«Ellos no juegan carrito, al que denuncie, lo expulsan de la fila y no puede regresar a comprar. Está fichado», dice un vecino que baja cada tres días a comprar pan. Ellos no permiten que los consumidores se lleven más de cinco canillas por persona. Son la autoridad y se denominan Colectivo Catedral Combativa. Está integrado por hombres y mujeres que, en nombre de la revolución, deciden a quiénes les venden los productos regulados. Los dueños de los locales no tienen voz, ni voto. No pueden denunciarlos. Ellos mandan con autocrático verbo. Jorge Campero, vecino de la parroquia Altagracia, cuenta que los integrantes del colectivo portan radios transmisores para comunicar cualquier novedad. En la fila que se forma desde las 5:30am también está prohibido hablar mal del gobierno. «Hubo una vecina que criticó cómo se maneja la distribución de comida, a través de los Clap. Eso bastó para que uno de ellos, se le abalanzara y le dijera: ‘maldita vieja, si no te gusta cómo se manejan las cosas aquí, te puedes largar’. Al escuchar el tono desafiante, la señora no pronunció una palabra y el resto de los compradores, se sumó a su silencio. El miedo los censuró».
Los miembros de este grupo también tuvieron un papel protagónico en la intervención de la panadería Mansion´s Bakery, ubicada en la esquina del Cuartel Viejo de la avenida Baralt. Ellos le cambiaron hasta el nombre y ahora se llama Minka. No permiten que los panes sean vendidos al público. El que quiera un bollo francés o una canilla debe aparecer en una lista que maneja con recelo el grupo y solo unos cuantos son beneficiados, a través de los Clap. Los tentáculos de esta organización también se han extendido a otra panadería, ubicada en la esquina de Balconcito. A las afueras colocaron un letrero que dice: «prohibido hacer cola». Aquel que pernocte en la entrada del negocio a esperar que abra la Santamaría, lo echan.
Cuando abren puertas solo autorizan la venta de un máximo de tres canillas per cápita a un costo de 250 bolívares cada una. Más abajo de la panadería se ubica un abasto. A su propietario le dicen qué va a vender y a cuántas personas les va a ofrecer la mercancía. Hace un mes, relata Campero, un camión de alimentos que se dirigía a ese negocio fue desviado para que descargara los productos en un establecimiento del Estado. «El dueño, un portugués que durante 30 años ha trabajado para mantener su local medianamente dotado, tuvo que acatar la orden. Si no lo hacía, lo obligaban a cerrar y perdería décadas de esfuerzo y su patrimonio familiar», relata Campero, en tanto señala con su dedo una farmacia que al parecer fue expropiada y ahora es la oficina del grupo. Allí sus miembros se reúnen todas las tardes. En las paredes colgaron afiches de Hugo Chávez, Diosdado Cabello y José Odreman, líder del Colectivo 5 de Marzo —que murió en un enfrentamiento con agentes del Cuerpo Investigación Científicas Penales y Criminalísticas ( Cicpc) en Quinta Crespo. A estos personajes les rinden culto.
Las asambleas que organizan son largas. A veces duran hasta media noche. En esas cuatro paredes planifican en contubernio: sabotear protestas de la oposición y controlar la venta en supermercados y panaderías. También tienen injerencia en la distribución de los alimentos en varios sectores de la parroquia Altagracia. «Ellos escogen a quiénes van dirigidas las bolsas (Clap) y las venden a distintos precios. Un mes las ofrecen en 15 mil y el siguiente a 20 mil. No responden cuando llegan incompletos los productos. El mes pasado solo llegó un paquete de harina de maíz, arroz y pasta. Una vecina me dijo que no reclamara, que evitara problemas con esa gente», refirió una habitante de la zona, quien prefirió mantener su nombre en reserva.
Un panorama similar se registra en la parroquia Candelaria. A las 6:00am desafían entre tres y cuatro hombres en las entradas de las panaderías. Algunos escoltan a funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) y le dicen a los encargados o dueños. «Mire señor por órdenes de Nicolás Maduro queremos que el pan sea para el pueblo». A veces no tienen necesidad de sacar armas para intimidar. Con ese mensaje logran que le entreguen entre 300 y 400 panes. «Los revenden entre 300 y 400 bolívares cada pan», refiere Pedro Salazar, vecino de la zona. Según datos que maneja Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, cerca de 70 panaderías del centro de Caracas están bajo el dominio de colectivos. La mayoría de estos grupos están asociados a las familias que invadieron varios edificios antiguos, ubicados en el bulevar de La Marrón y en la esquina de Perico. «Se ha solicitado una depuración de esas torres y hasta ahora los cuerpos de seguridad no han intervenido», comenta Rojas.
Hay un grupo identificado con el emblema de Colectivo Luchadores de Mi Patria. Visten franelas con ese nombre y su blanco son los estacionamientos como el que tomaron hace dos semanas en la esquina de Tracabordo a Miguelacho. Tres semanas antes, los hombres llegaron al parqueadero de Juan Hernández —nombre ficticio para proteger su identidad—, le dijeron que necesitaban esos terrenos para la construcción de viviendas autogestionadas. El propietario habló con el grupo para llegar a un acuerdo y contactó a un amigo que trabaja en el Cicpc. «Él conversó con ellos y desistieron. Pero conozco a otros que les pagan 5 mil bolívares de vacuna para que no los invadan. La presión de estos grupos es fuerte. Se sienten guapos y apoyados porque nadie los frena», dice el comerciante.
Mandan en los hospitales
Es tan amplio el poder y el radio de acción de los colectivos, que dictan las normas en planteles y hospitales. Se han adueñado de esos espacios. Algunos fungen de vigilantes para espiar, mientras que otros sabotean las asambleas organizadas por médicos y trabajadores en busca de mejoras. Además tienen participación en la distribución de insumos. Ese es el caso del Colectivo Frente Chavista. Tiene su oficina en el primer piso del Hospital Universitario de Caracas (HUC). Sus integrantes se pasean por los pasillos con vestimenta roja. Usan franelas con mensajes impresos que invitan a la defensa de la revolución y otras tatuadas con los ojitos de Chávez.
Uno de sus miembros agredió en 2015 a Mauro Zambrano, delegado sindical de los trabajadores del sector salud. Mientras mostraba la herida que le causaron en la espalda y que estuvo a milímetros de haberle perforado el pulmón, Zambrano relata que en agosto de ese año había participado en una protesta por una deuda del contrato colectivo, déficit de insumos y la paralización de varios servicios. Al día siguiente de la manifestación, acudió junto con otros cuatro empleados a una reunión en la oficina de Antonieta Caporale, actual ministra de Salud, que en aquel entonces era la directora del HUC. Antes de entrar a hablar con ella, Mauro estaba subiendo las escaleras que conducen a la Dirección, cuando cinco hombres lo rodearon y uno de ellos lo atacó con un punzón. La herida no fue tan profunda, pero dejó claro hasta dónde es capaz de llegar ese grupo.
Un año más tarde, le tocó el turno a Eladio Mata, presidente del Sindicato de Obreros de la Alcaldía Metropolitana. La tarde del 30 de agosto de 2016, había asistido para discutir unas deudas pendientes a una asamblea en el auditorio del HUC. Al finalizar, un integrante del Colectivo Frente Chavista, de contextura delgada y piel morena, apodado “El Tico”, le dijo: «aquí no tienes derecho a nada, te voy a picar». Seguidamente le disparó. El proyectil le perforó el intestino delgado y lo mantuvo siete días en terapia intensiva. Tras recuperarse Mata volvió al ruedo. “El Tico” no fue apresado por el delito de intento de homicidio, pese a que el atentado fue grabado y hubo más de 400 testigos.
La persecución no ha cesado. El grupo armado continúa asistiendo a las asambleas para tomar fotos e identificar a los que denominan apátridas, detractores y golpistas. Hace unos días agredieron a una médico residente. Le exigieron que atendiera a un familiar de un miembro del colectivo. Ella le respondió que tenía un paciente por delante y el hombre la tomó por el brazo y le dijo: «atiende a mi vieja, o si no te jodo diabla». La doctora la asistió y al día siguiente renunció. No quiso regresar y dicen que prefiere el desempleo que trabajar bajo el asedio de esos hombres y mujeres, de carácter intolerante y apetito destructivo. En el hospital Vargas se impuso al Colectivo 5 de Marzo como vigilantes. Mientras que los milicianos que recorrían los pasillos pasaron a un segundo plano. Su incorporación obedece a una decisión del actual director Tirso Silva para frenar los hurtos del cableado eléctrico y de los equipos de aire acondicionado. La medida fue criticada abiertamente por el personal, pero Silva sostiene textualmente: «prefiero meter delincuentes para que le hagan la guerra a otros delincuentes que están destruyendo al hospital».
Imponen adoctrinamiento
En Caracas no hay un sector que no haya sido coludido o vulnerado por los colectivos. En la parroquia 23 de Enero, bastión y cuna de estas agrupaciones, hay 70 en esa zona y tienen sus territorios demarcados, hay cinco hombres que forman parte del Colectivo Alexi Vivas. Ellos también exhiben franelas alusivas a la revolución y saben quiénes entran y salen del plantel Francisco González Guinand, supervisan las actividades y programan películas y charlas sobre las misiones. “Hacen una especie cine foro sobre la vida del Che Guevara, de Fidel Castro para adoctrinar a los niños. Hace tres meses mi hijo, que cursa quinto grado, llegó a la casa y me dijo que quería ser como Fidel, que él era el hombre que necesitaba este país. Cuando le pregunté de dónde salió su veneración por ídolo revolucionario me respondió que lo había visto en una película, que él se había sacrificado por los cubanos”, relata una vecina de la zona central, quien reside a pocas cuadras del colegio.
Un poco más abajo en la zona F de la parroquia está el edificio del Inces. Su entrada está tatuada con murales de Chávez y del Che. De los equipos dispuestos para los cursos de Mecánica Automotriz, Electricidad, Latonería y Pintura —programas de capacitación para enseñar un oficio a la población que por diversas circunstancias no ingresó a la universidad— quedan restos. La matrícula se desplomó y solo dictan unas que otras clases. Un vecino, quien prefirió mantenerse en el anonimato, comenta que el lugar se convirtió en un almacén para guardar productos alimenticios —que son vendidos a los bachaqueros. “Casi nadie ve clases en ese sitio. Lo destruyeron. Ahora eso le pertenece al Colectivo Tres Raíces, el más poderoso del 23 de Enero. Tienen armas largas, cámaras de seguridad para vigilar toda la zona que controlan y son los que mueven más hombres para amedrentar en las marchas opositoras”, refiere. De hecho, aseguran que algunos de sus miembros, junto con otros hombres pertenecientes al Colectivo de la Esquina Caliente de la Plaza Bolívar de Caracas, habían agredido a un grupo de diputados y otras personas que se dirigían el lunes 3 de abril de 2017 a la Defensoría del Pueblo para protestar contra la medida de desacato impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN). En esa manifestación resultó herido con una pedrada en un ojo Henry González, estudiante universitario.
Él recibió una pedrada en el ojo y fue llevado a la Policlínica Las Mercedes. Esa era la sexta vez en menos de un año que el grupo armado participaba para amedrentar y reprimir a opositores. Ellos han colocado en las últimas semanas sellos en el centro de la ciudad que muestran a un fúsil en mano y un mensaje que reza “Los colectivos toman Caracas en defensa de la revolución”. Cada día cobran fuerza y no hay cuerpos de seguridad u otra instancia que los frene. “Actúan a sus anchas, bajo el manto protector de la impunidad”, dice González.
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