Le cortan las alas a la oposición

Al diputado Franklyn Duarte lo madrugaron en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía. Fue el 25 de mayo de 2017 antes de las seis de la mañana. El copeyano, parlamentario por el estado Táchira, viajaría de regreso a su estado. O al menos esa era la intención, hasta que en el mostrador de la aerolínea privada Laser le informaron que no podría abordar el avión. La resolución no recayó solamente sobre él, el diputado adeco Ezequiel Pérez tampoco pudo chequearse, ni el exgobernador César Pérez Vivas.
Las reservaciones a La Fría estaban hechas y pagadas con anticipación. La respuesta de la joven que los atendió fue que estaban bloqueados. Duarte revive entonces la escena de esa mañana. “¿Usted es diputado de la MUD?”, le habría preguntado la empleada de la aerolínea. Ante la respuesta afirmativa el diálogo continuó así: “No podemos hacer nada, son órdenes del gobierno”. El parlamentario asegura que no se trata nada más de Laser, sino que es un mandato para todas las aerolíneas no montar a diputados de oposición y, menos, a dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Duarte tuvo que hacer peripecias para regresar al Táchira por tierra. Primero tomó un carro hasta Carabobo, de ahí siguió a Acarigua. Otro de Acarigua de Barinas y de allí finalmente hasta el Táchira. El 30 de mayo debía estar de vuelta en Caracas para asistir a la sesión de la Asamblea Nacional (AN) y no pudo hacerlo. “No tengo acceso a ninguna aerolínea. Nos dicen que el sistema está caído. Es un bloqueo completo que aplica en todo el país y hacia cualquier estado. En el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) no nos responden. Mandan a empleados y el jefe no da la cara”.

Ese mismo 25 de mayo un tuit del diputado Henry Ramos Allup alertaba sobre el veto: “INAC prohíbe a todas las aerolíneas nacionales vender boletos a nueve dirigentes opositores”. La lista “por ahora” incluye al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara; la coordinadora nacional de Vente Venezuela María Corina Machado; la diputada Gabriela Arellano; el gobernador del estado Miranda Henrique Capriles; los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, José Manuel Olivares e Ismael García; y el alcalde de El Hatillo David Smolansky.
Jony Rahal, diputado de Primero Justicia por el estado Nueva Esparta, no figura en la lista exhibida por Ramos Allup, pero asegura ser víctima de la disposición. Su caso es extremo, lo deja, literalmente, aislado: “Sí ha habido restricciones. La respuesta que nos dan las líneas aéreas es que su capacidad de vuelo está copada, pero sabemos que es mentira. Que hay gente del Ejecutivo haciendo presión para que no nos vendan”. Él tampoco pudo asistir a la sesión del martes.
Apartheid político
Ambos parlamentarios dicen que documentarán y denunciarán sus casos ante las instancias que corresponda. Duarte espera, como mínimo, un pronunciamiento de sus colegas diputados. “Aunque sabemos cómo funciona la justicia en Venezuela, igualmente iremos al Ministerio Público a hacer la denuncia por discriminación política”. Rahal prefiere denunciar en instancias internacionales y recurrir a la Organización de Aviación Civil Internacional —agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Es importante decirle a las aerolíneas que no pueden ser cómplices de este apartheid político, pues a nosotros nos ampara la Constitución nacional y el derecho internacional. No permitirnos viajar es una causal para que los permisos de estas aerolíneas para aterrizar en otros países sean revocados. Ellos no pueden ser cómplices”.

Hasta ahora las líneas aéreas nacionales han optado por no pronunciarse. El capitán Jorge Álvarez, presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo, dice que no se ha comunicado con las empresas, que no sabe qué fue lo que pasó, y si hubo, o no, orden. Por su parte, el INAC no responde correos electrónicos o tuits y en las llamadas al número de contacto que aparece en su página web manifiestan –después de escuchar que llama una periodista– que el número está equivocado.
“Este cerco no es nuevo”, sentencia María Corina Machado. La coordinadora nacional de Vente Venezuela afirma que tiene tres años sin que Conviasa o Aeropostal le vendan un boleto. “Cada vez que piso Maiquetía me persiguen funcionarios del Sebin, incluso hasta en los aviones. En las regiones me sigue la policía militar, la del estado y hasta la municipal. Esta es una escalada que pasa todos los límites. Obligar a empresas privadas a no vender un boleto es un delito. ¿Qué será lo próximo? ¿Prohibirán que nos atiendan en las clínicas?”, se pregunta. El 24 de mayo la misma Laser no permitió que Machado abordase un vuelo a Porlamar. El argumento que recibió fue que el sistema de la aerolínea había sido hackeado. Intentó comprar otro boleto y le dijeron que no. La última semana ha tenido que viajar por carretera. No ha vuelto a hacer la prueba de comprar por avión.
Ismael García es uno de los nombres que figura en la lista difundida por Ramos Allup. Él tampoco ha intentado comprar un pasaje: “Casi nunca viajo en avión en Venezuela. Pronto tengo que ir al Zulia. Veré si me lo venden”. El diputado por el estado Aragua afirma que se trata de “una medida más de las que toma el gobierno para boicotear el trabajo parlamentario. Es una decisión que atenta contra la Constitución porque cualquier ciudadano tiene el derecho a moverse libremente por el territorio nacional, sin ningún tipo de obstáculo. Este es un gobierno forajido, al margen de la ley, que no respeta absolutamente nada”.

En consecuencia, no basta con que los diputados tengan un año sin cobrar un salario. Tampoco es suficiente que ya no haya papel tualé en los baños del recinto legislativo, que no reciban viáticos y que en la AN no haya tinta ni papel bond para emitir un oficio. Ahora también deberán pasar horas por carretera para poder cumplir con la función que le encomendaron sus votantes.
Pasaportes anulados
Salir del suelo patrio también puede tener sus trabas. De acuerdo con la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para declarar el extravío de un pasaporte es necesario descargar una planilla, llenarla a mano y consignarla junto con copia de la cédula de identidad en una de sus oficinas. 48 horas después hay que llamar al 0-800-SAIME-00 (0-800-72463-00) para confirmar la anulación del pasaporte, y por último solicitar la cita para la emisión de uno nuevo.
En Maiquetía el proceso es express. Solo hay que pisar el área de Migración —de ida o de vuelta— para que un funcionario anule el documento alegando que fue reportado como perdido. Sin importar que el afectado lo lleve en las manos. No es un hecho aislado, lo ha sufrido hasta Nacho. Al cantante le anularon el pasaporte el 20 de febrero de 2016. Ese día de todos los pasajeros que viajaron en el vuelo de American Airlines 949, el único pasaporte que no quiso leer la maquina fue el suyo. Este año lo han sufrido los diputados Luis Florido, Williams Dávila, el gobernador Henrique Capriles y los periodistas César Miguel Rondón, Floralicia Anzola y Nitu Pérez Osuna.

Machado va a cumplir tres años sin poder salir del país. Para más ironías se enteró de la prohibición porque el diputado Diosdado Cabello lo anunció durante su programa Con el Mazo Dando. “Lo hizo pese a que se trata de un expediente privado. He pedido innumerables permisos para salir. No pude ir a la graduación de mi hijo, o a eventos y foros en los que se habla de la situación de Venezuela. Esta restricción es una traba enorme. Hemos hecho un trabajo de años para sensibilizar al mundo, y por eso me impiden salir. Afortunadamente existe la tecnología”.
Pérez Osuna no está dispuesta a soportar humillaciones. Dos días antes de regresar al país —el 22 de mayo— supo que su pasaporte sería anulado: “El régimen me lo informó. Me enviaron al Whatsapp una captura de pantalla con los datos de inmigración. Era una amenaza para que no volviera, pero toda mi vida y mi familia están aquí, así que la opción que no tenía era la de quedarme fuera. Este es mi país y no se lo regalo a nadie”. La periodista no ha ido al Saime. Fue su esposo y se encontró con que todos los que estaban afectados con pasaportes anulados pasaban hasta 10 horas de espera y luego les pedían volver al día siguiente. “Tomaremos todas las acciones necesarias nacional e internacionalmente para dejar constancia. Mi pasaporte lo expedirá un nuevo gobierno, diferente a este”.

Otros, como Luis Florido, han optado por los caminos verdes. El diputado tiene el pasaporte anulado y prohibición de salida del país, sin que medie una orden judicial. Su identificación dejó de funcionar el 27 de enero porque “tenía una denuncia de hurto”. Venía llegando de República Dominicana de participar en reuniones con líderes de la CELAC. “Resuelva en el Saime”, le dijeron en Maiquetía. Habló con el Director de Migraciones del organismo y le dijo que había ocurrido un error. Cinco meses después sigue esperando. “Yo fui su conejillo de indias. Ahora ni siquiera puedo entrar a la página web del Saime porque aparece el mensaje ‘usted tiene una prohibición migratoria”. Para llegar a Washington y participar en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en marzo tuvo que cruzar la frontera con Colombia por tierra y de ahí viajar a los Estados Unidos. Primero averiguó si su pasaporte funcionaba en otros países y resultó que sí. Además, ha aprovechado los convenios del Mercosur de fronteras abiertas que permiten viajar utilizando la cédula: “En cualquier otro país del mundo esto habría sido un súper escándalo. El problema es que esta es una sociedad de cómplices y no les importa incumplir la Constitución. La desconocen porque no la respetan. Lo bueno de lo malo es que nos hemos encontrado con amigos afuera que nos ayudan a hacer el trabajo”. Así sea a lo misión imposible.]]>