Tampoco Petro o Lula vendrán a salvarnos

Esta debe ser la tercera vez que escribo sobre este tema. Lo hice en años lejanos, cuando ví por primera vez la película “Hotel Ruanda”, luego en 2016 cuando flotaba en el ambiente -entonces con María Corina Machado como exponente- la tesis de que la comunidad internacional actuaría en favor de la democracia en Venezuela. Y en años recientes, cuando Juan Guaidó se asumió como “presidente interino” y parecía inminente, para no pocos, que Estados Unidos con Donald Trump como presidente, lanzaría una acción militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Ciertamente la comunidad internacional, ese indefinido cuerpo de gobiernos, declaraciones, presiones, presidentes y organismos internacionales, tiene algo qué decir y hacer con lo que pasa en Venezuela. Pero salvo en las películas, en estos tiempos no va una potencia a invadir a otra nación, destituir y llevarse detenido al dictador de turno y encima de eso sentar en la presidencia al líder prodemocracia. No en estos tiempos.

La comunidad internacional tiene un papel relevante, pero no es y no será determinante dentro de Venezuela, en aras de construir un cambio democrático.

En la película “Hotel Ruanda”, como ya hemos comentado en otra ocasión años atrás, existe un crudo retrato del papel, inoperante y atrapado en arreglos políticos que a veces poco tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, de entidades como la Organización de Naciones Unidas. La constatación de que la salvación no vendrá desde el extranjero (no vendrán a salvarnos, dice el protagonista) y que sólo está en sus propias manos la posibilidad de salvarse, constituye un punto de inflexión en aquella historia cinematográfica inspirada en hechos reales.

Casi un millón de personas fueron aniquiladas en un verdadero genocidio cometido por la etnia hutu que cobró mortífera revancha contra los que siempre habían gobernado el país, los miembros de la etnia tutsi. Ante aquella matanza sin precedentes, la comunidad internacional no fue a salvar a las víctimas. Ese es el hilo de este filme.

Volvamos al aquí y ahora de Venezuela. Las crisis internas que agobian a las presidencias de Gustavo Petro en Colombia y de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil son la guinda en lo que parece constituirse en un rotundo fracaso para la diplomacia regional: la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela, haciendo caso omiso de los resultados electorales del pasado 28 de julio.

Durante varias semanas, con posterioridad a las elecciones presidenciales del último domingo de julio en Venezuela, creció cierta expectativa por el rol que podrían tener dos presidentes provenientes de la izquierda y quienes, cada uno con sus matices, hicieron saber que no reconocerían a Maduro como ganador hasta tanto no existiesen pruebas públicas y verificables de los resultados.

Paulatinamente este rol mediador se fue debilitando por una razón simple, Maduro no está en disposición de sentarse a dialogar con quienes fueron sus otrora aliados. Es simple: el gobernante venezolano ni siquiera le atiende el teléfono al septuagenario presidente brasileño y referente de la izquierda latinoamericana, ni a su “hermano” Gustavo Petro.

A lo que ya de por sí lucía como una gestión diplomática atascada, por la falta de voluntad de quienes detentan el poder en Venezuela, se ha sumado ahora situaciones críticas tanto en Brasil como en Colombia, dos países que comparten frontera con Venezuela, y que tras el 28 de julio han registrado aumentos en el cruce de venezolanos como migrantes sin documentación, como reacción a la consolidación del modelo autoritario del chavismo.

En Bogotá, este martes, el Consejo Nacional Electoral de Colombia anunció la apertura de una investigación y la presentación de cargos contra Petro por presuntas irregularidades en la campaña electoral de 2022, cuando fue electo en segunda vuelta.

Las autoridades electorales señalan, en concreto, a Gustavo Petro, a Ricardo Roa, gerente de la campaña, a Lucy Mogollón, tesorera, así como a los auditores. Se les acusa de “presunta vulneración del régimen de financiación de las campañas electorales”. Cifran la presunta vulneración en unos 3 millones de euros.

Se les acusa de omitir información sobre las aportaciones de distintos partidos y sindicatos, así como “pagos a testigos electorales” o gastos de propaganda electoral. De inmediato, Petro denunció esta decisión a la que señaló del “inicio” de un golpe de Estado, que según allegados al gobierno básicamente buscaría inhabilitarle políticamente al actual mandatario.

Ante tal crisis, que ha estallado justamente este martes en Bogotá, se ve improbable que el presidente Petro destine esfuerzos a la crisis de Venezuela, cuando lo que está en juego es su propia carrera política.

En Brasil, entretanto, se sigue haciendo análisis de las implicaciones de las elecciones municipales y del papel secundario que ha pasado a ocupar el histórico Partido de los Trabajadores (PT), la agrupación de origen sindical que Lula da Silva fundara en los 1980 y que tuvo un papel protagónico en varios momentos del retorno a la democracia en el país sudamericano.

El PT, en número total de votos, quedó en quinto lugar en las votaciones celebradas este domingo 6 de octubre. Agrupaciones conservadoras y liberales e incluso de centro quedaron por encima del partido fundado por el tres veces presidente de Brasil.

El Partido Liberal, del ex presidente Jair Bolsonaro, un archirrival de Lula da Silva, obtuvo casi el doble de votos que el PT, otrora referencia de la izquierda en América Latina.

Los análisis post electorales apuntan a que Lula da Silva deberá restar fuerza y tiempo al rol de líder global, que ha querido imprimirle a esta presidencia iniciada en enero de 2023, y enfocarse en la gestión nacional con énfasis en regiones y municipios que le rechazaron de forma amplia. Esto es crucial si finalmente decide buscar un nuevo período en las elecciones presidenciales de 2026.

La lógica política parece apuntar a que tanto Petro como Lula da Silva tienen urgencias domésticas, por encima de las demandas diplomáticas en torno a una crisis que envuelve a un país vecino.

Lo único diferente será, si se cumple, lo anunciado por los gobiernos de Brasil y Colombia en el marco de la reciente asamblea general de la ONU, en Nueva York. Bogotá y Brasilia hicieron saber que no reconocerán como legítimo a Maduro a partir del 10 de enero de 2025, a menos que éste pueda demostrar su victoria. Esto abrirá otro capítulo, inédito hasta ahora, en materia diplomática.

No hay indicios de que el chavismo vaya a presentar resultados desagregados del 28 de julio, tras haberse vencido todos los lapsos legales para ello, según la legislación de Venezuela.

Pero la declaración de ilegitimidad que puedan darle los otrora aliados, hay que tomarla con cautela, ya que en sí mismo una declaración de ese  tipo -incluso de gobiernos de izquierda- no generará un cambio dentro del chavismo y su lógica de poder en Venezuela. Tampoco Petro y Lula da Silva vendrán a salvarnos (a los venezolanos).