Nicolás Maduro se encuentra sin recursos para atender la crisis económica y de salud que padecen los venezolanos; en la que tampoco sus aliados China y Rusia podrán suplir los requerimientos del país, como la escasez de gasolina. Sin un acuerdo político con la oposición que abra el país a nuevos recursos la crisis podría ser incontrolable
Era previsible que el gobierno de Nicolás Maduro rechazase la propuesta de Estados Unidos de promover un gobierno de transición en Venezuela que lleve a unas elecciones libres y democráticas y atienda la crisis financiera y sanitaria que sufre el país.
Al grupo que dirige el gobierno ya se le habían cerrado las puertas. No solo con las sanciones aplicadas desde hace mas de dos años por EE UU y la Unión Europea, sino por la reciente acusación por narcotráfico y apoyo al terrorismo encabezada por el propio mandatario venezolano y sus más importantes colaboradores.
La propuesta emitida el 31 de marzo por el Departamento de Estado, encabezada por Mike Pompeo, fue muy precisa al ofrecer suspender las sanciones a cambio de permitir una transición hacia la democracia que legitime todos los poderes públicos en el país.
Sin embargo, hay que desglosar que el retiro de sanciones solo sería destinado a personas que han formado parte de los organismos involucrados en irregularidades como: la asamblea constituyente (ANC), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fuerza Armada y todos aquellos organismos que incurrieron en violaciones a las leyes o a los Derechos Humanos. Nada dice el comunicado sobre los casos particulares de sancionados directamente por narcotráfico, lavado de dinero, o violación a los Derechos Humanos. El beneficio es a quienes se agregaron por pertenecer a determinado organismo. Es decir personas que incurrieron en delitos por pertenecer a determinado organismo.
Así se indica en el caso de la asamblea constituyente (ANC): EE UU “solicita la disolución de la ANC, en caso de que se lleve a cabo la disolución, los Estados Unidos retirará las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC”. Y resaltamos la frase “por su pertenencia a la ANC”.
Así se repite el concepto con los otros organismos: “Una vez que un nuevo CNE y TSJ sean elegidos, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a ex miembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos”.
De manera que a quienes se les señala por narcotráfico u otros delitos como lavado de dinero, cuyos casos, como el del general Clíver Alcalá Cordones o el del general Hugo Carvajal, deberían seguir su curso y cada uno tendrá que rendir cuenta ante la Fiscalía de Estados Unidos.
También hay una oferta a la Fuerza Armada señalando: Estados Unidos también retirará las sanciones a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que les fueron impuestas por ocupar el cargo que desempeñan en el organismo. La oferta no precisa qué pasaría, por ejemplo, con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y otros altos jefes militares como el mayor general Néstor Reverol, que fueron acusados por narcotráfico.
Sin embargo, propone que: “El Alto Mando Militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) y los otros comandantes, se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición”. Es decir que el ministro Padrino López se mantendría en su cargo durante la transición.
Tampoco hay precisión de qué pasaría con Nicolás Maduro y los 14 altos funcionarios que el 31 de marzo fueron acusados y solicitados por las autoridades estadounidenses por presunto narcotráfico y ofertadas recompensas por su captura. Pompeo resaltó que luego de la transición Maduro podría ser candidato a la Presidencia. Habría que esperar lo que dicen los fiscales sobre estos casos que llevaron dos décadas de investigación y sustanciación. Es en este grupo que estaría la posibilidad de una negociación para una salida. ¿Se le eliminarían las acusaciones a quien acepte la oferta?
Pero al mismo tiempo se plantea establecer “una Comisión de la Verdad y la Reconciliación” con el objetivo de investigar actos de violencia graves ocurridos desde 1999, y esta informe a la nación sobre las responsabilidades de los autores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión deberá contar con cinco miembros que el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) nombra con el consentimiento del Consejo de Estado”.
Tal vez los casos de la cúpula política acusados de narcotráfico, lavado de dinero, violación a Derechos Humanos, quedarían sujetos a las decisiones que tomaría esta Comisión de la Verdad. En Chile y Argentina, organismos similares que actuaron después de la transición, han hecho justicia luego de años de superado el cambio de sus regímenes totalitarios.
Desde que asumió la herencia de Hugo Chávez, Nicolás Maduro se colocó en manos de Cuba y de la alianza internacional que lideran China y Rusia. Como hemos referido en diversos escritos y coincidiendo con importantes analistas; no es un movimiento ideológico internacional, como en los tiempos de la guerra fría, sino económico y hegemonía, frente a las democracias occidentales, en donde cada centro de poder se maneja por intereses particulares.
La crisis del coronavirus, cuyo origen se encuentra en Wuhan, la extensa capital de la provincia Hubei, en China central, le ha dado al tema de la “nueva guerra fría” una nueva dimensión en donde los factores aliados han radicalizado sus acciones, y en especial, China y Rusia, quienes aspiran a sacar dividendos, una vez superada la crisis. En ambos casos, sus autoridades han advertido de “consecuencias” si continúa la injerencia de EE UU en los asuntos internos de Venezuela en defensa de un territorio que ambas naciones ahora consideran parte de su zona de influencia.
Por su parte, Maduro radicalizó la revolución a partir de la salida de Chávez y la injerencia de Cuba, China y Rusia se hizo más profunda, reflejada en sustanciosos contratos de obras con las empresas de sus aliados, entre las cuales se repartieron los más importantes convenios en la última década.
En el caso de los cubanos es de destacar la intervención en los temas de seguridad, aumento de la presencia militar, asesorías en el área eléctrica y profundización del envío de petróleo, gasolina y derivados hacia la isla. De allí que entre las exigencias estadounidenses se encuentra que: “El Gobierno de EE UU exige que todas las fuerzas de seguridad extranjeras deben salir de inmediato a menos que se les autorice su permanencia a través de ¾ de los votos de la AN”.
En esta exigencia estarían no solo los asesores cubanos sino el personal que en los últimos meses ha enviado Rusia a fin de recuperar el parque de armas vendidos a Venezuela.
La exigencia de liberar a los presos políticos a cambio de eliminar sanciones también resulta difícil de aceptar por el gobierno de Maduro.
A pesar de las presiones de los países democráticos del continente y de Estados Unidos, en las últimas semanas en Venezuela se han incrementado las persecuciones y detenciones por razones políticas a opositores. La ONG Foro Penal informó que desde el 13 de marzo, hasta el martes 30 de marzo, han sido detenidas 20 personas por causas políticas, sumando 328 presos políticos en el país, en tanto que hay 9.087 ciudadanos sujetos a procesos judiciales por causas políticas.
La ONG Justicia Venezolana contabiliza 219 presos políticos pertenecientes a los diferentes componentes militares, la mayoría de ellos son del Ejército, seguidos por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Este número de presos más los miles que se han ido del país, muestra el riguroso control a disidentes militares.
Algunos sucesos de los últimos días revelan el seguimiento y acoso que continúa contra los miembros del entorno del presidente del parlamento, Juan Guaidó, a quien las autoridades lo acusan de ser una ficha de las políticas de EE UU en Venezuela y de preparar un golpe de Estado.
En la mañana del domingo 29 de marzo, Fabiana Rosales, esposa del presidente de la AN, informó que sujetos armados se presentaron en la residencia de Rafael Rico, asistente de Guaidó, ubicada en La Tahona, con la intención de detenerlo. Rico no se encontraba presente, pero sí dos de sus compañeros de trabajo, Rómulo García y Víctor Silo, quienes fueron llevados y presentados horas más tarde como detenidos en un despliegue policial realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Según la policía, les fueron incautadas un arma Glock de 9 mm con 20 cartuchos y un empaque con marihuana.
Posteriormente, el lunes 30 de marzo, fue secuestrada por sujetos armados Andrea Bianchi, novia de Rico, asistente de Juan Guaidó. El suceso ocurrió en frente del edificio, ubicado en Chacaíto, en donde se encuentra la sede del despacho de Guaidó. Luego de unas horas fue liberada. Adriana Pichardo, diputada de la AN, informó a través de su cuenta en redes sociales que Bianchi habría sido golpeada y amenazada. En relación a este hecho, la ONG Provea alertó: “Se ratifica el patrón de persecución contra familiares de líderes y militantes políticos en Venezuela, como mecanismo de intimidación”.
«Si se atrevieran a tocarnos un pelo; prepárense para la furia bolivariana que arrasaría con ustedes», expresó Maduro a través de una cadena televisiva al responder a las acusaciones por narcotráfico difundidas por la Fiscalía de EE UU. Seguidamente, en varias regiones del país aparecieron pintas en las fachadas de viviendas de dirigentes opositores y familiares con amenazas firmadas por “La Furia Bolivariana como”: “Te tenemos ubicada”, “Vamos por ti maldito pro yankee”.
Ante estas acciones, Delsa Solórzano, diputada de la AN por el estado Miranda, anunció: “Alertamos al mundo de esta nueva ola de violencia en contra de la disidencia en Venezuela. Trece parlamentarios han amanecido con pintas en sus residencias. Asimismo, más de 20 dirigentes de todo el país han amanecido con estas pintas de la ‘furia bolivariana‘ de la que solo ha hablado (Nicolás) Maduro”.
En las últimas dos semanas Maduro ha intentado volver a llamar al diálogo con sectores opositores a fin de conseguir recursos financieros de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
Frente a un escenario de precios del petróleo por debajo de 20$ y una industria nacional quebrada, donde sus cuatro plantas de procesamiento de combustible están semiparalizadas, el gobierno de Maduro debe buscar opciones para atender el descontento de la población que comienza a sentirse en los sectores populares.
Su política desde que Guaidó asumió la presidencia del Parlamento y la presidencia interina ha sido aislarlo y a los partidos que lo apoyan.
Sin embargo, los grupos opositores auspiciados por el oficialismo carecen de apoyo popular y de influencia internacional para abrir el juego para el ingreso de recursos. De manera que por el momento el juego está trancado para el gobierno y la oposición con la agravante crisis en todos sus ámbitos (económica, salud, servicios públicos y de alimentación) para la población en un escenario de la pandemia que afecta a gran parte del planeta.
En este momento está en manos de Maduro y del Alto mando Militar ofrecer una salida a la crisis. Maduro podría mantenerse en el poder un tiempo más; pero al final, la crisis económica y financiera podría promover una implosión social con una salida violenta que se sumará a las muertes por el temido Covid-19.
Las imágenes muestran a un hombre acostado boca arriba en la acera frente al Tribunal Penal de Manhattan mientras la parte inferior de su cuerpo está en llamas. Luego, otro hombre lo rocía con un extintor que parece apagar el fuego
"Venezuela rechaza una vez más la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América de monitorear, tutelar, controlar y manipular la industria petrolera venezolana a través de su política ilegal de imposición de medidas coercitivas y licencias", dijo el canciller Yván Gil al leer un comunicado
La decisión de Maduro pone en una situación crítica a casi medio millón de venezolanos que residen en Ecuador. Ahora no tendrán sede diplomática para solicitar o renovar documentos personales y se tambalea la posibilidad de ejercer su derecho al voto
