Adiós voto que te apagaste

La palabra “dictadura” se desliza con mayor facilidad por estos días para referirse al Gobierno venezolano. Quienes antes no la dejaban escapar de sus labios, ahora la enarbolan a mandíbula batiente. El partido Primero Justicia (PJ), por ejemplo, se aferraba a la categorización de gobierno “no democrático” para caracterizar a Hugo Chávez primero y a Nicolás Maduro después. Pero Julio Borges, ahora presidente de la Asamblea Nacional (AN), ya usa el término antes renegado. “El punto de inflexión es el voto”, asegura el diputado sobre el cambio refiriéndose a la suspensión del revocatorio, la postergación de las regionales y el desconocimiento al Parlamento electo por 14 millones de electores.
La pérdida del derecho al voto es acumulativa. Comenzó en tiempos de Hugo Chávez y se profundizó con Nicolás Maduro. «Claro que no es democrático, pero no basta con decirlo. No ha habido una posición pública firme para renovar sindicatos, federaciones, universidades», dice el politólogo Ricardo Sucre. A su juicio, el asunto toma revuelo «porque todo el mundo ahora siente que ya no habrá más elecciones. Eso es muy venezolano, quedarse dormido y luego querer activarse para resolver en una semana lo que no se ha hecho en varios años».
Félix Seijas Jr, presidente de la encuestadora Delphos, asegura que no hay, en este momento, escenario electoral alguno que el oficialismo pueda ganar. Entonces, se opta por evitarlo. «La única manera de que ocurran las elecciones es que el costo de hacerlas sea menor que no hacerlas». Coincide así con el diputado Freddy Guevara, miembros de Voluntad Popular, quien sostiene: «antes había que hacer elecciones para salir del gobierno y eso se invirtió: ahora hay que llevar al gobierno al borde de su salida para que haya elecciones».
María Corina Machado no titubea y se enfurece ante la idea una oposición remilgosa, pasiva. “Hay un sector que piensa que Maduro va a quedarse hasta 2019 —porque conviene que se siga deteriorando el chavismo, porque no hay fuerza para cambiarlo, porque hay que acumular fuerzas en los escenarios electorales intermedios—; y hay otro sector donde sentimos que sí tenemos la fuerza para un cambio ya». Guevara asegura que dentro de la Unidad hay partidos o liderazgos que abogan por un calendario electoral “normal” y por eso pide no confundir «un hito para un cambio, con el cambio. Estamos negados a que el foco de la oposición este año sea ganar las gobernaciones«.

El escenario «nica»
El año 2017 lucía como uno de dobles elecciones, regionales en deuda y municipales, pero llegado el mes de febrero aún no se han convocado formalmente ni unas ni otras. El retraso ha conducido a que la promesa de realizar las primeras en junio luzca cada vez más pálida. Fuentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informan a Clímax, bajo condición de anonimato, que lo planteado es que el proceso se concrete a finales de año, lo cual dejaría en veremos los comicios en las alcaldías pues, según la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales no pueden coincidir.
Otro dato lo aporta Eugenio Martínez, periodista y especialista en temas electorales. Afirma que debido al «desacato» de la AN, es Nicolás Maduro, con la venia del Poder Judicial, quien toma todas las decisiones en materia de presupuesto y créditos adicionales, enmarcado en la «emergencia económica». «Maduro solo aprobó el 11% del total de recursos que solicitó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para operar en 2017, por lo que la institución apenas tiene para su funcionamiento diario, pago de nómina, y en caso de unas elecciones se requiere de un crédito adicional cuya aprobación también recae en el Ejecutivo», explica. Añade que pasada la primera semana del mes de febrero, varias rectoras del CNE serán observadores en comicios de otros países, como Ecuador a mediados de mes por ejemplo, por lo que no estarán en Caracas para reunirse y acordar cronograma alguno.
Freddy Guevara alerta que un sector del chavismo estaría impulsando un escenario al estilo Nicaragua, donde Daniel Ortega se reeligió sin competencia real. «No habrá gobernaciones competitivas, al paso que vamos inhabilitan a Henrique Capriles -como ya otros abanderados lo están-, la mitad de nuestros candidatos están presos o en el exilio, ilegalizan a los partidos y terminaremos eligiendo entre candidatos de una oposición tolerada y los del gobierno».

El panorama partidista local es desolador. Tan solo cuatro partidos están legalmente vigentes: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), MUD, Puente y Gente —esos últimos inscritos luego de las parlamentarias de 2015. El resto de las toldas necesitan ir a un proceso de renovación, incluyendo a las oficialistas Redes, Partido Comunista, Tupamaro y otros. Las condiciones impuestas por la autoridad electoral hacen virtualmente imposible o, al menos sumamente complicado, cumplir con el cometido. Cada partido tendrá dos días para la recolección de manifestaciones de voluntad de sus simpatizantes, que deberán ser llevados hasta los puntos que el organismo decida para registrar su huella y no podrán apoyar a más de una tolda política. Es decir, 59 organizaciones solo tendrán 14 horas hábiles para recolectar el 0,5% del Registro Electoral en 12 estados con 390 máquinas. Un contraste con respecto a las primarias del PSUV cuando el CNE puso a disposición 4.800 máquinas durante una semana. Esta situación fue denunciada por el rector Luis Emilio Rondón quien además informó que salvó su voto y llamó a “corregir” estas decisiones que, a su juicio, priorizan un proceso administrativo a los derechos políticos de los venezolanos.
El 16 de enero, ya Juan Barreto decía en sus redes que la exigencia de renovación busca retrasar más un escenario electoral. «La democracia no puede ser sustituida por una medida administrativa. La existencia de un partido no tiene que ver con la cantidad de personas que militen en él, porque representan es a una corriente política».
Por si fuera poco, la propia tarjeta de la MUD está en jaque. Una espada de Damocles se cierne sobre «la manito» debido a la denuncia que, ante el Tribunal Supremo (TSJ), hiciera el alcalde Jorge Rodríguez pidiendo su anulación, con base en los mismos argumentos que condujeron a los tribunales penales de cinco estados a paralizar el proceso revocatorio: fraude en las firmas. De hecho, el 25 de enero el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, sentenció que «la presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año. Pero ojo, escuálidos, ustedes no tienen partido».
Desde las filas rojas, la posición es unitaria y cerrada: hay que esperar por los anuncios de las autoridades electorales y lo prioritario sigue siendo la economía, derrotar la «guerra económica». “El Partido Socialista Unido de Venezuela va a ir a elecciones cuando haya. Ahora, el PSUV tiene la prioridad de que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) funcionen, que el petróleo aumente y que la Agenda Económica Bolivariana mejore”, dijo el 27 de enero el diputado Héctor Rodríguez, jefe de bancada del partido oficial en la Asamblea Nacional.

Viene de atrás
El 20 de octubre de 2016 se suspendió el proceso para convocar a un referéndum revocatorio presidencial. Cinco tribunales penales ordenaron al Poder Electoral, de mayor jerarquía, paralizar la recolección de firmas. Por primera vez en la historia, unos tribunales regionales doblegaron a un Poder Público que, en teoría, es autónomo.
Dos días antes, ya el CNE había anunciado que las elecciones regionales quedarían reprogramadas para finales del primer semestre de 2017, dando una ñapa de gestión a los gobernadores actuales. La razón dada fue que la atención y el tiempo se consumieron ocupándose del revocatorio. La declaración dejó en evidencia que el organismo comicial no puede —o no quiere— atender procesos en paralelo. Un problema de gestión mayúsculo si se considera que el ente rige todos los procesos electorales de poderes públicos, gremios profesionales, sindicatos y partidos políticos, según la Constitución.
En el Estado se impone el principio de “continuidad administrativa”. Así ocurre en cinco entidades del país donde los gobernadores fueron reasignados a labores en el Ejecutivo y sus sillas cambiaron de ocupante sin que el pueblo dijera pío. Cojedes, Portuguesa, Barinas, Aragua y Sucre lucen mandatarios impuestos. Asimismo, hay municipios donde alcaldes opositores electos fueron sustituidos por otros rojos-rojitos: Délson Guárate en Mario Briceño Iragorry (Aragua), Lumay Barreto en Guasdualito (Apure) y Warner Jiménez en Maturín (Monagas).
Tal escenario no es pionero. En 2012 tocaba elegir a nuevos alcaldes junto a los gobernadores, pero en diciembre de 2010 se publicó la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales, que separó ambos comicios. Los alcaldes se mantuvieron en sus despachos por un año adicional, hasta las siguientes votaciones municipales cuando se renovaron también los concejos municipales, en mora desde 2009.
Más atrás, en 2004, se escogieron por última vez las juntas parroquiales. En 2009 correspondía sufragar por ellas, pero no ocurrió y pocos lo reclamaron. La reforma de la Ley del Poder Público Nacional publicada en 2010 eliminó esta figura establecida en la Constitución, y las sustituyó por los Consejos Comunales. Luego de varias diligencias ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE le informó al Frente Nacional de Juntas Parroquiales en 2014 que las instancias volverían a elegirse en 2015, según informó hace dos años a El Universal el abogado José Alberto Urquía. El Poder Electoral no cumplió.

Cómo recuperarlas
“Que vuelva a haber elecciones” es un grito o más bien una última exhalación de la democracia. “Depende del juego de la sociedad, de cómo se demanden, y no solo porque estén en la ley”, dice el politólogo Ricardo Sucre. A su juicio, en cualquiera de los escenarios, la presión debe avanzar, asumir las regionales como el camino realizar las primarias para tener candidatos y preguntar por los créditos adicionales. «Hay un punto que debe abordar el diálogo: es la construcción política de las elecciones. Si el gobierno las ve como subversivas, las va a evitar. El otro extremo es que sean decorativas: de ganar para no ejercer. Entre esos dos puntos hay que buscar una negociación. Los comicios van a depender de un diálogo porque no estamos en unas condiciones normales».
En la MUD aún deshojan la margarita. Dentro de la coalición creen que definir candidatos aún es temprano si la competencia será en diciembre de 2017. Otros creen que tener a 24 líderes regionales impulsando las votaciones puede aumentar la presión. Algunos más consideran que la exigencia debe ser hacia un escenario nacional: elecciones generales. La falta de acuerdo paraliza, o al menos ralentiza, las decisiones. Y, mientas tanto, Henrique Capriles sigue con el misterio: es el único gobernador de oposición que no ha manifestado su deseo de reelegirse o no, a pesar de que las elecciones debieron ser hace ya dos meses.


Las federaciones sindicales de Venezuela tienen 16 años sin renovar sus directivas. En 2001 fue la última gran elección de los trabajadores —aquella en la que Aristóbulo Istúriz salió derrotado en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) frente a Carlos Ortega. León Arismendi, abogado laboral y profesor universitario, explica que con la Constitución de 1999 se legalizó la intervención del Estado en asuntos sindicales que deberían ser independientes según normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Se dijo que el Estado iba a democratizar a los sindicatos, una aberración”.
Con la derrota del chavismo en la CTV y en buena parte de los espacios sindicales, el rojo optó por crear sus propias organizaciones. Nació la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) en 2003, la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público en 2004 (Fentrasep), la Central Socialista de Trabajadores en 2011, por ejemplo. Todas mantienen la directiva nombrada por Hugo Chávez. Nunca han sido legitimadas con votos. De hecho, la Unete ahora contraria al gobierno y su coordinadora nacional, Marcela Máspero, hasta milita en Voluntad Popular.
Las razones han sido múltiples. Algunas están paralizadas por decisiones judiciales, otras por requisitos incompletos, especialmente por incumplimiento del Estado en otorgar las listas de trabajadores-electores.
Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), añade: «el Gobierno impide elecciones porque saben que son sindicatos nacionales y van a perder rotundamente. Hay casos emblemáticos como el de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) —que preside Wills Rangel sin haber sido nunca electo— donde la plancha oficialista quiere que voten hasta los gerentes». El también integrante del Movimiento Laborista indica que «donde sí las permiten es en el magisterio, por ejemplo, donde hay nueve federaciones y discrecionalmente se permite que en alguna se realicen y luego discuten contrato con ellos, aunque afecte a todos los demás».
Que los trabajadores no puedan elegir a sus representantes trae como consecuencia que las negociaciones con los patronos no puedan avanzar, según una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). «La lógica aplicada es que los trabajadores van a presionar a la directiva para que hagan elecciones, pero el obstáculo no está allí sino en el Consejo Nacional Electoral (CNE)», detalla Arismendi.
En una federación magisterial, hace poco se propuso hacer comicios autónomos, sin participación del CNE. Flroilán Barrios dice que es viable porque el Convenio 87 de la OIT garantiza la autonomía, «pero no vale de nada esa fuerza en la calle porque el patrono no va a querer discutir nada, el ministerio no te va a reconocer y tampoco la Inspectoría del Trabajo. Lo sabe el diputado Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática (AD), quien, entre bocanadas de cigarrillo, ríe ante la propuesta: «no vale de nada, chico, no los van a reconocer», y hace un paralelismo con el voto para cargos públicos. «El país no está para saludos a la bandera», asegura.

«Difiero de la reelección indefinida. En las universidades queremos ir a elecciones». Lo dijo la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, en mayo de 2016 cuando casi cumplía un segundo período completo —de pura ñapa— al frente de la institución. Electa en 2008, debía entregar el cargo en 2012 pero un año antes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bloqueó las elecciones decanales y luego las rectorales.
La Constitución y la Ley de Universidades establecen la autonomía para las casas de educación superior, pero en 2009 se promulgó una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) que, en su artículo 34, prescribe un concepto de comunidad universitaria que incluye a empleados, obreros y profesores instructores —el voto habitual es para profesores de carrera y estudiantes, a relación de 4 a 1—, en base a lo cual la Sala Electoral del TSJ ordenó a la UCV adaptar su reglamento electoral para que todo el mundo pueda votar. Entonces, la profesora Gisela Kozak reaccionaba en un escrito de 2011 explicando que tal discusión no ocurre en la Unefa ni en la Universidad Bolivariana, donde nunca hay elecciones, ni «tampoco se está debatiendo si soldados y bedeles de las fuerzas armadas pueden escoger a los generales ni si los operarios, gerentes y porteros de Pdvsa deben o no elegir al presidente de la empresa».
Un documento de Manuel Rachadell, director de la Oficina Central de Asesoría Jurídica de la UCV, de fecha 5 de noviembre de 2012, asegura que el asunto espera una decisión de la Sala Constitucional a una solicitud introducida por la propia casa de estudios para definir el marco jurídico de los sistemas electorales universitarios, que debía incluirse en la Ley del Subsistema de Educación Universitaria, nunca discutida por la Asamblea Nacional. Según fuentes de la FAPUV, la sentencia estaría lista, pendiente de publicación y retenida por la presidenta de la Sala, pero con un fallo: ratificaría la noción de comunidad universitaria establecida en la Constitución y en la Ley de Universidades, según una supuesta conversación que sostuviera la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, representante profesoral, con el magistrado Francisco Carrasquero hace más de dos años.
La suspensión de elecciones no es solo en la UCV. De 12 universidades nacionales autónomas y experimentales que eligen autoridades, nueve tienen procesos electorales vencidos y en mora, siempre por decisiones judiciales. Así como las universidades del Zulia, Carabobo, Los Andes y Central de Venezuela debieron celebrar votaciones en 2012, las universidades Nacional Experimental Politécnica (Unexpo), Centroocidental Lisandro Alvarado (UCLA), Nacional Experimental del Táchira (UNET), Nacional Experimental Libertador (UPEL) y la de Oriente (UDO) tienen hasta seis años con los comicios suspendidos.
Este miércoles 15 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones estudiantiles de la UCV pautadas para el viernes 17 de febrero. La medida de la Sala Electoral se tomó luego de que el TSJ recibió una solicitud de medida cautelar por parte de cuatro estudiantes que alegan “incongruencias entre el cronograma de evento electoral y los cronogramas de inscripción e inicio de actividades”.

Recibimos a esta hora noticia de que el TSJ suspende nuestras elecciones en la UCV, violando nuestros derechos y la autonomía universitaria pic.twitter.com/BKPH3eiLps

— Hasler Iglesias (@HaslerIglesias) February 15, 2017

#Dictadura anula los procesos electorales por PÁNICO a ser barrida – TSJ suspende elecciones estudiantiles #UCV pic.twitter.com/5PSwj3d16J
— Sairam Rivas (@SairamRivas) February 15, 2017

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