La Asamblea Nacional (AN) negó el pasado 22 de enero el Decreto de Emergencia Económica N° 2.184, propuesto por el mandatario nacional Nicolás Maduro, y aprobó el informe presentado por la comisión especial designada para analizar el texto y que rechaza la referida resolución presidencial.
«¿Por qué negamos el decreto? Porque es más de lo mismo. Las mismas políticas producen los mismos resultados”, afirmó el diputado y presidente de la comisión especial, José Guerra, quien agregó que con la legislación vigente, no hacía falta emitir una resolución presidencial porque hoy en día existe un conjunto de estatutos donde están normados todos los aspectos que contienen dicho documento.
A continuación le presentamos los puntos más resaltantes del informe elaborado por la comisión especial que evaluó el Decreto de Emergencia Económica, en donde se exponen las objeciones sobre la motivación del decreto y las medidas que allí se plantean:
1.- El Decreto parte de un diagnóstico insatisfactorio de las causas de la crisis económica, omitiendo aspectos claves que requieren atención urgente al atribuir la crisis exclusivamente a una «guerra económica contra el pueblo venezolano», sin reconocer los efectos de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de precios que aplica actualmente.
2.- Entre 2003 y 2012, años de bonanza, las decisiones del Ejecutivo agravaron la fragilidad de la economía venezolana. Era previsible que una caída en el precio del petróleo arrastraría las importaciones de bienes de consumo, maquinarias e insumos necesarias para las actividades económicas y sociales, públicas y privadas. «Consecuencias innecesariamente duras sobre el pueblo venezolano».
3.- Los efectos de un sistema de precios rígidos que impide cubrir costos de producción, incluso de la gasolina, la electricidad y otros bienes producidos por empresas públicas, según han reconocido Ministros en función de gobierno.
4.- No reconocer en el texto los casos de corrupción generados por el actual régimen de cambios múltiples ni proponer soluciones a esto. «El aplicar el Decreto agravaría la actual crisis en lugar de resolverla, puesto que plantea objetivos inconsistentes, poco claros y en algunos casos contradictorios».
5.- El Decreto no define Emergencia Económica de modo que sea posible evaluar los efectos de las políticas a implementar. Además, los diputados opositores criticaron la reciente reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, la cual legaliza la no publicación de los indicadores económicos del país.
«Sin información detallada y creíble no es posible ofrecer una definición operativa de la emergencia, que establezca criterios objetivos para su tratamiento, seguimiento y efectivo control de su duración por parte de la Asamblea Nacional», refiere el informe.
6.- El Decreto pretende otorgar al Poder Ejecutivo atribuciones exclusivas en el manejo de la crisis, sin delimitar su área de actuación.
7.- El Decreto aumenta las oportunidades para el despilfarro, la desviación y la apropiación indebida de fondos públicos y bienes privados sin control alguno.
8.- El Decreto no protege el gasto social. El Decreto insiste en destacar especialmente como objetivo ‘desarrollar, fortalecer y proteger el sistema de misiones y grandes misiones socialistas, en aras de incorporar a pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos’, restando importancia al resto de los sistemas por medio de los cuales el Estado debe atención a la población: escuelas, universidades, hospitales, seguro social, tribunales y cárceles, por ejemplo».
9.- El Decreto autoriza la opacidad fiscal. «El Ejecutivo ha solicitado ‘disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015’, sobre cuyo monto no se da noticia. También ‘asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de presupuestos a los órganos y entes de la administración pública’ sin autorización previa de la Asamblea, práctica reiterada durante los últimos años».
«No conviene avalarlo por medio de un estado de excepción, menos cuando el Presidente de la República ha reconocido reiteradamente la necesidad de incrementar el precio de la gasolina. De hacerlo este año los recursos generados serían extrapresupuestarios, al igual que los bolívares generados por la devaluación que acompañaría una “simplificación cambiaria”, promovida hace más de un año por el actual Ministro Jesús Farías».
10.- El Decreto no asegura la estabilidad monetaria. «Preocupa que las coordinaciones para “la protección de la moneda nacional” se limiten a establecer límites a las transacciones en efectivo. (Se) pasa por alto que el financiamiento monetario, es decir del BCV al gobierno, es el responsable de que Venezuela tenga la inflación más alta del mundo, y que estemos a la puerta de una hiperinflación».
11.- El Decreto puede servir para atacar algunas empresas privadas y para privilegiar a otras. La resolución «facultaría al Ejecutivo a asignar divisas y recursos sin mayor control según su criterio, y a dispensar diversos trámites legales para ‘agilizar’ importaciones y compras del estado, entre otras operaciones».
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