Las denuncias por crímenes como asesinatos, narcotráfico, secuestros y extorsión sobran. Desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la frontera; el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar; las «megabandas» criminales operan desde las cárceles; las células terroristas de Hezbolá en el oriente del país; o los colectivos paramilitares que operan con la excusa de defender la revolución bolivariana y que se han dedicado a aterrorizar a la población.
Todos estos delincuentes han convertido estos delitos, algunos más que otros, en el pan de cada día, y siempre bajo la mirada indolente de las autoridades. Incluso, en la mayoría de los casos, se han registrado denuncias de que los cuerpos de seguridad se han prestado para el funcionamiento y operación de estos delincuentes.
Para los expertos en seguridad ciudadana, esta falta de política de seguridad es lo que ha convertido a Venezuela en el “lugar de perfecto” para el hospedaje de estos grupos.
“Mientras no exista un cambio político y una disposición de las Fuerzas Armadas, la criminalidad, la invasión guerrillera y los mal llamados colectivos seguirán existiendo, sin ningún tipo de control”, dijo a El Estímulo el criminólogo Luis Izquiel.
Combinar la seguridad ciudadana con las fuerzas militares aparenta no ser algo posible, especialmente en Venezuela que ha estado controlada por militares en las últimas dos décadas. Sin embargo, Izquiel asegura que este tipo de procedimiento de combinar ambas a los funcionarios de seguridad es normal en los países democráticos.
«Eso no es nada del otro mundo. Cuando hay planes de seguridad donde es requerida la asistencia militares, estos se someten a los planes elaborados por civiles. Esto no es lo mismo a cuando aplican las OLP (Operación de Liberación del Pueblo) que es un procedimiento militar en zonas urbanas. Sino, ve la cantidad de denuncias por personas asesinadas después que pasan», aseguró.
A pesar de ser conocedor de los errores en los actuales programas de seguridad, el criminólogo resalta que es fundamental que las fuerzas policiales y militares trabajen en conjunto para atender estos problemas.
«Para enfrentar a las llamadas ‘megabandas’ en las zonas urbanas es fundamental tener una policía y brigadas especiales bien entrenadas y equipadas. No obstante, para contrarrestar al ELN y los disidentes de las FARC, se tiene que plantear un operativo de guerra, porque esos grupos irregulares están entrenados para ese tipo de procesos».
Izquiel destaca que todo esto se maneja en el papel, ya que no existe la intención política de combatir la delincuencia organizada.
La corrupción en el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, junto expansión de las economías ilegales, han convertido al país en un refugio de criminales.