El año que vivimos peligrosamente (sin democracia)

El 28 de marzo de 2017, como se dice entre gallos y medianoche, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con magistrados cuyo nombramiento fue ilegítimo, dictó un par de sentencias para adjudicarse las funciones de la Asamblea Nacional. Esta fue la gota que derramó el vaso.
El 30 de marzo la entonces aliada del régimen en su rol de fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció lo que sin duda era un golpe desde el Estado para terminar de socavar el sistema democrático plasmado tanto en las constituciones de 1961 como de 1999: la división de poderes.
Con sus sentencias 155 y 156, el TSJ se jugó a Rosalinda, como se suele decir, tras un largo período en el cual fue dinamitando (despacito) la institucionalidad de la Asamblea Nacional, una vez que el parlamento unicameral pasó a ser dominado por la oposición democrática, gracias al triunfo contundente en las urnas del 6 de diciembre de 2015.
Ya no se trataba de desconocer una ley aprobada por la AN o de maniatar a un grupo de diputados (como ocurrió con los legisladores del estado Amazonas), sino de tomar el todo por el todo. Aquellas sentencias sencillamente anulaban por completo a la AN, que por la vía de los hechos ha terminado siendo el único espacio institucional reconocido por la comunidad internacional.
Sí se asume cabalmente el significado y la implicación de las sentencias de fines de marzo de 2017, del espurio TSJ, entonces puede comprenderse lo que vino después en Venezuela.

La ruptura de Luisa Ortega con el régimen tuvo una enorme repercusión, especialmente internacional. En mi opinión, la causa democrática necesita de todo el apoyo, incluso de figuras como la ex fiscal. Cuando Venezuela tenga un verdadero estado de derecho y una justicia independiente tocará sentar en el banquillo y establecer responsabilidades, sin revanchismo, por las acciones y decisiones que éstas figuras hayan tomado violando los derechos humanos.
Si bien el TSJ reculó con las dos sentencias, dejó en claro el tablero en el cual el régimen pasaría a jugar después: represión, muerte, imposición de una ilegitima asamblea constituyente, implosión de la oposición democrática, falseamiento de la voluntad popular y se podría escribir un largo etcétera.
Sí se entienden las sentencias del TSJ como una suerte de estocada, lo que vino luego era la consecuencia natural de haber perdido el último eslabón democrático.
Un año después la llamada comunidad internacional pasó a entender cabalmente la naturaleza autoritaria y corrupta del régimen venezolano, y la respuesta ha sido un conjunto de sanciones sin precedentes tanto de países americanos como europeos. Las más recientes han sido decisiones de países considerados como paraísos fiscales:

Suiza y Panamá, con lo cual va creciendo el cerco sobre la cúpula oficial y sus familiares.
Internamente, sin embargo, el gobierno ha sido eficaz a lo largo de este año. La crisis económica y social ha hecho a las mayorías más dependientes de las dádivas oficiales, y por tanto se le facilita el control político.
Al mismo tiempo hoy tenemos una dirigencia opositora desunida en objetivos estratégicos, desarticulada en su capacidad de movilización, y -lo más grave- desconectada del pueblo, que vive y sufre en esta hora de debacle nacional.
En los últimos 12 meses hemos vivido peligrosamente (sin democracia). Tal vez sean nuestros primeros pasos en la noche de la dictadura. ¿Una larga noche de sombras? Yo personalmente espero que no, pero bajo el signo de la incertidumbre en verdad cualquier cosa podría ocurrir. Es éste un tiempo decisivo.]]>