No se puede gobernar sin el apoyo del pueblo

Nicolás Maduro ha dicho que “el referéndum revocatorio es una opción, no una obligación”. Pero resulta que el Referendo Revocatorio (RR) es un derecho político consagrado en la Constitución (CRBV) que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está obligado a canalizar. Este derecho está consagrado en los artículos 6, 7, 72, 73, 74 y 197 de la CRBV, así como la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

El artículo 5 de la CRBV consagra que la “soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente a través de las formas previstas en esta Constitución”. Una de esas maneras es a través del sufragio, tanto así que el voto castigo ha devenido en una expresión de la soberanía popular para salir de gobiernos que defraudaron su confianza y expectativas.

Para no condenar a la ciudadanía a sufrir las penurias de un mal gobierno hasta el fin del período presidencial, la CRBV previó sabiamente el derecho a evaluarlo a mitad de período. El artículo 70 de la CRBV establece que:

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato (…)”.

De esta forma, a través del RR los propios electores son  garantes del buen gobierno que quieren darse. El RR es un derecho constitucional a través del cual se concreta la democracia participativa y protagónica.

Como se sabe, según el artículo 72 de la CRBV una vez que se haya cumplido la mitad del período,  el 20 % de los electores inscritos en el Registro Electoral puede solicitar la revocatoria del cargo de elección popular. Recordemos que de acuerdo al artículo 233 de la CRBV, en caso de que el RR se realice antes de los 4 años del período constitucional y el mandato sea revocado, el CNE está obligado a convocar en 30 días nuevas elecciones presidenciales.

Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo y retrasarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la expresión democrática de la soberanía del pueblo a través del voto.

No puede ninguna burocracia o nomenklatura política vulnerar los derechos políticos de la ciudadanía que están consagrados en la CRBV. El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno. No hay otra vía para resolver de forma constitucional, democrática, electoral y pacífica la actual crisis de gobernabilidad económica, social y política.

Si el RR se realiza después de los 4 años, en lugar de convocar elecciones presidenciales para elegir un nuevo mandatario, será el Vicepresidente designado por Nicolás Maduro quien se encargue de la Presidencia para culminar el período constitucional.

Esto explica por qué los voceros del oficialismo aferrados al poder se obstinan en afirmar que este año no habrá RR. Si logran retrasarlo así sea un día después de que se cumplan los cuatro años, la nomenklatura burocrática se mantendrá en el poder al precio de haber sometido al escarnio de la historia a Nicolás Maduro.

Y quienes todavía no se reponen por no haber sido los escogidos para reemplazar al Comandante Supremo, se encargarán de endosarle toda la responsabilidad de su derrota y de execrarlo como líder del chavismo.

En lugar de inmolarse para mantener atornillada al poder a una nomenklatura que de todas formas lo terminará acusando de haber dilapidado el capital político que Chávez le legó, Nicolás Maduro pudiera pasar a la historia de Venezuela como un mandatario que -al ver la amenaza de caotización y violencia que se cierne sobre Venezuela-, prefirió renunciar para que sea el pueblo quien resuelva de manera constitucional, democrática y pacífica la crisis que azota a la Nación.

La ciudadanía habló duro el 6 de diciembre de 2015 (en las elecciones parlamentarias) y provocó un cambio en la correlación de fuerzas con la esperanza de lograr decisiones concertadas entre los poderes ejecutivo y legislativo. El país se pronunció por un acuerdo para superar los problemas de desabastecimiento, alto costo de la vida e inseguridad.

A raíz de los resultados de las elecciones parlamentarios se observó una mejoría en los índices emocionales positivos de la gente, tales como la esperanza y el optimismo. Pero ni el Gobierno ni la Oposición han sabido interpretar este clamor nacional y por eso la gente se siente frustrada y cada vez son más las familias que piensan en irse de Venezuela. Sus expectativas de cambio han sido defraudadas y por eso los indicadores emocionales nuevamente se han deteriorado al incrementarse la preocupación, el malestar, el pesimismo y la desesperanza.

A pesar de los retrasos acumulados todavía hay tiempo de cumplir con los pasos pendientes. Si los solicitantes y el CNE cumplen los pasos pendientes en los lapsos adecuados, el RR podría realizarse a más tardar a principios de diciembre. Retrasarlo significa conculcar el derecho que tienen los ciudadanos a mitad del período constitucional para evaluar el Gobierno y decidir soberanamente si ratifica o revoca su mandato.

Sería una burla a los derechos políticos consagrados en la CRBV, ya que no se trata simplemente de evaluar a un hombre sino a todo un gobierno, a un estilo de gestión, a un modelo económico. Evadir esta consulta a la Nación sería empeñarse en gobernar sin el consentimiento de la ciudadanía y no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo.