Ante el Tribunal 11 de Control Militar del circuito judicial en el estado Táchira fueron presentados la tarde del sábado los jóvenes Pablo Antonio Parada Díaz y Daniel Moisés Beltrán Navarro, imputados por los delitos de actuación contra la seguridad de la Fuerzas Armada en grado de frustración, espionaje, instigación a la rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a la FAN.
Los estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, (UCAT) Parada y Beltran fueron detenidos el pasado jueves 23 de junio en la población de Táriba, municipio Cárdenas, del Táchira, cuando iban como pasajeros a bordo de un taxi que fue interceptado por hombres que se desplazaban en una camioneta Tacoma sin identificar, quienes los sometieron y obligaron a abordar el vehículo que huyó sin rumbo conocido.
Fue hasta el final de la tarde del sábado, luego de una solicitud hecha por los diputados a las autoridades militares destacadas en el Cuartel Bolívar, que se supo el paradero de los estudiantes.
El diputado a la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, rechazó la acción en contra de los estudiantes tachirenses.
«Estamos hablando de jóvenes estudiantes cuyo mayor delito es querer un país que les permita crecer como individuos y como profesionales sin someterse a caprichos de una parcialidad política, sino donde su capacidad sea el norte de sus aspiraciones”, dijo.
Recordó el parlamentario que tanto los fiscales como los jueces militares que se están prestando para violentar la Constitución de la República y las leyes estarán sujetos a la justicia penal en un nuevo gobierno.
“Que no crean que porque son militares se van a salvar. Debe quedar claro, aunque ellos lo saben muy bien, que todas sus actuaciones tendrán consecuencias, porque no pueden prestarse para condenar inocentes para amparar a un régimen narcoterrorista sin que haya consecuencias en su contra, porque como juzguen serán juzgados”, dijo Duarte.
Según la ONG Foro Penal, en el país hay más de 200 personas detenidas que serán sometidas a juicios en tribunales militares, violando el derecho a ser juzgados por un juez civil.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, exigió al fiscal general militar este domingo que se aceleren los procesos y que «no permita que ninguno quede impune».]]>
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