La conjura militar pretoriana

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Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el tiempo que gobernó Hugo Chávez y le ha seguido Nicolás Maduro, la inserción de Venezuela en el mundo moderno ha estado impedida por el dominio de la visión militar sobre la vida civil. Un germen que sobrevivió a 40 años de democracia representativa y que encontró en el presidente electo en 1998 su mayor operador.

Con motivo de su 13° aniversario, Clímax presenta la serie Deconstruyendo a Hugo Chávez

“Los militares no son para definir la sociedad, son para defenderla”
Richard Kohn

Cuando América Latina parecía haber resuelto el problema del lugar que los militares deben ocupar en la sociedad y el Estado, de subordinación al sector civil y de seguridad y defensa militar, Venezuela en las dos primeras décadas del siglo XXI se encuentra atravesando una de las más devastadoras crisis en todos los campos de la vida social, como resultado de la intervención de los militares en política y su participación indiscriminada y masiva en el desarrollo. Una tragedia que ocurre después de que Venezuela fue, en la segunda mitad del siglo XX, una de las principales referencias políticas democráticas y de progreso material en el continente.

Las causas de la tragedia de Venezuela son muchas y complejas, pero una, y quizás la más importante, ha sido el desarrollo del virus pretoriano entre los militares, debido entre otras cosas, a la poca importancia, e incluso desprecio, que la dirigencia del país, a partir de la caída de la dictadura de Marco Pérez Jiménez en 1958, le dio al problema de la intervención de los militares en política y al estudio de la historia y la teoría política sobre las relaciones civiles y militares, y la seguridad y defensa del Estado democrático.

En América Latina, las élites civiles dirigentes estuvieron convencidas de que a los militares se les podía controlar otorgándoles una serie de privilegios y manteniéndoles beneficios socioeconómicos por encima del nivel de vida de la sociedad. En Venezuela, hasta cierto punto, funcionó eficientemente, ya que las Fuerzas Armadas fueron un soporte importante de la democracia diseñada en el Pacto de Punto Fijo, luego de la dictadura militar, entre 1958 y 1998.

Hoy la lucha de la sociedad civil se centra en comenzar el complejo y difícil proceso de buscar el origen, la continuidad y propagación del virus militar pretoriano y erradicar todas las condiciones que permitieron su desarrollo; que en la historia contemporánea de Venezuela viene desde Juan Vicente Gómez, pasa por Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, la lucha armada, la subversión, guerrillas y los alzamientos militares en la década de los años sesenta cuando se iniciaba el experimento democrático en Venezuela, y profundiza su actividad corrosiva de las libertades políticas con el teniente coronel Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La respuesta a la pregunta sobre qué papel juega la política, y en particular, la política de seguridad y defensa en la relación entre civiles y militares resulta un problema más complejo si se refiere al papel de los militares en sociedades democráticas. Afortunadamente, sobre la intervención de los militares en política y el pretorianismo hay extraordinarios estudios de autores como S.E. Finer, Amos Perlmutter, Eric Nordlinger, Samuel Huntintong, y para la situación venezolana Domingo Irwin, entre otros autores, que sirven de guía.

No obstante, aunque el término pretorianismo presenta algunas dificultades de interpretación; en pocas palabras, “Pretorianismo es una palabra de uso frecuente para caracterizar una situación en la cual la clase militar de una sociedad dada ejerce un poder político independiente, recurriendo a la fuerza o amenazando recurrir a ésta”. Es más, la Real Academia de la Lengua Española define al pretorianismo como “Influencia política abusiva ejercida por algún grupo militar”.

Pero en definitiva, lo que quiero decir es que así como la lucha caudillista luego de 1830 fue una de las causas que destruyó la posibilidad del progreso económico e institucional de Venezuela en el siglo XIX; uno de los residuos del siglo XX más perversos que obstaculizó la entrada de Venezuela a los avances de la civilización del siglo XXI ha sido la intervención en política de los militares pretorianos venezolanos.

De tal manera que se puede afirmar sin temor a equivocarse que, luego del fracaso de los militares en el poder en América Latina, la reconstrucción de Venezuela depende en gran medida de la separación definitiva de los uniformados de la política, tal como sucedió en la última parte del siglo XIX con Antonio Guzmán Blanco cuando separó la religión del Estado. Es así, como uno de los mayores desafíos de Venezuela en el siglo XXI, con apenas dos décadas, está en lograr que la institución armada funcione como las Fuerzas Armadas en los países modernos avanzados, en particular, como funciona, por ejemplo, la subordinación y obediencia de los militares en las sociedades anglosajonas.

Members of Venezuelan army special forces take part in a military parade to commemorate the 200th anniversary of Venezuela's independence in Caracas

Entre las razones de la existencia de la perniciosa intervención en política de los militares venezolanos se encuentran los bajos niveles de cultura, la debilidad de la sociedad civil, y la subestimación de los militares por parte de la élite civil. Pero con miras al futuro, la modernización de Venezuela no sólo pasa por el fortalecimiento institucional, la industrialización, desestatización y liberación de la economía, entre otras cosas, sino que igualmente pasa por la erradicación de las condiciones sociales, políticas y culturales que han permitido el incubamiento y desarrollo del virus pretoriano en la formación y educación de las Fuerzas Armadas, ya que los militares no son para imponerle definiciones de ningún tipo a la sociedad y al Estado, como sostiene Richard Kohn.

El estamento castrense no es formado ni académica ni profesionalmente para participar en el desarrollo nacional tal como hoy lamentablemente lo establece el artículo 328 de la Constitución venezolana. Los militares deben ser formados técnica y profesionalmente, bajo control y dirección civil, para la defensa militar de la sociedad, el Estado, el territorio nacional, y combatir militarmente a las nuevas amenazas a la seguridad y defensa que surgieron con mucha fuerza luego de la caída del comunismo en Europa: terrorismo, narcotráfico, comercio ilegal de armas cortas, tráfico de personas e inmigraciones clandestinas.

Las Fuerzas Armadas deben ser para el apoyo a los ciudadanos en las catástrofes naturales, la defensa militar de los recursos naturales y de los minerales y piedras preciosas, la ecología y el ambiente en general, y además, combatir el tráfico y comercio de materiales radioactivos, entre otros problemas.

La tragedia que ha vivido Venezuela durante las dos primeras décadas del siglo XXI, de inexistencia de control civil efectivo sobre los militares, tiene su naturaleza más profunda, en que a todo lo largo de la vigencia de la Constitución Nacional de 1961, no se implementaron ni actualizaron los mecanismos institucionales, jurídicos, normativos y reglamentarios para controlar efectivamente la actuación de las Fuerzas Armadas y eliminar sus privilegios, tal como está demostrado en el debate político parlamentario durante los años de la lucha armada en los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, entre otros.

La inexistencia de control y seguimiento civil sobre los militares ha permitido la constante conspiración política y militar para tomar el poder en Venezuela, y es lo que llamo la conjura pretoriana contra el sistema de libertades y la débil democracia venezolana.

Es decir, luego de la restitución de los derechos políticos de los militares venezolanos por la Constitución de 1999, la intervención de los militares en política se ha constituido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Venezuela, lo cual ha quedado ampliamente demostrado con el fracaso militar al frente del Estado venezolano durante los años que tenemos de socialismo del siglo XXI.

Nunca antes Venezuela había tenido tantos recursos financieros, humanos y naturales como en estas dos primeras décadas de siglo, pero igualmente, jamás el país había vivido una crisis humanitaria, política y económica como la padecida bajo el régimen del militarismo bolivariano.

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Se trata entonces de que en adelante, en la segunda parte de la primera mitad del siglo XXI, la sociedad civil venezolana en su conjunto nos planteemos la vital necesidad de erradicar las condiciones y circunstancias en que se ha incubado y desarrollado el virus pretoriano en la formación y educación de los militares y en la cultura política nacional.

Habrá que colocar a los militares venezolanos en el puesto que les corresponde; a cumplir con sus funciones profesionales y técnicas, ya que invadieron masiva e indiscriminadamente todas las posiciones de la burocracia de los servicios públicos y del Estado; desplazando de los puestos naturales de trabajo a profesionales civiles universitarios egresados de las universidades y tecnológicos. Entre otras, la empresa estatal más importante de Venezuela, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), está bajo control y dirección de los militares; igualmente la electricidad, las empresas de Guayana en el sur de Venezuela, y todos los servicios públicos estatizados, entre otros sectores importantes.

Pero en términos globales, un porcentaje significativo de la élite gobernante venezolana, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, es de naturaleza militar, acompañada con lacayos civiles subalternos, con inaceptables privilegios de todo tipo.

A las Fuerzas Armadas hay que sacarlas del Consejo Nacional Electoral y del Plan República, por medio del cual los militares tienen una abusiva influencia en los procesos electorales; ya que entre otras cosas, una copia de las actas de votación de cada centro electoral se las llevan los soldados y militares. Cuando las elecciones son un evento político de ciudadanos para escoger a las autoridades civiles. La logística del Consejo Nacional Electoral debe estar organizada por empresas civiles especializadas.

También los militares venezolanos tienen establecido en la Constitución Nacional en el artículo 328, el abusivo privilegio de un sistema de seguridad social propio, separado e independiente del sistema de seguridad social que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes en el Instituto Venezolano de la Seguridad Social (IVSS).

Todo el sistema de la aplicación de la justicia militar venezolana debe ser revisado, ya que, entre otras arbitrariedades, usualmente es aplicado a civiles por razones políticas. Cuando a los civiles los deben juzgar sus jueces naturales. Y a los militares que cometan delitos comunes los deben juzgar los tribunales ordinarios.

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Igualmente hay que revisar los programas de enseñanza de la historia de Venezuela, ya que fueron completamente distorsionados hasta el punto en que llegan a equiparar la figura de Simón Bolívar en el tiempo que le correspondió vivir al Libertador, con Hugo Chávez. También desaparecen la obra de figuras civiles como Rómulo Betancourt y el papel que jugó el Pacto de Punto Fijo y la Constitución Nacional de 1961 en el desarrollo de la democracia en Venezuela, entre 1958 y 1998, entre otras de las invasiones de la visión castrense en el poder, en la vida de la sociedad civil. De los programas de educación primaria y secundaria hay que eliminar la formación paramilitar. En definitiva, de lo que se trata es de eliminar el proceso militar de adoctrinamiento ideológico y político a que han sido sometidos los jóvenes y la sociedad venezolana.

Hoy, en condiciones y circunstancias muy difíciles luchamos para que el siglo XXI, que apenas comienza sea dominado por la sociedad civil venezolana y no por el salvajismo de la conjura militar pretoriana venezolana. En definitiva, tal como decía Domingo Irwin, parece ser una imperiosa necesidad enfatizar cómo la historia ha demostrado hasta la saciedad que las más eficientes políticas de seguridad y defensa se dan en libertad en unas relaciones civiles y militares en democracia, donde exista un efectivo control civil y un auténtico profesionalismo militar.

Historiador y PhD. Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Autor del libro “Militares y control civil en Venezuela” y especialista en seguridad y defensa.