Los cuatro agentes retenidos por reclusos durante un motín en un calabozo policial en Venezuela fueron liberados después de 30 horas, al alcanzarse un acuerdo con los presos, informó este miércoles una ONG de defensa de derechos penitenciarios.
Los policías, una de ellos mujer, fueron tomados como rehenes cuando realizaban el conteo de los presos en el Centro de Atención al Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Morita, estado Aragua, una acción con la que los amotinados denunciaron «abusos» por parte de las autoridades.
La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó en Twitter que los presos liberaron a los funcionarios en horas de la madrugada de este miércoles 19 de julio «tras llegar a un acuerdo» con la jueza Fanny Márquez, que lideró negociaciones, que se prolongaron por ocho horas.
«Estamos comprometidos con todo el grupo que está allá dentro a mejorar la situación», dijo la jueza a los familiares de los presos, según un audio publicado por el portal de noticias Crónica Uno.
Mostró disposición a tomar medidas frente a las denuncias de abusos policiales, «identificando si son reales».
Calabozos como el de La Morita son centros detención preventiva, donde los prisioneros no deberían pasar más de 48 horas por ley; pero entre el retraso procesal y el hacinamiento carcelario muchos pasan meses y hasta años retenidos en estos recintos.
La propuesta del Estado contempló el traslado a varios penales.
Las autoridades no se han pronunciado sobre el motín. Según UVL, los presos se amotinaron debido a que los funcionarios policiales les piden el pago de comisiones para poder recibir alimentos, visitas de familiares o ser trasladados a tribunales.
«Estamos cansados de la matraca (extorsión), del abuso, que tenemos que dar (…) 150, 200 dólares semanales para poder estar con la familia», afirmó un detenido en uno de varios videos divulgados desde dentro del calabozo.
«No nos han hecho daño», pero «estamos aterrorizados», expresó una funcionaria en otro.
Las cárceles de Venezuela tienen una sobrepoblación por encima del 50%, según el privado Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Su control a menudo escapa de las autoridades, estando en manos de líderes de presos llamados «pranes».
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