A dos años del incendio en estación de migrantes en Ciudad Juárez (México)

La muerte de 40 personas centroamericanas y venezolanas en un incendio ocurrido el 27 de marzo del 2023, hecho que ocurrió en un centro de detención migratoria bajo la administración del Estado mexicano en Ciudad Juárez, desnudó el fracaso de las políticas migratorias desarrolladas conjuntamente por Estados Unidos y México, ambas centradas en la detención y la disuasión, durante los gobiernos, entonces, del presidente estadounidense Joe Biden y del mexicano Andrés Manuel López Obrador. 

Las víctimas murieron en circunstancias evitables bajo custodia del gobierno mexicano, en un contexto en el que se les negó una vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos. En 2023, más de medio millón de personas (en su mayoría venezolanos) cruzaron la selva del Darién, siguieron por vía terrestre a través de América Central y México con el fin central de ingresar a territorio estadounidense.

Según los testimonios recabados después de este lamentable suceso, al comenzar el incendio los funcionarios y personal de seguridad dejaron encerradas a 68 personas, a pesar de estar obligados a proteger sus vidas. Este caso tuvo una alta repercusión nacional e internacional por su gravedad, pero no es un hecho aislado: el Instituto Nacional de Migración (INM) no había corregido -para entonces- las deplorables condiciones y prácticas en muchos de sus centros de detención.

Entre 2022 y 2023, asimismo, se hizo notorio que la política migratoria mexicana exhibía una creciente militarización, y la detención se usaba a gran escala como respuesta al incremento de la movilidad humana y a los acuerdos entre Estados Unidos y México para que este último frenara la migración hacia la frontera compartida.

Estados Unidos había acordado con México un retorno masivo de migrantes, de muy diversas nacionalidades, a territorio mexicano, dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad. El caso del albergue en Ciudad Juárez es un ejemplo de tal vulnerabilidad y la ausencia de medidas efectivas de protección por parte del Estado mexicano.

Víctimas

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República, entre las personas fallecidas y heridas hubo 28 guatemaltecas, 13 hondureñas, 12 venezolanas, 12 salvadoreñas, una ecuatoriana y una colombiana. Posteriormente, el gobierno de Guatemala confirmó que 18 personas oriundas de ese país centroamericano fallecieron. Asimismo, fallecieron 7 salvadoreños, 7 hondureños y un colombiano. En el caso de Venezuela, que nos ocupa, las autoridades venezolanas no dieron información sobre las víctimas. En total fallecieron 7 venezolanos y otros 5 resultaron heridos.

Los venezolanos fallecidos son:

1. Joel Alexander Leal Peña, de 20 años.
2. Orangel José López Guerrero, de 22 años.
3. Orlando José Maldonado Pérez, de 26 años.
4. Óscar José Regalado Silva, de 25 años.
5. Rafael Mendoza Mendoza, de 22 años.
6. Rannier Edelber Requena Infante, de 29 años. 7
7. Samuel José Marchena Guilarte, de 29 años.

No circuló información sobre los oficios y/o profesiones de las víctimas. De forma excepcional la madre de una de las víctimas decidió dar su testimonio a medios de prensa dentro de Venezuela.

“Mami, me agarraron preso. Estoy en migración”, fue lo último que escuchó Angie Milagros Infante de su hijo, a través de un mensaje de voz por WhatsApp, desde México. Después Rannier Elderber Requena Infante falleció en el incendio del 27 de marzo. Rannier, de 29 años de edad, tenía tres meses en México y trabajaba en un cine de esa localidad mexicana. Emigró de Venezuela para darle mejor calidad de vida a sus dos hijas, según el testimonio de su madre.

Migrantes en situación vulnerable

Tal como lo indicó la doctora Joselin Barja, experta mexicana en migración, la movilización masiva de venezolanos antes de la pandemia de la COVID-19, al menos la que llegaba a México, parecía tener mejores condiciones (económicas, sociales y educativas) para alcanzar su salida de México con rumbo a EEUU. De acuerdo con Barja, en el trienio 2021-2022-2023 se observó un flujo migratorio de ciudadanos venezolanos y venezolanas en condiciones de mucha precariedad y vulnerablidad.

En relación con el incendio ocurrido hace dos años, la reconocida organización de derechos humanos Amnistía Internacional, aseveró que los migrantes tuvieron una doble victimización, no sólo resultaron fallecidos y/o heridos en el incendio, sino que de inmediato la versión oficial del gobierno de México optó por responsabilizarlos de lo sucedido.

Dos años después no hay ningún resultado concreto ni sanción a los funcionarios mexicanos. La mejor manera de no adelantar una investigación, al parecer, es anunciar con bombos y platillos que se llegará al fondo del asunto.

De acuerdo con el testimonio del venezolano Eduard Caraballo López, uno de los sobrevivientes del incendio, dentro de las instalaciones había un clima de tensión. Varios migrantes protestaban por la falta de agua potable dentro de las celdas de reclusión y el clima se exacerbó porque los guardias amenazaban a los migrantes con llevarlos a Ciudad de México, con lo cual se alejaban de su objetivo de poder aplicar para el ingreso a Estados Unidos.

Un video de una cámara de seguridad del interior de la instalación de Ciudad Juárez mostró a unos guardias que salían caminando, cuando comenzó el incendio en la celda en la que estaban recluidos decenas de migrantes, sin hacer el más mínimo intento de liberarlos o de controlar el fuego.

El lamentable hecho tuvo lugar el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria ubicada en Ciudad Juárez, una ciudad mexicana ubicada en el estado de Chihuahua, siendo la ciudad más poblada del mismo y la cabecera del municipio de Juárez. Se encuentra asentada a orillas del río Bravo en la región noroeste de México. Es una ciudad fronteriza e industrial que colinda con El Paso (Texas, EEUU).