Amnistía Internacional denuncia 2.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Tortura, juicios ilegales, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, criminalización de la disidencia y de la defensa de los derechos humanos. La larga lista de delitos cometidos por el Estado contra los habitantes de Venezuela está recogida en el informe anual 2021/21 que publica la organización Amnistía Internacional. La crisis humanitaria empeoró, con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema. La pandemia de covid-19 agravó todo este cuadro.
Amnistía Internacional, una de las principales ONG de defensa de los Derechos Humanos en el mundo, denuncia en su informe anual 2020/21 que Venezuela está entre los países del mundo con más violaciones de todo tipo. En la lista de alertas globales por diversas razones destacan Estados Unidos, China, Brasil, Etiopia, Bielorusia, Turquía, India e Israel.
Noticias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro, a lo largo del año, son las principales denuncias de violaciones a las Derechos Humanos en Venezuela, recopiladas por Amnistía Internacional (AI).
Las medidas represivas incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente. Defensores de los derechos humanos sufrían estigmatización y encontraban dificultades para llevar a cabo su labor.
Ejecuciones extrajudiciales
También menciona los informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Según informes recibidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al menos 2.000 personas murieron en el país en el contexto de las operaciones de seguridad que tuvieron lugar entre el 1 de enero y septiembre.
Hasta junio, el Comité de Derechos Humanos del estado de Zulia había registrado 377 muertes, al parecer a consecuencia de la violencia ejercida por estas fuerzas policiales en ese estado.
Las víctimas fueron principalmente hombres jóvenes que vivían en barrios de bajos ingresos y que, según afirmaban las autoridades, habían sido detenidos de forma arbitraria en circunstancias relacionadas con enfrentamientos con la policía.
Esta foto se ha convertido en la imagen de los asesinatos extrajudiciales que a diario son denunciados en Venezuela. Amnistía Internacional reseña al menos 2.000 entre enero y septiembre.
El podio de la violencia
«Jamaica fue el país más violento de América Latina y el Caribe el año pasado (con una tasa de homicidio de 46,5 por cada 100.000 habitantes), seguido de Venezuela (45,6) y Honduras (37,6)», señala el informe de Amnistía, que en este apartado cita datos de InSight Crime.
La pandemia como aliada
La crisis humanitaria empeoró, con una escasez generalizada de servicios y unos elevados índices de pobreza extrema, advierte.
La pandemia de covid-19 agravó tanto esta situación como el deterioro progresivo de la infraestructura del servicio de salud.
«La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la ONU, determinó que existían motivos razonables para creer que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad desde 2014 y que el presidente Maduro y altos cargos militares y ministeriales habían ordenado los crímenes documentados en el informe que presentó, o habían contribuido a su comisión».
El informe anual 2020/21 de Amnistía Internacional recoge graves denuncias sobre la situación de los Derechos Humanos en la Venezuela del chavismo.
Detención arbitraria
La detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia.
Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, hasta octubre se habían registrado 413 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones.
Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero.
Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia.
Presos a los caprichos de los carceleros
«Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los períodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento en las etapas iniciales de la reclusión, lo que dejaba a las personas detenidas más expuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Entre algunos casos más significativos, menciona las detenciones ilegales de los diputados Renzo Prieto y Gilber Caro, a manos de las FAES en marzo de 2020 y diciembre de 2019, respectivamente. Ambos sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada.
Maduro indultó el 31 de agosto a 110 personas que habían sido criminalizadas, entre ellas Renzo Prieto, Gilber Caro y Maury Carrero. En los días siguientes y durante el resto del año se llevaron a cabo nuevas detenciones arbitrarias.
Entre los detenidos figuraba Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Popular, en prisión desde octubre.
Tortura y otros malos tratos
Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias.
La misión de la ONU de Determinación de los Hechos Sobre Venezuela «documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual».
También informó «sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM».
Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, que quedaron impunes.
Impunidad
La impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional seguía siendo la norma.
La OACNUDH (Misión de la ONU) publicó en julio un informe sobre la independencia judicial y el acceso a la justicia en el que se concluía que las víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a obstáculos estructurales, especialmente la ausencia de independencia judicial, recuerdas Amnistía.
En septiembre, el Ministerio Público anunció que 565 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían sido acusados de violaciones de derechos humanos cometidas desde agosto de 2017.
Juicios injustos
Seguían utilizándose juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a las del gobierno de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles o personal militar retirado.
Rubén González, preso de conciencia y líder sindicalista detenido en 2018 que cumplía una condena impuesta en un juicio injusto al que lo había sometido un tribunal militar, quedó en libertad en el marco del indulto del 31 de agosto.
Escrutinio internacional
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro por eludir el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en Venezuela.
Continuó el monitoreo de la situación del país a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) creado por la Comisión Interamericana.
La OACNUDH mantuvo un equipo de dos oficiales en el terreno, y en septiembre anunció el refuerzo de su presencia en el país y se comprometió a que tres procedimientos especiales visitarían Venezuela en 2021.
La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hizo público en septiembre su primer informe.
«En él se afirmaba que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas habían planificado y llevado a cabo desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales —como las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura— eran constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y que existían motivos razonables para creer que el presidente Maduro y parte de su gabinete ministerial habían ordenado los delitos documentados en el informe, o habían contribuido a ellos».
La República que Tortura es una nueva serie documental hecha por TalCual Digital sobre estos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. (Imagen Weill).
Represión de la disidencia
La política de represión para acallar la disidencia y controlar a la población continuó y se intensificó durante la pandemia de COVID-19 y en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre.
Los miembros de la Asamblea Nacional sufrían un patrón de represión que incluía la detención arbitraria, el uso indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias.
Continuó sometiéndose a presos de conciencia a restricciones graves y enjuiciamientos.
El sistema judicial seguía instrumentalizándose políticamente contra la disidencia, lo que incluía dictar sentencias contra los partidos políticos que criticaban al gobierno.
Libertad de reunión
Amnistía reseña que las restricciones a la libertad de reunión pacífica y de asociación seguían siendo práctica habitual.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hasta noviembre se habían registrado más de 9.000 protestas provocadas por diversas cuestiones como, por ejemplo, la falta de asistencia médica durante la pandemia de COVID-19, los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de los fondos de ayuda alimentaria y la carencia de servicios básicos (incluido el combustible). Unas 402 de estas protestas recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército o grupos armados progubernamentales, que causaron la muerte de 6 manifestantes y lesiones a otros 149.
Libertad de expresión
Amnistía cita a la organización de la sociedad civil Espacio Público para referir que entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas. Esto incluyó intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.
Andres Eloy Nieves Zacarías, asesinado por la Faes en su sitio de trabajo. Foto: CortesíaEl Ministerio Público puso en marcha una investigación sobre la posible ejecución extrajudicial de los dos hombres y se dictó una orden de detención contra seis agentes de las FAES.
Darvinson Rojas, periodista y preso de conciencia, fue detenido de forma arbitraria por difundir información sobre la covid-19. Quedó en libertad al cabo de 12 días, pero siguió sometido a restricciones y actuaciones penales.
El periodista y preso de conciencia Luis Carlos Díaz también siguió sometido a graves restricciones e investigación penal, reseña Amnistía.
Defensores de los derechos humanos
Las defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio de su labor. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de un centenar de ataques —que incluían actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias— contra defensoras de los derechos humanos.
En agosto, la organización humanitaria Acción Solidaria fue asaltada por agentes de las FAES y ocho personas permanecieron detenidas durante varias horas.
Vanessa Rosales, defensora de los derechos humanos en el estado de Mérida, fue detenida de manera arbitraria en octubre por orientar a una niña de 13 años que estaba embarazada como consecuencia de una violación sobre los procedimientos para poner fin a la gestación.
Hubo profesionales de la salud y periodistas que informaban sobre la pandemia de covid-19 que sufrieron hostigamiento y amenazas. Algunos fueron acusados de incitar al odio.
Represión en ambiente covid-19
El número de personas venezolanas refugiadas y migrantes que huían a otros países en busca de protección internacional seguía aumentando, y llegó a 5,4 millones al concluir el año.
«Las autoridades restringieron la entrada a Venezuela durante la pandemia de covid-19 a un máximo de entre 100 y 300 personas al día, limitando así la entrada y salida de nacionales del país. Muchas de las personas que deseaban regresar habían sido excluidas de las medidas de asistencia de los países de acogida durante la pandemia. Se criminalizó y estigmatizó a quienes trataban de entrar en Venezuela por vías irregulares».
Hasta agosto, según informes oficiales, 90.000 personas que regresaron a Venezuela habían pasado por los centros estatales conocidos como “PASI” (Punto de Atención Social Integral) para cumplir la cuarentena obligatoria. Así, la cuarentena obligatoria bajo custodia del Estado fue un ejemplo de la respuesta represiva a la covid-19.
Sin embargo, estos centros seguían procedimientos arbitrarios y militarizados que daban lugar a medidas punitivas y represivas, y no daban prioridad a la atención médica y la prevención del contagio.
Amnistía reseña que las condiciones de los PASI eran precarias y, en muchos casos, incumplían los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, reporta Amnistía.
Se tuvo información de que los centros, por ejemplo, carecían de agua potable, alimentación adecuada y acceso a asistencia médica. El tiempo que las personas permanecían recluidas era en muchos casos arbitrario y no se basaba en criterios objetivos, lo que unido a las inadecuadas condiciones de los centros de cuarentena estatales podía constituir malos tratos y detención arbitraria.
Los PASI, sitios de reclusión obligatoria en la frontera, son lugares de hacinamiento y falta de condiciones adecuadas de salubridad, según las denuncias de migrantes retornados.
Emergencia humanitaria
La emergencia humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes —como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos— se vieron agravadas por la covid-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia.
En julio, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela señaló que se necesitaban 762,5 millones de dólares estadounidenses para proporcionar ayuda humanitaria a 4,5 millones de personas.
Según Acción Solidaria, 10 millones de personas quedaron sin recibir asistencia médica para trastornos y enfermedades tales como hipertensión, diabetes, mal de Parkinson, cáncer o malaria.
A pesar de la recomendación de la OACNUDH y la insistencia de la sociedad civil, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) no obtuvo autorización para acceder al país.
Las medidas económicas —como el limitado aumento del salario mínimo a 1,71 dólares estadounidenses mensuales— intensificaron la acuciante situación económica, y al finalizar el año la hiperinflación estaba descontrolada.
El sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos creó dificultades para acceder a bienes y servicios en Venezuela, recuerda Amnistía.
Derecho a la salud
Los servicios de salud continuaron deteriorándose. La escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó. La respuesta del Estado a la COVID-19 se vio gravemente afectada por la falta de acceso a servicios de salud adecuados.
El personal médico y de salud no disponía de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19. Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas. «También preocupaba la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas a la covid-19» observa Amnistía en su duro informe anual.
Se tuvo información de que los servicios públicos de salud no atendían adecuadamente a las mujeres embarazadas sospechosas de tener COVID-19.
Derecho a la alimentación
En mayo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) informó de que la canasta básica familiar mensual —la relación de alimentos básicos que se consideraban necesarios para una familia venezolana promedio— costaba 513,77 dólares estadounidenses. En agosto, la misma organización denunció que sería preciso tener ingresos 184 veces superiores al salario mínimo para cubrir la canasta básica mensual.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) informó de que el 96% de los hogares venezolanos estaba en situación de pobreza, y el 79% en situación de pobreza extrema e incapacidad de cubrir la cesta básica de alimentos.
En febrero, el PMA informó de que el 7,9% de la población venezolana sufría inseguridad alimentaria grave, el 24% (7 millones de personas) padecía inseguridad alimentaria moderada, y una de cada tres personas carecía de seguridad alimentaria y necesitaba asistencia. Esta situación se consideraba una de las 10 peores crisis alimentarias del mundo.
Los sistemas de distribución de alimentos, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), seguían sin cubrir las necesidades nutricionales de la población y funcionaban con arreglo a criterios políticos discriminatorios.
Derecho al agua
Los problemas de suministro de agua potable y servicios de saneamiento continuaron y se agravaron, lo que afectaba a las condiciones de vida y elevaba el riesgo de contagio de covid, recuerda Amnistía.
Persistían las muertes bajo custodia y la ausencia de investigaciones al respecto. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, entre enero y junio se registraron 118 muertes bajo custodia.
El grave hacinamiento y las condiciones de insalubridad de las prisiones incrementaban el riesgo de contagio de COVID-19 para la población reclusa.
El Observatorio Venezolano de Prisiones informó en mayo de que 46 personas detenidas habían muerto a causa de la violencia desatada en el Centro Penitenciario Los Llanos (CEPELLA) de la ciudad de Guanare (estado de Portuguesa). El Ministerio Público abrió una investigación, pero al finalizar el año no se tenía constancia de progreso alguno.
Derechos de los pueblos indígenas
Amnistía también le dedica un pasaje a los derechos de los pueblos indígenas seguían viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país.
Según la OACNUDH, los elevados índices de explotación laboral, trata de personas y violencia se debían a un sistema de corrupción y soborno por parte de grupos delictivos que controlaban las minas y que operaban un sistema de sobornos a altos mandos militares.
Sectores del mundo cultural, académico, laboral, empresarial, gremial y de la sociedad civil del céntrico estado Carabobo presentaron este lunes 4 de septiembre un manifiesto en el que solicitan amnistía general para los presos políticos en Venezuela.
Todos los informes evidencian los daños a la dignidad que se siguen perpetrando en Venezuela y que, por inadvertidos o poco visibilizados, se vuelven normalidad en la nueva realidad. 41 recomendaciones es el total de estas publicaciones. Seguirlas es el reto
Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que existe una "violencia armada endémica" en Venezuela que ha provocado un aumento de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Estado y que está especialmente dirigida hacia los jóvenes en situación de vulnerabilidad"Las políticas y acciones del Gobierno criminalizan y matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza, en un contexto creciente de inseguridad en el país y desesperación de la población", denunció el director de la organización en España, Esteban Beltrán, en una conferencia de prensa en Buenos Aires.Allí presentó el informe "Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", que denuncia las violaciones de derechos humanos y la represión ejercidas por el Estado de ese país contra la población más vulnerable.Según dijo, aproximadamente el 55 % de los 21.752 homicidios cometidos en 2016 fueron contra personas de entre 15 y 30 años, una tendencia que lleva varios años manteniéndose."Los que mueren son jóvenes en zonas deprimidas y pobres" que son vistos como "enemigos a erradicar, delincuentes," y lo hacen en un contexto de inseguridad "enorme", ya que, solo en 2016, entre 65.000 y 87.000 venezolanos fueron víctimas de la violencia armada en el país.La organización apuntó que, desde 2016, 11 de los 19 ministros de seguridad ciudadana en el país caribeño han sido integrantes de las fuerzas armadas, una "lógica militar" que, para Beltrán, ha ocasionado "detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".Esto se une al "fracaso" de las políticas públicas de seguridad, ya que, en los últimos 20 años, se han articulado 17 planes en ese sentido pero, de ellos, las únicas medidas que se han implementado son las "represivas" y "nunca las de carácter preventivo y de largo plazo", señaló el referente de la organización en España.A su juicio, "de esta política de corto plazo, de violencia responde a la violencia" es lo que ha generado "una violencia armada endémica"."Todo este contexto podría avanzar hacia delante si hubiera responsables llevados ante la Justicia: no es el caso de Venezuela", aseguró al contar que la impunidad de los homicidios es del 90 % y en el caso de violaciones de derechos humanos asciende al 92 %.Para él, esto perpetúa un círculo vicioso "en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima y se sigue adelante con una nueva ejecución extrajudicial".Al presentar el informe, tanto Beltrán como la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, Mariana Fontoura Marques, hicieron hincapié en las dificultades que tuvo la organización para acceder a datos oficiales fiables y recientes.Por ese motivo, además de en informes y publicaciones, agencias estatales y manuales de procedimientos policiales, la investigación estuvo basada en datos de organizaciones civiles e internacionales, consultas a expertos y entrevistas con 17 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.Fontoura Marqués afirmó que el resultado es un documento que muestra la "alarmante regresión en materia de derechos humanos" y la crisis humanitaria que sufre Venezuela, donde el 87 % de la población se encuentra en situación de pobreza y hay un "desabastecimiento generalizado" de medicamentos, alimentos y tratamientos médicos.Asimismo, denunció que todo ello ha generado "una de las crisis de magnitudes más grandes en materia de la problemática de migración forzada" en América Latina, ya que, según datos de Naciones Unidas, ya hay 2,3 millones de venezolanos fuera de su país.Fontoura Marques hizo hincapié en la "obligación" que tienen los Estados de dar acceso a estas personas al sistema internacional de protección y pidió que se "remueva cualquier tipo de obstáculo y de barrera" para que puedan acceder a servicios públicos fundamentales como la sanidad.Con ella coincidió Beltrán, quien advirtió de que cuando las violaciones de derechos humanos son "tan comunes", esto hace que la sociedad se "acostumbre", por lo que la comunidad internacional debe prestar "más atención" a lo que está ocurriendo y ejercer "más presión" sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.También señaló que el país caribeño comparte con Siria y El Salvador el "dudoso honor" de tener las cifras de homicidios más altas del mundo, al registrar una tasa de 87 por cada 100.000 habitantes.Estamos asistiendo a "un desastre de derechos humanos en directo", sentenció.
