la mirada indiferente de las autoridades venezolanas”, denunció Tarazona.
“La guerrilla colombiana busca controlar la explotación minera en Venezuela”. Este procedimientos se vienen llevando a cabo desde hace más de 10 años con total impunidad”, afirmó.
La frontera binacional se proyecta por una extensión de poco más de 2.000 kilómetros y tiene puntos especialmente álgidos, como Táchira y norte de Amazonas.
De acuerdo a los registros e investigaciones de campo llevadas a cabo por la ONG, la guerrilla colombiana del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), también tiene presencia en territorio venezolano y viene imponiendo el terror y la violencia en diferentes regiones del estado Bolívar, con la intensión de apropiarse de las minas de Cicapra, Campanero, El Caolín, Florinda, El Cuadro, El Muertico, entre otras ubicadas en la localidad de Guasipati.
“En el año 2017 el ELN también se apropió de la mina Hoja de Lata, en Tumeremo, municipio Sifontes, y la actuación en esa ocasión fue similar a la empleada el pasado mayo en Guasipati: se presentan de manera armada y arremeten contra los mineros que estén ocupando la mina en ese momento, efectúan prácticamente una masacre, a los que pueden desalojar los desalojan y así terminan tomando el control absoluto de la minería”, aseguró el presidente de Fundaredes.
Para el activista, resulta “sorprendente” y se cuestiona, cómo la actuación militar de un grupo terrorista ocurre frente a los ojos de las autoridades venezolanas y la misma no reciba una respuesta contundente por parte de quienes tienen el deber de defender el territorio nacional.
Aliados en la frontera
En la frontera colombo venezolana la presencia de irregulares armados o celulas guerrilleras ha sido denunciada no solo por las ONG, habitantes de las poblaciones fronterizas, han revelado a cambio de resguardar su identidad, parte de las acciones que ejercen estos grupos delictivos.
Las autoridades colombianas también han afirmado que zonas fronterizas del lado venezolano sirven de aliviadero y refugio a los guerrilleros del ELN y las FARC.
Las inesperadas rafagas de disparos irrumpen a cualquier hora del día el paso por la frontera más viva de America Latina y resulta ser uno de los temores más latentes dentro de las comunidades cercanas al margen del río Táchira.
San Antonio del Táchira y Ureña se han convertido en lugares donde a diario los grupos irregulares ya plenamente identificados en la población como “Colectivos Armados”, o “botas de caucho” -en alusión al rústico calzado de campaña- se disputan las zonas limitrofes con Colombia (trochas) con los contrabandistas de oficio.
Su influencia en algunas zonas de la frontera es tan marcada que habitantes, confiesan que con su llegada “el orden y la seguridad” se recobró en algunos espacios.
“No me grabe, no puedo hablar, ni siquiera me haga fotos…lo único que le puedo decir es que aquí ahora hay más seguridad, más orden, nos llegan más jornadas (sociales) del gobierno y ellos (grupos irregulares) no se meten con uno si uno no anda en cosas malas o se mete con ellos”, reveló a El Estimulo una vecina cercana al río Táchira.
Las denuncias de desapariciones forzosas en la frontera, las vinculan a la presencia de grupos guerrilleros.
“Uno sabia que la guerrilla existía en Venezuela, pero Chávez no les daba libertad para actuar”, denunció a El Estimulo, Teresa (nombre para resguardar su identidad), madre de un joven desaparecido en San Antonio del Táchira y a quien asegura se lo llevó un grupo armado.
La madre del desaparecido, a quien relacionan con el contrabando de gasolina, relató que “vinculan a colectivos y paramilitares con desapariciones en el estado Táchira”, que en su afán de encontrar a su hijo, “subí a donde todos sabemos que están, me reuní con un fulano comandante Fidel. Le pregunté por mi hijo y me dijo que lo había ajusticiado la revolución”.
El presidente de Fundaredes, señaló que a los grupos armados lejos de combatirlos y enfrentarlos, el gobierno nacional los considera sus “aliados estratégicos y no son vistos como terroristas sino como pacificadores que vienen a contribuir en la lucha contra la delincuencia. Por lo tanto se les brinda resguardo y protección en la ejecución de procedimientos que violentan los derechos humanos de la población”.
Habitantes del municipio Bolívar, (San Antonio) denunciaron a El Estímulo que fueron convocados con “carácter de obligatoriedad”, a una asamblea en la cancha deportiva del sector Cayetano Redondo, a pesar de no desconocer a quienes hacen la convocatoria, temen revelar nombres.
“Aquí todos sabemos quienes son los que ponen los carteles en los postes de la luz, invitando a la asamblea, pero es mejor no decir los nombres, uno no sabe las represalias que luego tengan. Al llegar a la cancha (porque todos asistimos) nos pidieron colaboración para limpiar las calles y los frentes de las casas. No había modo de negarse, porque se decía que entonces sí iban a ejercerían presión”, relató un vecino del sector, que pidió el anonimato.
En la información recopilada en el boletín N° 8, publicado por Fundaredes y titulado: «Guerrilla del ELN entrega alimentos del CLAP a poblaciones venezolanas en la frontera”, se detalla que la organización guerrillera colombiana controla el reparto de las cajas CLAP en unos 40 municipios de los estados Amazonas, Apure, Táchira, Bolívar y Zulia.
El trabajo de documentación señala que “el gobierno de Nicolás Maduro ha permitido que el ELN reparta las cajas CLAP en los municipios fronterizos Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia, Independencia, Junín, Libertador, Panamericano, Pedro María de Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado, Simón Rodríguez, Sucre, Torbes, así como en zonas rurales de San Cristóbal (Táchira); Río Negro, Maroa, Atabapo, Atures y Autana (Amazonas); Angostura, Caroní, El Callao, Sifontes y Sucre (Bolívar); San Fernando, Páez, Pedro Camejo y Rómulo Gallego (Apure); y Cabimas, Catatumbo, Colón, Guajira, Jesús María Semprún, Lagunillas y Machiques de Perijá (Zulia)”.
La labor conjunta que se estaría ejerciendo entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana, de acuerdo a la investigación, se estaría aprovechando como un mecanismo de control, manipulación y dominación de la población en la zona de frontera ante la grave crisis económica, la carencia de un sistema de salud eficiente, el colapso de los servicios públicos y la falta de atención por parte del Estado venezolano.
Desde 2017, FundaRedes ha denunciado esta distribución irregular ante instancias regionales y nacionales como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta ni se han emprendido acciones para impedir que esta injerencia continúe.
El presidente de FundaRedes, exhortó una vez más al gobierno venezolano y a las Fuerzas Armadas Nacionales a que actúen en concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional y hagan respetar las leyes en cuanto a la defensa de la soberanía.]]>
