Autonomía universitaria pende de un hilo y en el peor momento
El Gobierno de Nicolás Maduro cuenta con toda la intención este 2020 de atentar contra otros de los pilares institucionales del país: la autonomía universitaria
Como muchos de los valores democráticos en Venezuela, entre los que está la libertad de expresión o la garantía de los derechos humanos; el Gobierno de Nicolás Maduro cuenta con toda la intención este 2020 de atentar contra otros de los pilares institucionales del país: la autonomía universitaria. Y, como todo lo que está relacionado a la imposición del poder por parte del chavismo, parece que nada podrá detenerlos.
Por lo menos así lo describe para El Estímulo el profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Miguel Albujas, quien, como muchos de sus colegas, pide unión entre el rectorado, decanos, gremios y estudiantes para que se logre implementar una negociación con el ministro y de Educación Superior del chavismo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, para evitar que la medida se aplique.
Sin embargo, eso es muy más fácil decirlo que hacerlo. Especialmente por la cantidad de trabas dentro y fuera de las casas de estudio. Esa fragmentación entre las propias autoridades universitarias, ha sido una de las rupturas más evidentes.
El más evidente de los casos fue el 15 de enero de este año con la renuncia del vicerrector administrativo de la UCV, Bernardo Méndez, por las presuntas irregularidades en la gestión de la rectora Cecilia García Arocha. Entre las denuncias revela que el nombramiento y destitución inconsultos de autoridades en su departamento, aprobación de presupuestos y contrataciones sin su permiso y la realización de obras dentro del campus con fondos superiores a los destinados por la oficina de presupuesto para la universidad.
Al día siguiente de haberse revelado la decisión, García Arocha emitió un comunicado donde contradice las declaraciones de Bernardo Méndez y ordena la creación de una comisión de contraloría para hacerle seguimiento al caso.
Justo esto es lo que pide el profesor Miguel Albujas. “Lo que solicitamos un grupo de profesores y mi persona es estimular un movimiento de trasparencia para la rendición de la gestión y las cuentas de la universidad, especialmente cuando no renuevan las autoridades desde hace 13 años. Es necesario, especialmente ahora que las universidades están en riesgo”, declaró en conversación con El Estímulo.
El también director del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela puntualizó que actualmente no existe un “liderazgo claro” entre las autoridades para encaminar a los decanos, profesores y estudiantes a un postura única que pueda encaminar las decisiones de la universidad.
“Tal es así, que no vemos ni una postura entre todas autoridades de las universidades autónomas del país para resolver el problema”, agregó.
Autonomía en vilo
En agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde ordena, en un lapso de seis meses, realizar elecciones en las distintas casa de estudio. También donde anuló la gestión de las autoridades con el periodo vencido como García Arocha de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Mario Bonucci Rossini de la Universidad de los Andes (ULA), Jessy Divo de Romero de la Universidad de Carabobo (UC), Luis Ugalde, cuando ejercía como rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), entre otros.
Estos comicios para renovar al rectorado universitario, pautados para el 24 de febrero de este año, llegarán a las casas de estudio sin la preparación adecuada. “Nos agarran ‘fuera de base’ como se diría en el argot beisbolero. Planificar unas elecciones es algo que amerita tiempo y recursos, cosas de las cuales no disponen las universidad”, destacó Albujas.
“Al fin y al cabo no se puede aceptar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia porque los candidatos y las elecciones se deben hacer a través de la Consejo Nacional de Universidades (CNU), como lo establece la Ley de las Universidades, que no ha sido derogada”, agregó.
El profesor universitario sí destacó que “en los próximos días” se realizará una encuesta entre los profesores universitarios para determinar si están de acuerdo con participar, o no, en las elecciones del 27 de febrero.
“Con este proceso matarán las autonomías universitarias. Algo que no pudieron hacer Marcos Peréz Jiménez ni Rafael Caldera (decreto 120 de agosto de 1969)”, sentenció.
Falta de apoyo
Miguel Albujas asegura que esta llamada de atención de los profesores universitario para exigir transparencia no es suficiente. Incluso, le preocupa el “desinterés nacional” de todas las autoridades estadales, y de la ciudadanía, sobre el tema universitario.
“Sabemos que existen muchos problemas, pero las universidad no está entre las prioridades. Incluso, desde la Asamblea Nacional de Venezuela (encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó) no se le ha prestado la atención necesaria al tema. Además, la presión ha sido escasa desde dentro de la universidad, a diferencia de los estudiantes que siempre se han mantenido activos”, dijo.
El profesor revela, como una posible solución, que es necesario implementar una mesa de diálogo con las autoridades de Maduro.
“A pesar de ser del Estado venezolano, es importante que las universidades puedan tomar sus propias decisiones”, concluyó.
Desde la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, proponen plan de emergencia para mejorar el sistema educativo, construir miles de escuelas, elevar salarios de los profesores y maestros e involucrar a toda la sociedad para enfrentar uno de los peores problemas que enfrenta hoy Venezuela.
En Caracas y en varias ciudades de todo el país los maestros, profesores y personal administrativo adscritos al ministerio de Educación salieron a la calle a manifestar por la firma de su contratación colectiva. Demandan un aumento del salario a $552 mensuales.
Gobierno de Nicolás Maduro bloquea el acceso a sede del ministerio de Educación en el centro de Caracas para evitar que cientos de maestros y profesores protesten a sus puertas. Esta jornada del 15 de enero suma a todos los gremios de educadores a una lucha que lleva años por mejores condiciones salariales y laborales.
