El proyecto de resolución acusa al gobierno de Maduro de "facilitar directa e indirectamente" la minería ilegal, provocando "abusos de los derechos humanos, destrucción de la trama social indígena, deforestación, pérdida de hábitat, degradación ambiental y un aumento de casos de malaria y otras enfermedades en Venezuela".
Un grupo de senadores demócratas y republicanos (oficialismo y oposición) en el Congreso de Estados Unidos denunciaron el jueves el alarmante incremento de la minería ilegal en Venezuela. Además piden acciones regionales contra el gobierno de Nicolás Maduro para frenar el impacto ambiental, en la seguridad y en los derechos humanos provocados por el Arco Minero del Orinoco.
El 90% del oro que se extrae en Venezuela es ilegal, afirman los senadores.
También piden una mejor coordinación regional e internacional entre los actores gubernamentales e industriales para supervisar y mitigar los riesgos medioambientales, de los derechos humanos y los riesgos para la seguridad que plantean los flujos de oro que salen de Venezuela.
El texto -cuya votación por el Senado no tiene fecha- también «alienta los esfuerzos para promover prácticas mineras legales, reguladas y sostenibles en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela «después de que se restaure el orden democrático».
«Los beneficios derivados de la extracción ilícita de oro se han convertido en la principal fuente de las actividades financieras ilícitas en región, superando los beneficios generados por la producción de coca y cocaína en los últimos años», dice.
La denuncia señala que las organizaciones criminales transnacionales utilizan el tráfico ilícito de oro como mecanismo para blanquear los beneficios de otras actividades actividades ilícitas. Esto «amenaza la seguridad nacional los Estados Unidos y socava el comercio internacional legal al poner en peligro la cadena de suministro de oro legal y explotar el sistema financiero de los Estados Unidos».
«La corrupción y el débil estado de derecho en Venezuela ha permitido que organizaciones criminales transnacionales, organizaciones organizaciones de tráfico de drogas, grupos insurgentes y otros grupos armados controlen y se beneficien financieramente de las operaciones mineras ilícitas, muchas de las cuales han ejercido control sobre diferentes partes de la región del Arco Minero del Orinoco y más allá, como el Parque Nacional Yapacana y la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, donde viven comunidades indígenas de 17 grupos étnicos, entre ellos los tribus Yanomami y Ye’kuana», dice la resolución.
«Las ganancias derivadas de la minería ilícita de oro se han convertido en una fuente principal de actividades financieras ilícitas en la región, superando las ganancias generadas por la coca y producción de cocaína en los últimos años», señala la resolución bipartidista presentada en el Senado para su posible aprobación.
Cita al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales para afirmar que más de 500.000 trabajadores están involucrados en operaciones mineras en Venezuela. De ellos, aproximadamente el 45% son menores de edad; y «la mayoría son de comunidades indígenas que fueron obligados a trabajar mediante amenazas de violencia».
También agrega que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de países más ricos e industrializados del mundo) presentó un informe en septiembre de 2021 donde expresa su preocupación por el hecho de que el flujo de todo el oro producido en Venezuela, que se calcula que asciende a 75 toneladas por año.
Con un valor de mercado de más de $4.400 millones, «tiene un alto riesgo de contribuir a graves abusos de los derechos humanos, apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales, la corrupción, el blanqueo de dinero y evasión de impuestos».
“La impresionante proliferación de la minería y el tráfico ilícito durante la última década ha degradado el medio ambiente y socavado el comercio legal. También ha conducido a abusos atroces de derechos humanos, en gran parte contra las comunidades rurales e indígenas, e incitado a una epidemia de malaria que ha alcanzado niveles que no se habían visto en los últimos 75 años”, dijo el Senador Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, según la información.
“En Venezuela, Maduro ha descartado cualquier moralidad básica para continuar forrando los bolsillos de su régimen con billetes provenientes del comercio ilegal de oro. Me enorgullece presentar esta resolución para combatir la minería ilícita de oro, dejando en claro que el Congreso de los Estados Unidos no ignorará el peligro que representa esta práctica a la salud, seguridad y bienestar de las poblaciones en todo el Hemisferio Occidental”, agrega Menéndez, citado por los servicios de prensa del Senado.
En el texto los congresistas abordan la situación del Arco Minero del Orinoco, un área de unos 100.000 kilómetros cuadrados donde el régimen chavista concentra sus esfuerzos por extraer metales preciosos, semipreciosos y estratégicos que ayuden a sostener sus arcas tras el colapso de la industria petrolera.
“La minería y el tráfico ilícito de oro en América Latina amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos y ponen en peligro la seguridad, la estabilidad y el medio ambiente de la región y su población”, dijo el senador Kaine.
“Estoy orgulloso de unirme a mis colegas para brindarle más atención a este importante tema. Debemos trabajar con nuestros aliados en la región para contrarrestar la minería ilícita y responsabilizar a quienes la toleran y promueven, incluyendo al régimen de Maduro en Venezuela”, agregó.
Entre las consideraciones de la resolución, los senadores destacan que el decreto del 24 de febrero de 2016, del «gobierno autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela» anunciaba el nuevo marco legal para la minería a cielo abierto bajo el nombre de »Arco Minero del Orinoco» como medio para diversificar el flujo de caja del régimen.
Esa acción no tuvo la aprobación de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, algo que exige la Constitución de Venezuela.
Maduro nunca reconoció esa Asamblea Nacional (Congreso) electa en diciembre de 2015.
El texto agrega que el decreto del Arco Minero del Orinoco puede repercutir en el contenido de mercurio de las aguas del sur de Venezuela y devastar los ecosistemas únicos del Amazonas. Esta amenaza llega al Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad, que es la tierra ancestral del pueblo indígena Pemón y donde se han detectado al menos 59 explotaciones mineras.
Pese a centrarse en el caso de Venezuela, el proyecto de resolución señala también que Colombia y Ecuador les siguen de cerca con aproximadamente el 80% del oro extraído en esos países se extrae de forma ilícita. Casi el 30% del oro extraído en Bolivia y Perú también proviene de forma ilícita.
«La minería ilícita implica la extracción de oro en violación de las leyes del país en el que se realiza la actividad y se lleva a cabo principalmente en zonas geográficas remotas con limitada presencia gubernamental. Esto deja oportunidades
para que las organizaciones criminales transnacionales exploten esta esta práctica ·para generar miles de millones de dólares en beneficios ilícitos para para reforzar su fuerza y su viabilidad a largo plazo», dicen los senadores.
La noticia llega tras años de denuncias sobre las consecuencias que ha traído la minería ilegal al ecosistema del Parque Nacional Canaima y sus habitantes, especialmente desde que se puso en marcha el Arco Minero en 2016
La crisis económica derivada de la destrucción del aparato productivo, la desinstitucionalización del país, la corrupción, que alcanza importantes instancias del gobierno y los sectores militar y policial, son los factores principales que han propiciado las condiciones para el desarrollo de grupos armados irregulares y el crimen organizado.
El estado Bolívar se ha convertido en lugar de tránsito y destino de unas 3.500 mujeres y niñas víctimas de delitos como trata y explotación sexual y laboral. Todo ocurre bajo la mirada cómplice de funcionarios del Estado, apostados en -al menos- 17 alcabalas de control y seguridad.
