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Universidades retoman actividades cojeando

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05/10/2017
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TEXTO: GABRIELA ROJAS | FOTOGRAFÍAS: EFE

Del período académico de cinco meses que concluyó en julio, cuatro de ellos transcurrieron en medio de protestas, trancones, bombas lacrimógenas y jóvenes asesinados en las calles. Así cerraron el ciclo las universidades del país y luego de un receso que nada tuvo de vacaciones, los estudiantes, los docentes, el personal y las autoridades regresan a las aulas a lidiar aún con más problemas de los que tenían cuando terminó el semestre anterior

El primer día de clases en la Universidad Simón Bolívar, los estudiantes recibieron como desayuno una galleta de soda con café negro. Si algunos tuvieron suerte de haber desayunado en casa, otros tantos se encontraron con un horario que se va ajustando según avanza el inicio de clases por las materias que se quedan sin docentes, cada vez una probabilidad más alta considerando que la USB ha perdido casi 50% sus profesores: 350 docentes formados en áreas muy específicas – según cifras del rector Enrique Planchart- profesionales difíciles de sustituir que no pudieron vivir con 25 dólares mensuales (salario promedio para profesores de tiempo completo) y decidieron emigrar del país con la inflación más alta del mundo.

Pero el recibimiento de la comunidad de la Universidad Central de Venezuela tampoco fue más prometedor. La rectora Cecilia García Arocha volvió a exponer la matemática básica que ha mantenido a las universidades bajo una política de Estado de asignar un presupuesto deficitario que las mantiene en vilo: el monto asignado para arrancar este período fue de 236 mil millones de bolívares, lo que alcanza para pagar apenas seis meses de salarios y en la raya, sin contar los posibles aumentos de ley que se decreten durante ese tiempo.

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Quedan prácticamente en cero los recursos destinados para el mantenimiento de la infraestructura, la inversión en extensión e investigación, los programas de desarrollo estudiantil y todo lo que implica mantener una casa de estudio que tiene en sus aulas a casi 60.000 estudiantes, de los cuales hay que restar entre 10 y 15% que entraban en la cifra de deserción que la rectora García Arocha calculaba en enero de este año, sin que todavía se sintieran las consecuencias que dejaron en las aulas los cuatro meses de protestas, la instalación de la constituyente y la inflación que cobraron dimensiones astronómicas al pisar septiembre.

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El comedor que funcionó de manera intermitente el semestre anterior pero que acumula años sin mantener la regularidad en el servicio, no abrió sus puertas a la par de las aulas. No solo cerraron el año con deficiencia en los suministros de los alimentos para preparar las bandejas, es que debido a la falta de mantenimiento las ollas y el sistema de la cocina se dañaron y no ha podido repararlas desde el año pasado.

La crisis presupuestaria prácticamente paralizó los servicios de alimentación en la UCV, y aunque desde 2016 el Ministerio de Educación Universitaria asumió el suministro de proteínas para las comidas de los comedores, la entrega no es regular ni suficiente porque este servicio no solo está destinado a los estudiantes, sino que parte del personal obrero y administrativo recibe este beneficio dentro de su contratación, y cada vez lo requiere más.

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Quienes se sientan en los pupitres probablemente no tengan en su cabeza las cuentas en déficit. Solo se encuentran con las puertas del comedor bloqueadas, salones a medio llenar y pizarras descoloridas. En la escuela de Comunicación Social de la UCV, que en esencia forma a gente que escribe, los jóvenes llegan a aulas calurosas donde no hay computadoras, ni internet y mucho menos impresoras para trabajar las prácticas en las materias de redacción. Ni hablar de los programas necesarios que requieren para aprender técnicas fotográficas, de diseño, diagramación o manejo de redes. La práctica de la escritura y el pensamiento integral de los próximos comunicadores se reduce a redactar a mano en hojas sueltas.

Ese saldo negativo también lo llevan en la Universidad de Carabobo. La rectora Jessy Divo terminó el semestre anterior y comenzó el nuevo decretando la emergencia administrativa para poder activar políticas de contingencia que le permitan mantener el período académico a flote, a pesar de que los datos son desesperanzadores: alta deserción estudiantil, renuncias de personal administrativo y 70 mil firmas que le han cansado la mano con cada entrega de certificación de documentos a egresados, desde enero hasta agosto de este año, lo que los obligó a diseñar un sistema en línea porque la rectora asegura que la gente llegaba de madrugada a hacer colas para pedir sus documentos que le permiten iniciar trámites migratorios como profesionales.

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“Donde más se ve los efectos de las renuncias es en la facultad de Ciencias, Ciencias de la salud y Odontología, casi 60% de los estudiantes se retiran”, señala Divo y asegura que aún cuando los procesos de inscripción no habían concluido su estimación es que hay una merma de casi 10 mil estudiantes porque se esperaba una matrícula de 61 mil y se presentaron a clase 50 mil jóvenes.

Maite Rodríguez, estudiante de la UCAB, comienza un nuevo semestre sin saber muy bien cómo logró terminar el anterior. “Todo el semestre pasado fue una inestabilidad absoluta. Si me preguntan honestamente qué aprendí puedo decir que nada pero la realidad es muy dura: hay que pasar para poder terminar la carrera e irse”.

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En el cierre del semestre anterior, a los docentes de la UCAB se le iban acumulando correos electrónicos de alumnos que les notificaban: “profesor, hasta aquí llego”. En un lapso menor de tres meses (abril, mayo y mitad de junio) un salón que comenzó con 27 estudiantes terminó con 21 y cuatro de estos últimos ni siquiera se presentaron a la evaluación final porque dos ya estaban fuera del país y los otros dos se regresaron a las casas familiares en el interior porque se les hacía imposible mantenerse en la capital.

“Es doloroso ver estas casas grandes de conocimiento abrumadas por la impotencia y la desesperanza. Hemos perdido la cuenta de cuántos metros de cable se han robado que dejan sin funcionamiento áreas importantes de la universidad hasta lidiar con cosas que deberían ser simples como comprar una resma de papel porque cuando terminas de hacer todo el proceso burocrático ya el dinero no alcanza”, dice Divo.

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Viendo hacia la frontera

Las noticias desde la ciudad que tiene una universidad por dentro son similares. Desde Mérida, en la Universidad de Los Andes, el rector Mario Bonucci aproxima en 20% el abandono en las aulas, no tanto en el ingreso sino en la prosecución. “Un estudiante necesita un mínimo de 500 mil bolívares (mensuales) solo para vivir en Mérida, sin contar las necesidades propias de una carrera. Por eso las cifras pueden decir que registramos entre 9 y 10 mil ingresos al año pero hay que observar lo que pasa en el camino y cuántos se van quedando porque se les hace imposible mantenerse. O se retiran de la universidad porque tienen que incorporarse al mercado laboral o porque se van del país”, explica Bonucci.

La cercanía con la frontera colombiana de los núcleos de la ULA son un factor que cada vez cobra más peso. Por allí se filtra la deserción de estudiantes, las renuncias de profesores y un importante número en ascenso de empleados y obreros que dejan una vida en la comunidad universitaria para probar suerte en Colombia. “Tradicionalmente los trabajadores de la ULA no renunciaban porque en estos estados el mercado laboral es más limitado y aquí podían hacer carrera. Ahora vemos que quienes se van son personal técnico con un nivel de experticia importante porque se formaron en áreas que solo existen en las universidades”, agrega el rector.

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Pero más que una percepción son los números los que golpean: en lo que va de año, 70% de estudiantes graduados han solicitado notas y documentos ante las oficinas de la universidad. La ULA se ha detenido a estudiar el fenómeno y detectó al hacer la indagación que desde 2005 hasta 2015, la principal casa de estudio andina ha perdido cada año un promedio de 3.600 estudiantes por deserción.

A partir de abril cuando Mérida enfrentó una de los períodos más difíciles de protestas de calle, represión a las manifestaciones estudiantiles y una ciudad casi paralizada por trancas y suspensiones impredecibles de actividades académicas, se incrementó sustancialmente las solicitudes de notas certificadas globales (las que se requieren para apostillar e ingresar a otras universidades) ya que al comenzar el año llegaban 10 solicitudes cada quince días y ahora la oficina encargada de estos trámites reporta 25 solicitudes interdiarias.

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Factura a corto plazo

Desde la UCV, la rectora Cecilia García Arocha amplia el foco de los problemas que se viven dentro de las universidades y que se han agudizado en los últimos cinco años: “no hay que ver solo lo que pasa en la universidad, es un problema más grande. Esta es la consecuencia de una situación país que responde a las malas políticas del gobierno. La gente siente que se va quedando sin opciones. La inflación, la inseguridad, la falta de comida, la salud y por eso la gente busca alternativas porque se le hace demasiado difícil mantenerse”.

José Manuel Domínguez, estudiante de 19 años que recién ingresa a la UCV, llega con más cautela que aspiraciones: “Sé todos los problemas que tiene la universidad porque mi hermana se graduó hace un año y la cosa no estaba mejor. Sé que los profesores se están yendo, que no les pagan bien y también estoy claro de que si se arma otro problema como el de las protestas y las manifestaciones en la calle también está en riesgo el semestre pero no podemos quedarnos en la casa sin hacer nada, viendo desde lejos. Mi familia hace mucho esfuerzo para que nosotros estudiemos y yo quiero ser un profesional, así tenga que irme en unos años pero con un título en la mano”.

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La rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo), Rita Añez, lidia con todas estas goteras a diario en las cuatro sedes nacionales (Caracas, Barquisimeto, Puerto Ordaz y Charallave) donde ofrecen una gama muy específica de estudios superiores en áreas científicas y técnicas. Comparte la preocupación con sus colegas rectores en que las consecuencias apenas comienzan a verse con la magnitud que tienen. “La crisis universitaria no puede politizarse sino institucionalizarse. Tenemos que llegar a acuerdos con el Estado para equilibrar los problemas que arrastramos en los sistemas de admisión, prosecución y permanencia de los estudiantes”.

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Y Añez no se refiere solamente a la población estudiantil sino que señala lo que significará a corto plazo la carencia de un relevo generacional en la carrera académica que garantice la calidad y altos estándares educativos: “Si los jóvenes no hacen carrera académica, no se especializan en un área, no hacen concursos de ascenso ¿cómo va a generarse una renovación en las universidades? Tenemos que resolver urgencias día a día y ni siquiera estamos hablando de qué modelo de universidad tenemos y cuál necesitamos para competir en un circuito internacional que va volando”.