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Luisa Ortega Díaz le sacó las garras a Maduro

LuisaOrtegaPortada
12/06/2017
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FOTOGRAFÍA: AFP

La Fiscal General está en la mira del chavismo. Se le acusa de complicidad con el “terrorismo”, de fomentar la violencia a través de la impunidad, de deslealtad. Pero ella dice en sus treces estar apegada a la Constitución. Confrontada con el gobierno, regenta una institución de la que es líder indiscutible. Se ha convertido en incordio, en la piedra en el zapato de Nicolás Maduro

Con una pistola de perno terminó de morir la relación política entre la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el gobierno de Nicolás Maduro. La titular del Ministerio Público (MP) había marcado distancia meses atrás, pero la exuberante e irrisoria versión dada por el ministro de Información Ernesto Villegas sobre el asesinato de Juan Pernalete a manos de otros manifestantes en Altamira rompió toda diplomacia.

En la Fiscalía General la orden fue estudiar exhaustivamente el caso, sin dejarse cegar por la versión gobiernera. El 24 de mayo, Luisa Ortega Díaz convocó a la prensa para anunciar los hallazgos: Juan Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. VTV no la transmitió.

De inmediato se activaron las alarmas y las reacciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Se acabaron los guantes de seda. “Se prendió”. El primero en lanzar diatribas fue el diputado Pedro Carreño. “Da pena ajena ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo un libreto no hecho por ella”, escribió en Twitter. Luego el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López ratificó que los militares garantizan el respeto a los derechos humanos y calificó como preocupante lo dicho por ella. Más tarde, el exfiscal Isaías Rodríguez apuntó: “la vi muy nerviosa y desorganizada. Parecían que le daban ordenes, la están asesorando mal. Temo que haya caído en las redes de los antirrevolucionarios”. Y Diosdado Cabello, como colofón de la disyunción entre rojos, como vocero del improperio, fue más allá, calificándola de traidora y pidiendo disculpas por su designación.

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Ese mismo día, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, acusó al Ministerio Público de inacción y, por ende, de incitar la impunidad. Pero lo anunciado por Ortega no es una simple hipótesis, sino el resultado del trabajo investigativo a partir del análisis de más 1000 horas de video provenientes de más 20 cámaras diferentes, cinco testigos presenciales, un testigo referencial, resultados de la autopsia, tres inspecciones técnicas sobre el sitio del suceso, seis levantamientos planimétricos, dos análisis químicos, 38 reconocimientos técnicos sobre evidencias físicas, dos análisis toxicológicos, dos análisis hematológicos, un análisis de ADN, un estudio radiológico, un análisis histológico, un estudio antropométrico, un estudio de acomplamiento físico de dimensiones de cartucho y huella en ropa y lesión física, para un total de 79 actos, según consagra el informe.

Aun así, las denuncias de impunidad campean. Voceros políticos del chavismo, anclas de medios de comunicación oficiales y otros actores aliados, hasta los colectivos, afirman que la Fiscalía “no actúa”. Pero Luisa Ortega es indoblegable: “Esas afirmaciones de que no se está investigando, de que hay impunidad, son irresponsables. Nosotros tenemos una data completa de todos los casos”, zanjó Ortega el dos de junio.

El semanario TalCual reportó el 26 de mayo que en 71,2% de las muertes ocurridas en protestas todavía no hay imputados. El exfiscal Javier Elechiguerra además expresa que “se está tardando mucho para solicitar enjuiciamiento de magistrados por la ruptura del hilo constitucional, que sería una acción coherente con lo que ha anunciado”. La abogada Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, cuela que la funcionaria “no está haciendo las cosas completas, pues en los casos nuevos no se está haciendo cómplice pero hay gente presa desde 2014 que debería tener ya medidas de libertad”.

Tres strikes y una bombita

Luisa Ortega Díaz primero afirmó que el orden constitucional fue roto por las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que anulaban por completo al Parlamento. Luego sostuvo que el Estado es responsable por la violencia desatada. Después exorcizó dudas y elucubraciones en el caso Pernalete en una declaración con la que mandó varios mensajes incómodos al alto gobierno: llamó a los actores políticos a no adelantar hipótesis sobre los móviles de los delitos sin que el MP lo haga oficialmente pues se entorpece la investigación; sostuvo que disparar lacrimógenas de forma horizontal es letal; exhortó a los altos mandos militares a hacer seguimiento y control de la actuación de los funcionarios; reveló que 19 funcionarios civiles y militares fueron imputados por violaciones de derechos humanos durante manifestaciones; dijo que más de la mitad de las personas lesionadas lo han sido por acción de los cuerpos de seguridad del Estado; asentó tener denuncias de saqueos cometidos por policías y militares; condenó el uso de la justicia militar para casos civiles y criticó el uso de videos falsos para manipular —tres días antes, Venezolana de Televisión (VTV), Pedro Carreño y Tarek William Saab difundieron una grabación hecha en Guatemala de un linchamiento endilgando el sangriento suceso a una calle de Caracas. Y se plantó contra la Constituyente “corporativa” pues “profundizará la crisis”.

El cuarto momento incómodo, para quienes hasta hace un año eran sus compinches de toldas y credos y que ahora la juzgan en felonía, fue el 1 de junio: la Fiscal General acudió al Poder Judicial para emplazar una aclaratoria a la sentencia 378 que emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la cual se autorizó la convocatoria a una Constituyente sin pasar por un referendo consultivo. Para Ortega, la decisión “vulnera la progresividad de los derechos humanos consagrados en esta Constitución”, “asegura que la representación de un pueblo está por encima del pueblo mismo” y pone en duda “si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.

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Elechiguerra cree que Ortega está bajo mucha presión política. “Uno puede imaginárselo con fundamento por las reacciones del partido oficial y del Ejecutivo”, dice el abogado recordando sus años frente al Ministerio Público (1999-2000). Sostiene además que las respuestas desde el poder a las declaraciones de la funcionaria son la evidencia “de que el gobierno no acepta la independencia de poderes” establecida en la Constitución. “No es que sea traidora sino que se ha vuelto incómoda”.

Luis Vicente León, director de Datanálisis, observa en la Fiscal “la oportunidad más grande” para impulsar un cambio, una transición. “Para eso una de las condiciones es la fractura o la implosión, que es la manera de una fuerza pacífica y sin armas de derrotar al poder”. El encuestador asoma que todos los actores deben preguntarse si Ortega “es un pedazo de hielo muy grande o la punta de un iceberg”.

Los polvos

Cuando Ortega denunció ruptura del orden constitucional, la reacción oficial fue de contención y no de ataque. Se convocó al Consejo de Defensa de la Nación para buscar una conducción política e institucional a la crisis que generó esa declaración y la Fiscal fue invitada, aunque no asistió. Luego, se informó de una reunión de la mujer con el presidente Nicolás Maduro, y se habló de respeto y de “instituciones que funcionan”, como juró la ministra Iris Varela. Más tarde, el Consejo Moral Republicano votó que no había falta alguna por parte de los magistrados. Por su parte, la oposición colgó el sambenito: golpe de Estado. El defensor Tarek William Saab, presidente del Poder Moral, estableció que las partes se avinieron a una decisión “unánime”, pero fuentes cercanas a Fiscalía aseguran que Ortega salvó su voto.

Ya entonces comenzaban los castigos. Por ejemplo, le fueron sustraídos los escoltas que la cuidaban, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a su resguardo. También la Guardia Nacional y el propio Cicpc dejaron de colaborar con investigaciones del Ministerio Público. Cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa acudió a denunciar agresiones a los reporteros por partes de funcionarios de seguridad y paramilitares en la cobertura de las manifestaciones, un fiscal reveló que los militares no atienden solicitudes de MP sobre actuaciones de ese cuerpo, que registra en video las labores de “dispersión” que hace de las protestas.

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Lo propio ocurre con el Cicpc, algo que no es nuevo. “Ese divorcio es histórico”, señala una fuente conocedora del Ministerio Público recordando que incluso Isaías Rodríguez pidió adscribir el cuerpo de policía científica al Ministerio Público hace más de una década “para que fuera como el FBI”. Pero no ocurrió, por lo que Luisa Ortega Díaz creó una Unidad contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, principalmente destinada a “estudiar los casos de funcionarios malandros”. El informante en anonimato desliza: “es más arrecha que el Cicpc, con laboratorios criminalísticos en Caracas y Barquisimeto que tienen capacidad de hacer pruebas que ni la antigua PTJ puede”. Ortega Díaz ha dicho que la colaboración entre instituciones se mantiene fluida. Diplomacia.

El distanciamiento de Ortega con el gobierno de Nicolás Maduro tiene historia. De hecho, en 2014 finalizaba su primer período y ella “asumió que no iba a la reelección”, hasta que se postuló el último día. “La llamaron para que Maduro no tuviera el control total del Poder Moral”, recuerda una fuente que siguió el proceso. En aquel momento, la candidata al Ministerio Público era Miriam Morandy, abogada y comadre de Cilia Flores —captada en 2015 en Maiquetía acompañada por un acusado de narcotráfico siendo magistrada suplente. Pero con la decisión de nombrar a Manuel Galindo como Contralor, ficha de la Primera Dama, y a Tarek Wiliam Saab como Defensor del Pueblo “había que equilibrar las cargas”, recuerda el informante.

En 2015, el diputado por el PSUV Germán Ferrer y esposo de la Fiscal —que le ha manifestado su apoyo—, estrenó el programa Criterios por Globovisión donde ha realizado entrevistas a políticos —heterodoxia mediante—, incluyendo dirigentes de oposición. Luego, a partir de la segunda semana de diciembre de 2016 Luisa Ortega dejó de acudir a Radio Nacional de Venezuela para conducir el espacio radiofónico del Misterio Público, y no le fue asignada la presidencia del Poder Moral que le tocaba por rotación. La dejaron en manos del defensor Saab.

Los lodos

Con la llegada de 2017, Luisa Ortega instruyó e impelió a los fiscales a actuar más apegados al librito. Por eso, según Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, la Fiscalía ha optado por solicitar medidas de libertad plenas para personas detenidas en protestas a las que no se les encuentra méritos, causas o evidencias para imputar delitos. Ortega contabilizó, hasta el 24 de mayo, 1475 investigaciones: 1329 por delitos contra personas y 146 por daños a propiedad pública y privada, con un saldo de 2664 personas imputadas.

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Pero los números no sirven de escudo a Luisa Ortega Díaz. Su nueva compostura, nugatoria para el chavismo y que abre zanjas, corrompe la lealtad confiada. Ahora sí la ubica en trincheras antípodas, resintiendo el fuego que, desde el PSUV, la acribilla. “Nosotros no queremos traidores y la fiscal está actuando como un agente político”, declaró Diosdado Cabelloel 1 de junio. Pero ella no perjuró a su líder, con su fidelidad eleva a Hugo Chávez, es a él a quien se debe, a quien respeta, a quien admira en cimero recuerdo. Lo acompañó desde hace tres lustros cuando ingresó al Ministerio Público porque al expresidente “le cayó bien”, según el relato a la agencia AFP de un periodista de la fuente judicial que la define como una mujer con “gran olfato político”. Aún se le recuerda llevando el brazalete tricolor durante el funeral del “comandante supremo”.

“Nosotros debemos aprovechar la Asamblea Nacional para voltear patas arriba esa Fiscalía, para hacer una revisión profunda del Ministerio Público, para que se acabe la impunidad”, prorrumpió en directrices y acomodos Cabello el 27 de mayo. El vicepresidente Tareck El Aissami la ha calificado de fiscal “indigna” y el diputado Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, instaló una tarima permanente frente a la sede del Ministerio Público para continuos actos en su contra. Según Vivas, “su actuación está vinculada con esa extrema derecha que hoy quema, asesina, pone francotiradores, pone guarimbas, guayas, pretende una confrontación pueblo contra pueblo”.

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Pero un conocido de Luisa Ortega murmura que la funcionaria no tiene buenas relaciones con la oposición. “Una vez se le escuchó decir que la oposición toda es una mierda”, dice. El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, no ha hablado con ella. “Les he mandado mensajes para decirles que siempre van a contar con mi apoyo si el Ministerio Público actúa apegado a la Constitución. El mensaje es para todos”, dice a Clímax.

El opositor denunció el 26 de mayo que el fiscal 5to del estado Miranda, Víctor González, intenta sobornar con bienes y dólares a sus colegas para que se pronuncien contra Ortega Díaz siguiendo instrucciones de Isaías Rodríguez, entre otros. González oreó en VTV que “todos los fiscales tenemos inquietudes… hay una estrecha vinculación entre la fiscal y lo que dice la oposición”. Calificó el señalamiento a la GNB en el caso Pernalete como una “declaración a priori” y suscribió que Ortega estaba echando “por la borda” la gestión del MP. “Para nadie era un secreto mi posición, como la tienen más de 200 fiscales a nivel nacional. El año pasado renunciaron 1600 fiscales sintiéndose el deterioro, las divisiones, las presiones de los directores. El descontento es grande”, dijo el abogado que fue destituido de su cargo el lunes 29 de mayo.

Pero de ese centenar de descontentos solo uno ha salido a la luz pública: el de Justo Germán Flores Infante, exfical superior de Guárico, que denunció supuesto despido injustificado. “Si algún fiscal no está de acuerdo con la posición del Ministerio Público respecto a cualquier cosa está en su derecho, pero lo conversamos aquí adentro”, dijo Ortega en un acto privado de juramentación y ascenso de fiscales el miércoles 31 de mayo.

La catira manda

“Luisa tiene controlado el Ministerio Público al pelo. Ella tiene mucho carácter y se ha ganado el respeto de la gente. Además, mejoró las condiciones de trabajo, las instalaciones. Eso era un rancho antes. Ella invirtió y ahora eso funciona mejor que el Poder Judicial”, enumera en panegíricos los logros una fuente cercana a Fiscalía. Añade, asimismo, que “la Fiscal exige mucho a su equipo, pero da buenas remuneraciones. Ya no puede hacerlo por la crisis y ha entendido cuando la gente renuncia por lo económico. En una reunión reciente dijo a los empleados que lo único que puede ofrecerles es sangre, sudor y trabajo. A ella la quieren mucho”.

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Ortega Díaz timonea y marca el rumbo. “Allí se sigue su línea. En 2016 se raspó a nueve directores por no estar alineados”, proyecta un informante. Cuando el 31 de marzo pasado la titular denunció la ruptura del hilo constitucional, la única que no aplaudió fue la vicefiscal Alis Boscán. Dos semanas más tarde, fue sustituida por Rafael González Árias, el 17 de abril, hasta entonces director de Política Criminal. Mario Silva, en La Hojilla, aseveró que Boscán renunció “por no estar de acuerdo con las funciones políticas que se estaba atribuyendo” la titular del MP. Pero la fuente dice a Clímax que “Luisa la cambió”.

El impacto de sus posturas se extiende por la administración pública. “Solo lo de las cúpulas la atacan. Dentro del chavismo incluso burocrático, la opinión es que está haciendo su trabajo y esto está animando a que sectores evalúen como hacer lo mismo. Hay un goteo sin retorno tanto en lo político como en lo institucional, lo que no sé es si convertirá en un chorro lo suficientemente rápido para que se detenga la locura”, desliza un dirigente del chavismo descontento con información desde las bases. Ese ánimo impulsó a la exdefensora Gabriela Ramírez.

El período de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público culmina en el año 2021. Según un trabajo publicado en El Nacional, el jueves 11 de mayo el presidente Nicolás Maduro tuvo una reunión con la Fiscalía Militar donde “planteó la salida de Ortega Díaz de su cargo y señaló que hacía falta un fiscal que cumpliera las órdenes que daba a favor de la revolución”. Henrique Capriles, el 15 de mayo denunció que el Presidente busca destituirla para “nombrar en su lugar a otra persona que sea leal a él y a Diosdado Cabello”.

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Pero la Fiscal está atornillada. Su remoción, según el artículo 279 de la Constitución, depende la Asamblea Nacional (AN), luego de un pronunciamiento previo de la Sala Plena del TSJ. Pero el Parlamento lo controla la oposición y el Ejecutivo insiste está en desacato. La opción entonces sería disminuir sus capacidades operativas. La canciller Delcy Rodríguez anunció que una Comisión de la Verdad le reportará directamente a una Asamblea Nacional Constituyente. El diputado Pedro Carreño puntualizó el 5 de junio que solicitará al TSJ designar una junta médica que estudie psicológicamente a la fiscal para evaluar si está demente. Y la propia Ortega Díaz reveló que en los pasillos del Tribunal Supremo de Justicia “está circulando una decisión para quitarle titularidad en la investigación penal al Ministerio Público”. Rechazó que “se pretenda destruir el Estado, si tienes diferencias con un funcionario que está al frente de una institución no puedes atacar a la institución”.

El Ministerio Público recibirá de su contraparte en Brasil los expedientes del caso Lava Jato, el escándalo de corrupción de Odebrecht. La fiscal deberá decidir cómo actuar con los señalados de corrupción, como el propio Maduro. Además, el periodista Nelson Bocaranda no vacila al decir que Ortega Díaz prepara “solicitudes de antejuicio de mérito para funcionarios públicos que hayan incurrido en ilegalidades, abusos contra los DDHH, órdenes violentas, corrupción y otros delitos”. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la mujer es figura clave y lo sabe. En conversación con Vladimir Villegas no quiso responder si la ruptura del hilo constitucional se mantiene, pero no lo negó.