El exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas marcó un antes y un después en las protestas de 2017. Vivió sus últimos meses en la clandestinidad total, hasta que fue masacrado junto a otras seis personas en un chalet de El Junquito
Dos años pasaron desde el asesinato de Óscar Pérez, el inspector agregado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro. En la sesión del Parlamento que lidera Juan Guaidó, celebrada este miércoles 15 de enero, se realizó un minuto de silencio en honor al policía rebelde.
Pérez se convirtió en una persona pública el 27 de junio de 2017, cuando secuestró un helicóptero del Cicpc. Utilizó la aeronave para sobrevolar Caracas y «atacar» las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Posteriormente diría que solo buscaba un golpe de efecto y lograr unir a la población.
Hizo varias apariciones en manifestaciones de oposición e incluso fue promotor de otras protestas. Su principal medio de comunicación fueron las redes sociales, donde los venezolanos se dividían entre fieles creyentes e incrédulos. Después de varias apariciones entre junio y agosto de 2017, Pérez pasó a la clandestinidad total.
No fue sino hasta la mañana del 15 de enero de 2018 que se volvió a escuchar de él. Se encontraba en El Junquito, resguardado en un chalet junto a personas cercanas a él.
Los cuerpos de seguridad del régimen dieron con su paradero y empezaron a asediarlos. A pesar de los intentos de negociación de Pérez los funcionarios sigueron atacándolo.
A través de las redes sociales, Pérez denunció el uso de armas largas, lanzagranadas y lanzacohetes antitanque (RPG-7) por parte de los cuerpos de seguridad. En el lugar señaló había niños, incluso anunció su rendición, pero la orden era una: asesinarlo.
La masacre de El Junquito culminó cerca del mediodía. Junto al inspector también murieron Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos y Abraham Lugo Ramos.
En diciembre de 2019, Wilimer Azuaje, diputado de la Asamblea Nacional, presentó más de 100 fotografías ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, para denunciar la ejecución de Pérez.
Alegó que se trataba de un crimen de lesa humanidad y claras violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, perpetrados a través del Cicpc.
El diario El Mundo de España mostró algunas imágenes exclusivas sobre los sucesos del 15 de enero de 2018. Las fotografías mostraban el proceso de la autopsia de Pérez y los fallecidos en la masacre de El Junquito.
Pérez evidenciaba disparos en la frente y en la nuca, propios de un ajusticiamiento, además de otras heridas en el cuerpo.
Luisa Ortega Díaz, exfiscal chavista, aseguró que haría todo lo posible para que Nicolás Maduro se enfrentara a la justicia internacional por la masacre de Óscar Pérez.
Hace un año exactamente, la diputada Delsa Solórzano denunció que detuvieron a siete personas, pero no por llevar a cabo la masacre en El Junquito, sino porque todos conocían a Pérez y tenían algún tipo de nexo con él.
En Venezuela no existe ningún procedimiento penal al respecto, ni ningún tipo de investigación, más allá de las realizadas por la Asamblea Nacional.
Hasta el momento se desconoce el estado de las denuncias puestas contra el régimen de Maduro ante las instancias internacionales, pero varios países recuerdan y condenan el asesinato del exfuncionario policial.
El antiguo inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Crimalísticas (Cicpc) y jefe de operaciones de la División Aérea de la Brigada de Acciones Especiales, negocia su entrega 202 días después de protagonizara contra Nicolás Maduro un suceso Caracas, que lo convirtió en el hombre más buscado por las autoridades de Venezuela.
La madre y hermano de Antonio José Pérez, detenido en la "Operación Gedeón" llegaron a la morgue este jueves para practicarse exámenes médico forenses luego de que un grupo armado irrumpiera en su casa en la madrugada del 17 de enero.
Hace exactamente un año fue activada una operación policial y militar que tenía un solo objetivo: capturar “vivo o muerto” al exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, y a todos los integrantes de su “grupo rebelde” que, para la fecha, eran considerados como los más buscados por el gobierno de Nicolás Maduro.
