El problema de fondo la enorme deuda externa de Venezuela pasa por debajo de la mesa, mientras el país está a punto de perder Citgo, la filial de Pdvsa que es centro de una investigación criminal por su gestión antes de 2019 y que fue empeñada por el moroso chavismo.
Mientras el venezolano común está cada día ocupado en sobrevivir y la economía está lejos de arreglarse, mientras el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido con éxito una campaña internacional para lavarse la cara y planea relegitimarse en unas elecciones en puertas; mientras la oposición dividida y fragmentada luce como borrachos peleándose por botellas vacías, Venezuela enfrenta la peor crisis financiera externa internacional desde los tiempos de Cipriano Castro.
«Estas acreencias escandalosas tienen que ser defendidas por bufetes de primer nivel. Nada más en estos 20 casos, de más de 60 identificados, hay 40.000 millones de dólares», en reclamos contra el país señala el abogado Yon Goicochea, un activista político de la oposición, dirigente de Voluntad Popular, ex preso político, con maestría en energía, y cursando un doctorado en derecho económico y de la empresa.
El manejo de esas acreencias debería ser parte de una estrategia global que lidie con toda la deuda externa de Venezuela, un asunto de interés nacional e histórico, coincide.
Tras la eliminación en enero pasado de la llamada «presidencia interina» que estaba en manos de Juan Guaidó, Goicochea pasó a integrar el Consejo de Administración Protección de Activos (CAPA), una instancia poco conocida por el venezolano común, «que tiene el objetivo por delegación de la Asamblea Nacional, de preservar los activos recuperados que son de todos los venezolanos».
Esos activos, como la petrolera Citgo, filial de Pdvsa, están bajo seria amenaza de embargo debido al incumplimiento de pagos de esa deuda externa.
«El tema de fondo es que hay una deuda externa, que puede ser estimada entre 160 y 190 mil millones de dólares. Es muy difícil estimarlapor lo que alude a la deuda comercial. En cualquier caso, para una economía como la venezolana, con un PIB (Producto Interno Bruto) de 90 mil millones de dólares, un poco más, Venezuela podría estar en el tope de países endeudados de todo el hemisferio», señala Goicochea a El Estímulo.
Además, «con unas expectativas económicas tristesy lúgubres, hay mucha deuda sin capacidad de pagos. Por eso es muy difícil pensar que mediante nuevas emisiones de bonos soberanos de deuda pueda protegerse los activos», hoy amenazados, como Citgo, agrega.
Por su parte, «el gobierno de Maduro está incapacitado para hacerlo (una reestructuración). Primero,por la conducción económica y por tantos problemas de credibilidad y legales que harían muy difícil poder plantearse un refinanciamiento serio de la deuda bajo estas circunstancias», agrega.
«No creo que sea políticamente ni jurídicamente viable con Maduro en el poder», dice al observar que un refinanciamiento implicaría un enorme nivel de movilizaciones de instancias como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, además de los gobiernos e instituciones de Estados Unidos, la Unión Europea y hasta China.
«Esa es nuestra tragedia. No estamos entendiendo la profundidaddel problema que tenemosy pensamos que con que Maduro acceda a mil o dos mil millones entonces la situación de Venezuela se va a paliar un poco», dice Goicochea.
«Venezuela no está mejorando, tiene un problema macro realmente serio que solo es posible solucionar, encarar, con mucha dificultades por un gobierno que sea democrático, o que presente credibilidad ante la comunidad internacional, que no tenga los problemas de credibilidad que tiene este», afirma.
Horas antes, en una rueda de prensa vía Zoom Goicochea arrojó algo de luz sobre todo este asunto que involucra además de los activos de Venezuela en el exterior, esa escandalosa deuda externa en impagos que supera los 180.000 millones de dólares y que algún día tendrá que ser negociada.
Entre las luchas intestinas de los partidos opositores entre sí y al régimen de Maduro, el partido Primero Justicia planteó recientemente lo que supone el «cierre técnico» de la Asamblea Nacional de 2015, lo que enciende los ánimos en la ya fragmentada oposición que pretende desalojar al chavismo del poder, cada uno desde su propio lado.
«La dictadura esta nuevamente quebrada, la ilusión de hace un par de años de que Venezuela se estaba arreglando ha terminado por desmoronarse», señala Goicochea.
«En ese contexto de dificultad, la dictadura ha iniciado una serie de medidas de presión a la oposicion para poder permanecer en el poder», dijo al citar la reciente Ley orgánica de extinción de dominio, «que pretende amedrentar a los diputados de la AN legítima, amenazándolos con prisión de 15 a 20 años por el pretendido delito de ejercer sus funciones».
Hay una agresividad mayor en torno a las conversaciones de México «la delegación de la dictadura ha intentado recuperar activos con mucha mas voracidad que en años anteriores» y ha centrado la discusión en que se le dé más dinero para operar, dijo Goicochea a periodistas.
Uno de los protagonistas de esta historia es la Asamblea Nacional electa en 2015 y que fue liquidada de manera anticonstitucional por el gobierno, tras asfixiarla financieramente y despojarla de sus funciones.
Tras años de persecuciones, la última avanzada del chavismo es la Ley de Extinción de Dominio que entró en vigencia esta semana y que por cierto amenaza a cualquier persona. No hay que ser diputado opositor para caer en su esfera, según explica el abogado Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia.
«Ya salió en Gaceta la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero donde se utiliza, a su vez, a la Ley de Extinción de Dominio como mecanismo de persecución», destaca Daniels.
Su artículo 11 crea un registro de personas que dicen que pretenden ejecutar o realicen actos jurídicos en contradicción a esta ley. «No es un registro de personas condenadas por la Ley, sino de personas que sin ser juzgadas puedan ser consideradas sujetos de la ley».
«Es muy peligroso crear un registro de infractores sin que se diga expresamente que ese registro debería hacerse luego de las condenas, no antes. Entonces hay un riesgo de que tengamos otra lista mas para que sirva de medio de persecución», agrega Daniels.
Todo esto es más delicado porque se hace por vía administrativa, sin pasar por un proceso judicial.
El articulo 13 que habla de los que puedan ser condenados por prisión de 15 a 20 años aunque actúen «directa o indirectamente», lo que crea una zona gris en la cual pueden involucrar a personas en hechos en los cuales no tiene nada que ver.
Esto significa que cualquier persona sin su conocimiento puedan ser involucradas, como por ejemplo un abogado que emita un dictamen solicitado y que luego ese dictamen sea utilizado sin su conocimiento para negociaciones con activos en el extranjero. Ahí pueden decir que está actuando indirectamente, explica el abogado y activista por los Derechos Humanos
«Ahí vemos el peligro que tiene este tipo de expresiones. No establecen un típico penal claro», como ordena la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela.
«La tipicidad debe ser clara y precisa y no sujeta a interpretación, como ocurre con este caso donde se habla de la expresión indirectamente», explica Daniels.
Esta Ley castiga entonces a quienes intenten negociar esa deuda o proteger activos en el exterior, actuando fuera del gobierno.
Aunque la ley no tiene ámbito fura de Venezuela, si sirve para amedrentar y perseguir a en Venezuela a quienes intenten meterse con ese asunto.
Pero el gobierno de Maduro está imposibilitado internacionalmente para ejercer esa representación y esas negociaciones necesarias.
Como esas enfermedades ignoradas por el propio paciente, el tema de la deuda está fuera del radar del país, pero no significa que el problema no exista.
«En efecto, yo creo que el principal problema que tenemos nosotros en Venezuela es el tema de la deuda, porque sin deuda no hay financiamiento; sin deuda significa que la inversión extranjera no viene y necesitamos recursos», comenta a El Estímulo el economista Hermes A. Pérez, profesor de la Universidad Metropolitana y experto en economía internacional y energía.
Se necesita consenso para resolver este problema que es más importante que el de las propias sanciones y tiene impacto a corto, mediano y largo plazo, señala.
Casi toda la deuda venezolana está vencida, en moratoria, sin pagos de intereses ni de capital. Va creciendo como una bola de nieve a medida que se acumulan los pagos vencidos, como le ocurre a cualquier persona que deje de pagar su tarjeta de crédito.
«La deuda impaga crece en $5.200 millones por año ($437 millones al mes, sin contar intereses de mora)», escribió el economista Hermes Pérez en un Twitter
«La deuda en mora del país se ubica en $90.000 millones en 2023, según cálculos propios, repartida en: República $51.000 y Pdvsa $49.000 millones», explica.
De este total, hay bonos ya vencidos, como varios de los de Pdvsa, que suman al menos $11.762 millones de dólares y otros 11.000 millones de la República, según sus cálculos propios.
Los acreedores intentan cobrarlos antes que venza el plazo de prescripción, lo que ocurre seis años después de ese vencimiento. Por eso muchos ya han recurrido a despachos de abogados a intentar demandas. Casi todos estos papeles están sujetos a las leyes de estado de Nueva York, Estados Unidos.
«Sin resolver este problema no vamos a poder tener una recuperación sostenible, un crecimiento de la economía. ¿Cómo afecta esto al ciudadano común?. La actividad del país se alimenta por dos variables fundamentales: el consumo de las familias y la inversión, que realizan las personas en la producción de bienes y servicios en el país. Entonces, si no hay inversiones que de alguna forma se utilicen para reponer el capital viejo, para mejorar el capital nuevo, para instalar nueva
infraestructura física, para instalar nuevas redes eléctricas, nuevas redes de agua, para mejorar la infraestructura física del país, para mejorar la infraestructura social del país, sin inversión, entonces, no va a ser posible un crecimiento», explica el profesor Pérez a El Estímulo.
Hoy el país todo paga con «sangre sudor y lágrimas» la decisión arbitraria del régimen chavista tomada hace algunos años, de desconocer la voluntad popular y eliminar ese poder legislativo en manos de la oposición.
Resulta que la jugada terminó llevando al desconocimiento internacional de Maduro, al agravamiento de sanciones económicas contra su régimen, a un embargo petrolero y a que el principal problema económico de la nación cayera en un laberinto legal que aisló financieramente al país.
Como en la economía y en la política no hay almuerzos gratis, alguien siempre tiene que pagar, y en este caso son los millones de venezolanos que siguen expuestos al peor desastre económico nacional desde los tempos de la Guerra Federal, creado por decisiones erróneas de quienes detentan el poder real, no creada por un conflicto bélico ni por un gran desastre natural.
Estos diputados, o ex diputados como se quiera ver, son perseguidos políticos desde que ganaron la mayoría absoluta en las elecciones de 2015, y ahora, los que de ellos se ocupen de terciar en el manejo de esa espantoso problema financiero son tomados como delincuentes y expuestos a penas de cárcel de hasta 20 años y a que le sean confiscados los bienes personales y familiares que puedan tener.
Este es más o menos el cuadro y aunque el problema de fondo es grave, casi nadie le presta atención, en un país además donde no existe la opinión pública sustentada en acceso a la información, la gente común espera por miserables bonos en bolívares pagados mensualmente por Maduro, y no hay expectativas claras de una solución a la crisis humanitaria que se extiende más allá de las fronteras nacionales.
Tratando de resumir un tema complejo la situación es ésta: el padre creador de régimen de Maduro, Hugo Chávez, emprendió hace ya casi 20 años una serie de confiscaciones de empresas extranjeras y nacionales, de concesiones y derechos de sociedad que habían sido otorgados por el Estado venezolano.
Como esas mal llamadas expropiaciones ocurrieron sin fórmula de juicio, de manera arbitraria, sin acuerdos entre las partes y sin pago de compensaciones, decenas de estas empresas demandaron a Venezuela en instancias internacionales. Esos juicios son lentos pero terminan saliendo, lo que está ocurriendo ahora.
Después de esas confiscaciones, a finales de 2017, le tocó el turno a Maduro, el heredero designado a dedo por Chávez en el trono de Venezuela: dejó de pagar la deuda externa, lo que significó que el país entrara en default (impagos) y se volviera un paria internacional.
Como el gobierno de Maduro está sancionado por sus atentados a la democracia y a los derechos humanos (presuntos delitos que se agravaron durante la sangrienta represión a las protestas de 2017) no está en capacidad legal ni jurídica de negociar una solución al problema de la deuda.
Nicolás Maduro: presidente reelecto en unas cuestionadas elecciones en 2018.
Aunque su legitimidad institucional no era reconocida por unos 60 países, democracias más influyentes del mundo, ni por la oposición, siempre ha sido el que tiene el poder real en Venezuela. Pero como todavía no es reconocido por Estados Unidos, su margen de acción internacional está limitado.
Asamblea Nacional de 2015. El parlamento, poder legislativo, electo en 2015 nunca fue reconocido por el chavismo, que terminó liquidándolo poco a poco mediante un fujimorazo en cámara lenta. Sus diputados fueron perseguidos, hostigados, encarcelados, enviados al exilio o silenciados.
Esta Asamblea es además desde el 1 de mayo pasado la única instancia reconocida por el gobierno de Estados Unidos con potestad para negociar deuda venezolana.
En medio de los conflictos entre los partidos del G4 que ahí quedan, la Asamblea además tiene que aprobar fondos para pagar a abogados y otros expertos encargados de defender los intereses de Venezuela ante ese aluvión de demandas. Peor no lo ha hecho y al menos dos reconocido bufetes de abogados han renunciado a la defensa, explica Goicochea.
«De acuerdo a la legislación de Estados Unidos y la venezolana (la defensa) tiene que hacer la contratación de abogados, corresponde a la Asamblea Nacional y a CAPA, por delegación de la AN. La Asamblea Nacional dice que queremos centrar nuestra energía en la recuperación de los activos, pero la Republica depende de la aprobación expresa de la AN. Y no ha podido aprobarlo porque la jefatura de Primero Justicia se ha negado al pago de abogados de la Republica», denuncia.
«Es un gran hipocresía decir que nos vamos a centrar en proteger los activos y al mismo tiempo la jefatura política de ese partido niegue la defensa judicial de Venezuela».
Yon Goicochea
Juan Guaidó: el más famoso de estos diputados es todavía Juan Guaidó. En el auge de su popularidad, en 2019 Fue reconocido como supuesto «presidente interino» de Venezuela hasta tanto hubiera elecciones libres, competitivas, e igualdad de condiciones y bajo supervisión internacional. Nunca tuvo poder real en Venezuela, pero el reconocimiento internacional por parte de 60 países (los mismos que desconocían a Maduro) le dio manejo sobre activos venezolanos en el exterior que están congelados y puestos fuera del alcance de Maduro. Hoy vive en Estados Unidos y sigue siendo activista a favor del retorno a la democracia en Venezuela. Pero su cargo nominal de «presidente interino» acabó en enero de 2023.
El G4. Con nombre de grupo de integración de países, o de agencia de inteligencia, en realidad define al grupo de cuatro partidos más importantes de la oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.
Sus anquilosados líderes históricos se creen «LA oposición». Hoy enfrentan rechazo general de la población. Se turnaron la presidencia de la Asamblea Nacional de 2015 (como manda el reglamento) y cuando le tocó a la Voluntad Popular de Guaidó fue que armaron la figura del presidente encargado del país, con el argumento constitucional del vacío poder porque las elecciones de donde salió la segunda presidencia de Maduro fueron consideradas ilegítimas porque fueron convocadas fuera del plazo constitucional (no por el Consejo Nacional Electoral), por el propio Maduro a través de su Asamblea Constituyente y porque los líderes históricos de esos partidos opositores estaban y siguen estando proscritos para ir a unas elecciones.
Citgo. Filial de PDVSA en Estados Unidos. Una de las principales empresas de refino y comercialización de hidrocarburos. Fue empeñada con la emisión de bonos PDVSA 2020 que tenían como garantía el 50,1% de sus acciones. Como es el principal activo de Venezuela en el exterior, contra ella cargan buena parte de los acreedores que reclaman indemnizaciones a la República de Venezuela por ser mala paga.
«En este momento hay una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que ha recaudado más de ocho mil documentos de la empresa, varios terabites de data, ha causado 55 imputaciones de las cuales ha resultado ya varias condenas, hay 100 persona sindicadas», dijo Goicochea sobre las investigaciones sobre la empresa en la época que estaba en manos del chavismo y con Nicolás Maduro.
«Esto pone a la empresa en situación muy crítica porque está siendo investigada como una organización criminal. Si Citgo se le devuelve a Maduro las posibilidades de preservar este activo son nulas porque Maduro y su administración estan vinculados e investigados en esta trama de corrupción», según Goicochea.
Con la gerencia que respondía al gobierno interino fue recuperada, volvió a generar ganancias y a pagar su propia deuda comercial y financiera.
«No solamente es un contrasentido elemental darle a quien ha vandalizado una empresa como Citgo, devolvérsela, sino que además es imposible legalmente pensar que dársela a Maduro, que es el capo de esta organización criminal, tiene alguna vialidad jurídica en Estados Unidos. Es imposible».
Yon Goicochea
La OFAC. Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con sus licencias administra el régimen de sanciones impuestas a Venezuela. Ha impedido que Citgo sea tomada por los demandantes de Venezuela y PDVSA, mientras esa demandas siguen engorrosos procesos ante la justicia de Estados Unidos.
Si se levantan las sanciones sin negociaciones a cambio, el régimen de Maduro lograría acceso directo a los más de 2.000 millones del BCV, en disputa en Reino Unido. También tendría acceso directo a más de 1.300 millones de dólares del Bandes y de PDVSA congelados en cuentas de Portugal, señala Goicochea al respecto.
Estos son los principales protagonistas de una compleja trama que ha puesto a la petrolera venezolana Citgo al borde del abismo, para mal de todos los venezolanos.
Estados Unidos indicó en un comunicado que parte de sus medidas para conseguir elecciones libres en Venezuela incluía el "correspondiente alivio de sanciones". La información había sido compartida un día antes por Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia
En el marco de la conferencia Venezuela en Colombia, Jorge Rodríguez volvió a condicionar el diálogo entre el chavismo y la oposición. Sus puntos claves: oro, Álex Saab y que se detengan las investigaciones de la CPI
