Un gobierno puede equivocarse, pero solo ha fracasado cuando empieza a culpar a otros de sus propios errores. En los supuestos del Decreto de Emergencia Económica se afirma erróneamente que “las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo”.
Esta interpretación ignora el comportamiento cíclico de los precios del petróleo, cuya causa esencialmente se debe al curso de la economía mundial, al desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al desarrollo de nuevos tipos de petróleo, así como a las tensiones bélicas en los países del Medio Oriente.
Lo que está “afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” es la falta de previsión. Creer que los precios del petróleo siempre seguirían subiendo llevó a crear fondos para gastar todo el ingreso petrolero, en lugar de alimentar el Fondo de Estabilización Macroeconómica, tal como lo ordena el artículo 321 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Noruega, un país que hace 50 años era una de las economías más pobres de Europa, pasó a ser, según las Naciones Unidas, la más igualitaria del mundo. La explicación: el ahorro de la renta petrolera para atender las necesidades futuras. En lugar de crear fondos para gastar las reservas excedentarias o todo el ingreso petrolero que se reciba por encima de precio presupuestado del barril de petróleo, Noruega creó fondos para ahorrar dinero como un mecanismo de previsión para encarar los malos tiempos y evitar carencias para las generaciones futuras.
Con este fin, construyó un gran acuerdo nacional y estableció una regla que limita a 4% -el equivalente al rendimiento esperado del Fondo- el dinero que el gobierno puede retirar para completar su presupuesto, el cual se nutre fundamentalmente del ingreso fiscal no petrolero.
En otras palabras, el ingreso petrolero no se gasta sino que se invierte, y el Gobierno solo puede hacer uso de los rendimientos. Actualmente maneja un monto superior a los 850 mil millones de dólares. Ese 4% que pudiera lucir como un porcentaje muy bajo, cuando se calcula sobre semejante monto, se traduce en términos absolutos en una considerable cantidad de recursos financieros, toda vez que el Fondo no deja de aumentar y asegura una creciente suma de petrodólares para completar el gasto del gobierno que se financia sobre todo con impuestos.
Pero en Venezuela, en lugar de comenzar por sincerar el Presupuesto 2016, calculado con base en un precio de 40 $/b, y presentar una nueva regla fiscal en la que el Poder Ejecutivo se compromete a no presentar proyectos de presupuesto con un déficit superior al 5% del PIB y, adicionalmente, ahorrar en el FEM el 50% de todo dólar adicional que el país reciba por encima de 25 $/b, lo que hace es tensar aún más las relación con la AN al presentar un Decreto de Emergencia Económica con el que, entre otros fines, pretende hacer un uso discrecional de los saldos del presupuesto 2015 y del 2016, sin mayores controles por parte de la AN.
Es un Decreto lleno de contradicciones que agravará la crisis.
Paradójicamente, mientras en el numeral 10 del artículo 2 del mencionado Decreto se plantea: “Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera (…) para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos” -y justo cuando acaba de crear un nuevo Ministerio para la Inversión Extranjera-, en el numeral anterior (9) incluye una medida que espanta y aleja al inversor al plantear que “el Ejecutivo Nacional podrá requerir a las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes inmuebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”.
El espíritu autocrítico brilla por su ausencia en el texto del Decreto.
En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de empresas que eran productivas -pero una vez expropiadas terminaron quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción-, en el numeral 8 plantea sin pudor autocrítico “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos”.
Por otra parte, la solicitud para disponer de los saldos presupuestarios y asignar recursos extraordinarios a proyectos aunque no estén previstos en el presupuesto, así como la dispensa de los requisitos y controles con el argumento de agilizar los procedimientos administrativos referidos a contrataciones públicas, trámites cambiarios e importaciones gubernamentales, refleja la inercia de un gobierno acostumbrado a administrar los recursos públicos sin mayores controles por parte del Poder Legislativo.
Con este Decreto, el Ejecutivo intenta abrir una vía de escape para evadir el marco legal que rige la actividad económica y evitar el análisis de créditos adicionales y contratos que deben ser aprobados por la AN, la cual ahora está controlada por la Oposición.
No es necesario un Decreto de Emergencia Económica
Según la CRBV y la Ley de Estados de Excepción, la emergencia económica es una forma de estado de excepción que permite al Gobierno dictar medidas que pueden sobreponerse a las Leyes vigentes en materia económica. Una vez habilitado, el Ejecutivo regula los derechos fundamentales cuyas garantías han sido restringidas, tales como la libertad económica y la propiedad privada. El Gobierno aspira que la AN apruebe por unanimidad el Estado de Emergencia Económica para “adoptar las medidas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana”.
Pero para adoptar las medidas necesarias para superar la crisis no se necesita ningún Decreto de Emergencia Económica, sino voluntad política para superar la inercia y romper la inacción de un equipo de gobierno que pareciera no comprender la naturaleza de la crisis, ni saber utilizar el importante margen de maniobra que aún tiene el Ejecutivo Nacional para enderezar el rumbo económico del país y evitar perores consecuencias que las ya sufridas por la inmensa mayoría de la población.
En lugar de un Decreto de Emergencia Económica hecho a la medida de un Gobierno que quiere evitar el control de una AN ahora en manos de la Oposición, el reto que deben asumir tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo es acordar un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social.
El Gobierno tiene al alcance de la mano un conjunto de medidas que lejos de tener un impacto antipopular y generar una crisis de gobernabilidad, más bien crearían el clima de seguridad jurídica y paz laboral que se requiere para estimular una creciente inversión que permita reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población. Entre estas medidas se destacan las siguientes:
Medidas de Política Cambiaria
El dogma económico que rige la interpretación oficial atribuye al ajuste cambiario un falso impacto inflacionario, cuando lo cierto es que éste ya ha sido absorbido y prácticamente no hay precio alguno en el mercado que se calcule con base a las tasas de Cencoex o Sicad. Ni siquiera a la de Simadi, porque el proceso de formación de precios se ha desquiciado hasta quedar gobernado por lo que indiquen los desvaríos del dólar paralelo. Para muestra un botón: en el sector alimentos que es el más favorecido con la asignación de dólares preferenciales, la inflación de 2014 llegó a 102 %, muy superior al 68 % registrado por el INPC, lo cual revela la ineficacia del anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. El BCV acaba de publicar la inflación anualizada hasta septiembre de 2015 y la misma escaló a 141,5%.
La irracionalidad de las tasas Cencoex y Sicad recaen con toda su fuerza sobre Pdvsa. Obligada a vender el mayor porcentaje de su ingreso en divisas a las bajas tasas de 6,30 y 12 Bs /$, la compañía no logra recoger suficientes bolívares para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Pero basta con unificar el régimen de cambios múltiples a un nivel tal que los bolívares que PDVSA reciba por la venta de sus divisas le alcancen para mantener al día sus compromisos. Sincerar la tasa de cambio evitaría que la compañía tenga que endeudarse con el BCV y así éste no se vería presionado por el Gobierno a realizar las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo con las que financia el déficit fiscal.
Medidas de Política Fiscal
Un acuerdo básico para corregir el déficit fiscal comienza por reformular y mejorar la calidad del Presupuesto 2016, el cual fue calculado con base a un precio del petróleo de 40 $/b, pero el mismo ya se acerca a 25 $/b. Esto pasa por reducir en 100% los gastos suntuarios en remodelaciones, vehículos, publicidad, viajes, etc.; erradicar la práctica del Gobierno de Calle que da origen a otro presupuesto paralelo. Se trata ahora de implantar una rigurosa regla fiscal para que la AN no reciba ningún Proyecto de Presupuesto ni apruebe créditos adicionales que impliquen un déficit mayor al 5% del PIB.
El colapso de los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA debido a la contracción económica obligan a retomar la sana práctica de un solo presupuesto, adecuando el marco legal que fue creado para hacer uso de las llamadas reservas excedentarias y precios exorbitantes. En adelante, todo ingreso superior a los 40 $/b -en lugar de ser gastado a través del Fonden-, debe ser ahorrado en un Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual solo podrá ser usado cuando el precio del petróleo caiga por debajo del precio proyectado en el Presupuesto Anual de la Nación.
Corregir el déficit fiscal implica erradicar los subsidios ineficientes que no llegan al consumidor y lo que hacen es estimular el derroche, el contrabando de extracción y la especulación. Se trata de sustituir los subsidios indirectos a los productos y servicios por subsidios directos a las familias en condición de pobreza.
Esto incluye desde sincerar el precio de la gasolina hasta la racionalización de las tarifas de servicios públicos, pasando por la sustitución de los subsidios directos a los alimentos y medicinas por subsidios directos a los hogares pobres. Solo en gasolina, el subsidio representa un costo de oportunidad de $ 12 mil millones, mientras que el contrabando de extracción supera los 3.500 millones. Sincerar las tarifas de servicios públicos (electricidad, agua y gas) significa corregir al menos 6,5 puntos del déficit fiscal. Reactivar el cobro de peajes generará recursos propios para repotenciar el sistema vial y ayudará a corregir el déficit fiscal.
Evitar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal pasa por desestatizar las empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Implica impulsar nuevas formas de propiedad social a través de la participación accionaria de los trabajadores directos, la comunidad organizada y la inversión privada nacional y extranjera, condicionando ésta última a la transferencia de nuevas tecnologías, formación del talento humano, asistencia técnica a las Pymes y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión.
La Reforma Fiscal debe ser completada con el ajuste del IVA y del ISR, racionalización del arancel de aduanas, implantación del impuesto al débito bancario y a las transacciones financieras, aumento de la unidad tributaria, timbres fiscales, impuestos a licores y cigarrillos e impuesto al lujo. Una vez que se reactive la economía y se estabilice su crecimiento será necesario reactivar el Impuesto a los Activos Empresariales y aumentar el ISR a las grandes ganancias.
Medidas de Política Monetaria
La perversa complicidad entre el déficit fiscal y el desequilibrio monetario generan una voraz inflación que pulveriza el poder de compra de los salarios. Por eso, la superación de la emergencia económica no es viable si no se recupera la autonomía del BCV en el manejo de reservas internacionales y la emisión de dinero. Solo así se podrá erradicar definitivamente el financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo del déficit de PDVSA y de las empresas públicas. Sin lugar a dudas, éste es el principal factor propagador de la inflación.
Esto permitirá centralizar las posiciones en divisas y reservas internacionales en BCV y asegurar un manejo coherente del encaje legal y de las tasas de interés que contribuya a recuperar la estabilidad y confianza en sistema monetario y financiero.
Unificar el régimen de cambios múltiples permitirá sanear las finanzas de Pdvsa, reducir el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario del BCV. Al recibir más bolívares por cada dólar, la autoridad monetaria drenará el exceso de liquidez que presiona al alza los precios, incluyendo la cotización del dólar paralelo. Y todavía mejor, un solo tipo de cambio erradicará el incentivo perverso que la política cambiaria ofrece a los cazadores de renta, especuladores y corruptos, quienes inventan cualquier trampa para captar los dólares baratos de Cencoex y Sicad para después venderlos más caros.
Medidas para el manejo de la deuda Externa
Venezuela tiene margen de maniobra para evitar caer en un default que lleve al embargo de los activos de Pdvsa y la República. Puede recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos del 50 % de su valor nominal; adecuar PetroCaribe a las restricciones presupuestarias, cobrando a 90-120 días la factura que se financia a 15-20 años; reorientar las importaciones gubernamentales en favor de la producción nacional; reprogramar el pago del componente en divisas de las obras contratadas a Brasil, Irán y otros países, cancelándoles el saldo con los bonos de la deuda externa recomprados con descuento, o sustituyendo los pagos vencidos con nuevas emisiones de deuda. Otro margen nada despreciable para liberar divisas se encuentra en la reducción de gasto militar.
Medidas para evitar la liquidación de las reservas internacionales
Afirman que la liberación cambiaria se traducirá en una indetenible fuga de divisas que liquidará las reservas internacionales, pero resulta ser que es todo lo contrario. La unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad y competitividad del aparato productivo más bien activará nuevas fuentes de divisas provenientes de la inversión extranjera, exportaciones no petroleras, repatriación de capitales y el turismo internacional.
Claro está que la competitividad cambiaria es una condición necesaria más no suficiente. Las inversiones extranjeras como nueva fuente de divisas no petroleras exigen un clima de seguridad jurídica y paz laboral y esto pasa por la adecuación del marco legal, particularmente la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley del Mercado de Capitales, la Ley del Trabajo, la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley de Concesiones y la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.
Este nuevo marco legal contribuirá a crear un mejor clima para promover inversiones en la repotenciación de la infraestructura en parques industriales, la mejora de los servicios de electricidad, agua, gas, plantas de tratamiento, la gestión de puertos, aeropuertos y almacenes. Particularmente la reforma de la LOCTI deberá estar orientada a facilitar la inversión empresarial directa en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas para mejorar sus productos y procesos de cara al fortalecimiento de la calidad, productividad y competitividad internacional. @victoralvarezr
(Este texto fue publicado originalmente el 22 de enero de 2016)
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