Defensores de derechos humanos bajo fuego del chavismo en Venezuela

En Venezuela los defensores de los derechos humanos están entre las primeras víctimas de hostigamiento, amenazas y uso del sistema de justicia penal contra la libertad. En octubre se documentaron 73 nuevas agresiones, denuncia ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

Defensores de derechos humanos bajo fuego del chavismo en Venezuela

La intimidación, el hostigamiento y las amenazas contra quienes defienden  y exigen el cumplimiento de derechos humanos  universales en Venezuela se intensificaron en las últimas semanas, reportó el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

Solamente en octubre hubo 73 nuevas violaciones en contra de activistas, en medio de una escalada en la política oficial de criminalización, represión y control social ejercida por el Estado venezolano.

“Octubre reflejó que las personas que se encuentran en primera línea de acción promoviendo, defendiendo y exigiendo derechos humanos en el país siguen enfrentándose a un contexto hostil que los expone a graves riesgos”, recoge el informe.

Las restricciones del espacio cívico y democrático, las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de la violencia institucional siguen afectando el libre ejercicio de actividades de índole humanitario o en este campo, agrega.

El uso del derecho penal, con énfasis en delitos asociados al terrorismo y la delincuencia organizada, sumado al represalias hostigamiento judicial aumenta como uno de los mecanismos de represalia por documentar, denunciar y visibilizar la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Las agresiones aumentan en la medida que el Estado, de conformidad con la Lógica del Enemigo Interno criminaliza a quienes le demandan el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La Política de Criminalización, represión y control social del Estado siguen limitando la operatividad de las organizaciones y como consecuencia la estigmatización, la intimidación, el hostigamiento y las amenazas incrementan.

Números preocupantes

La Estigmatización y el calificativo de “enemigos, traidores de la patria, agentes desestabilizadores”, entre otros, siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos.

Estos discursos, alientan actos violentos y han conllevado a la materialización de agresiones más graves en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas.

La defensa de derechos humanos permanece bajo el ataque del Estado. Los esfuerzos para criminalizar a las organizaciones y personas defensoras continúan y se profundizan conforme avanza el cierre del espacio cívico y democrático. Desde el CDJ alertamos sobre el perfeccionamiento los patrones de agresión y de ataque que hacen parte de la Política sistemática de Criminalización.

El entorno para la defensa y exigencia de derechos humanos sigue siendo adverso y hostil para quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela.

Mecanismos sofisticados

Los 73 ataques e incidentes documentadas en el mes de octubre demuestran que el Estado sigue situando a las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil como Enemigos Internos que deben ser “neutralizados” y en consecuencia perfecciona los mecanismos represivos para limitar y afectar su accionar.

Octubre se presenta como uno de los meses con mayor número de agresiones documentadas en lo que va de año. Las situaciones registradas evidenciaron un nuevo pico de aumento de los ataques e incidentes y la naturaleza de los mismos, evidencia que el Estado continúa perfeccionando sus esfuerzos de amedrentar, intimidar y criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos.

Defender derechos humanos no es un delito, y quienes ejercen esa labor, lejos de ser enemigos son actores esenciales para la sociedad, en consecuencia, es imperativo la construcción de entornos propicios y seguros para el desarrollo de su labor.

En un contexto como el venezolano de Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis de derechos humanos amerita una respuesta efectiva ante la inacción y mala gestión pública de las autoridades, recalca la ONG.

 

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