El Junquito le vendió el alma al hampa

Los moradores de Loma Andina en El Junquito, hartos de tanto ultraje delincuencial, columbraron una idea: pagar 2000 mil bolívares a malhechores por su seguridad. Con el tiempo, lo que consideraron paliativo o cura contra la hemorragia sanguínea, salió paticojo: los delitos persisten y muchos se quejan por el dinero que no tienen y deben entregar. Una medida desesperada que demuestra el deterioro social 

El Junquito le vendió el alma al hampa

Una madrugada del mes de agosto fue crucial para los habitantes del sector Loma Andina ubicado en el kilómetro 4 de El Junquito —zona que dio cobijo a desplazados de los estados Táchira y Mérida que llegaron a Caracas en busca de calidad de vida hace más de veinte años. Muy temprano unos delincuentes sometieron a un conductor de transporte público, de esos “yipseros” que salen a trabajar a las cuatro y media de la mañana. Lo robaron y no conformes también lo mataron.
Los residentes se quedaron varados ese día por el paro de transporte que hubo cuando la mala noticia se regó. Ya esa zona, de unos 2500 habitantes aproximadamente, estaba atravesando momentos críticos: asaltos, hurtos y asesinatos se cometían con frecuencia. Un pedacito más del mapa venezolano donde la seguridad se ha espantado. Existía una guerra entre bandas enemigas y los más afectados eran los ciudadanos comunes.
En septiembre de 2016 se concretó un acuerdo que sorprendió a muchos. Los cinco Consejos Comunales de la zona se unieron en asamblea para discutir el tema de la inseguridad campante. Tras la deliberación, acordaron reformular los conocidos Comités de Seguridad. Ya los miembros de esos grupos no serían los vecinos, sino los malandros de la zona. A ellos les confiaron la nueva etapa de la seguridad, porque varios de sus familiares eran parte de las organizaciones vecinales. Una propuesta que tenía un sentido claro: utilizar al pariente delincuente y protegerlo. El efecto ganar-ganar.
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Como se aplicaron las prácticas democráticas, la mayoría votó a favor. No hubo pataleo del resto, solo quejas y murmullos, a los que no faltaron las frases “si no te gusta, no te queda otra opción”, “prefieres que te maten o te cuiden”, y así muchas más.
Pero la decisión vino acompañada de un articulado. Había que cumplir tres normas específicas: cada familia debe cancelar los 19 de cada mes una cuota de Bs. 1000 al Comité, notificar vía mensaje de texto la presencia de alguna situación extraña y el ingreso de comisiones policiales al barrio —habilitaron tres números telefónicos para tal fin—. Por último: está terminantemente prohibido hablar de esta organización. Si se incumple esta normativa, aténgase a las consecuencias.
Una bofetada de realidad recibió cada integrante de las 500 familias que allí habitan. Cuando se dio el “ejecútese”, los malandros se comprometieron a mantener la zona limpia de delitos y, a su vez, a garantizar la tranquilidad del barrio. Un ejército interno que vigila todas las entradas y salidas.
En principio comenzaron a cobrar mil bolívares por casa, pero la cuota sufrió un 100% de aumento en noviembre. La inflación hizo su trabajo también. “Un representante del Consejo Comunal pasaba casa por casa cobrando el dinero y anotando en un cuaderno. Siempre iba con un malandro de la zona que aseguraba que el pago se hacía. No se dejaba ver y usaba gorra. Cuando la cuota subió a dos mil bolívares comenzaron a ir solo los malandros a cobrar. Uno no sabe para qué es ese dinero, y tampoco pregunta por miedo”, declara un habitante de la zona que pide anonimato. Para él no es fácil tener que enfrentar esta situación. “Ahora tengo que disponer de ese dinero mensual sin derecho a reclamar. Aquí toman decisiones sin importar lo que a uno le esté pasando en su casa”, cuenta.
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Y es que no solo en esa vivienda la necesidad y la crisis económica golpean, sino en muchas. Pero violar la norma es peligroso. Otro vecino comentó: “Mire, apenas yo cobro mi quincena aparto esa plata y la escondo”. Pero más allá de los Comités, los vecinos dicen que persiste la inseguridad. “Ahorita no ha habido asesinatos, pero tampoco era que los malandros de aquí mataban a su misma gente, eran ladrones de otros sectores que se metían a joder, secuestraban a los choferes y les robaban el carro y demás. Nosotros salimos con el mismo miedo de siempre, porque para robar a uno no hace falta que esté adentro o afuera del barrio”, dicen.
Salir de Loma Andina no significa estar seguro. Para prueba un botón más de abuso: los delincuentes abordan las unidades de transporte que cubren la ruta desde La Yaguara y asaltan a todos. “Al final quién nos garantiza la vida y que no nos pase nada. Esto es la ciencia de lo absurdo, pero uno no puede decir ni pío porque lo atacan. De verdad que esto no es vida”, orean parroquianos.
Para el experto en investigación policial, comisario Leopoldo Salcedo, este tipo de prácticas ha surgido por la mala interpretación de las leyes. A su juicio, siempre ha existido la figura de las organizaciones vecinales que, en teoría, buscan mejorar la calidad de vida en los sectores. “Esto demuestra cómo se ha desdibujado la figura de los Consejos Comunales. Ciertamente existe un Comité de Seguridad local que debería tener enlace con las policías y lograr la prevención del delito, buscar soluciones efectivas y respuesta inmediata ante una situación difícil, pero que lo usen como elemento de choque contra las policías es aberrante”, refiere el funcionario.
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La falta de compromiso, la ausencia de políticas de Estado y la mala distribución de funciones en los policías son elementos que dan pie para que sectores como Loma Andina sean rebeldes ante la seguridad. Así opina el comisario jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y fundador de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Luis Rodríguez Vieira. “Necesitamos la imposición de normas que permitan educar en valores, rescatar lo perdido y garantizar una estabilidad social en todo sentido. Todo esto que estamos padeciendo es consecuencia de la desviación policial”, refiere el exfuncionario.
Mientras tanto en Loma Andina ya no hay redes ni teléfonos de contacto entre vecinos y malandros. Los eliminaron porque “los miembros del comité cambian mucho de número”. A cada familia le notificaron cuando el 19 de noviembre tocaron la puerta para cobrar los dos mil bolívares de la cuota que les garantiza que no les pase nada, al menos dentro del barrio.]]>