La población ha sido golpeada fuertemente por la decisión del gobierno de cerrar de manera indefinida la frontera con Colombia, dice José Rozo, ex presidente de Fedecámaras Táchira, al advertir que uno de los efectos inmediatos de la medida será la agudización de los niveles de escasez y pobreza.
Cerrar el paso hacia Colombia ha sido traumático para el sector privado de las zonas afectadas por el cierre fronterizo decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro el miércoles en horas de la noche.
Rozo señala que más de 50% de la industria manufacturera del Táchira está en el eje San Antonio-Ureña. Los sectores mayormente afectados son el del textil, calzado, cuero, marroquinería, y de carrocería, «más de 60% de esta industria está aquí; se hace carrocería para pequeños autobuses hasta unidades de metrobuses», señala.
«La medida altera todo, porque así como hay una dinámica comercial también hay una integración doméstica en la región, en la que parte de los muchachos estudian en Cúcuta porque en la zona no hay universidades», dice Rozo al señalar el alcance de la decisión presidencial.
Táchira sufre de una escasez aguda de bienes básicos producto del contrabando hacia Colombia, propiciado por los controles de precio y de cambio.
La manera de conseguir alimentos y artículos de higiene personal y limpieza del hogar «es pasando el puente (Santander) de 150 metros para poder comprarlos», refiere Rozo luego de recordar las trabas que el gobierno -desde hace varios meses- impuso al comercio de mercancías desde San Cristóbal.
«El gobierno ha aplicado desde hace más de un año de sometimiento a la población fronteriza, límites al libre tránsito de alimentos de San Cristóbal. Las pequeñas bodegas se arriesgan a ir a San Cristóbal a comprar productos que les venden a sobreprecio y sin factura y luego se exponen a las extorsiones», indica el empresario.
La gobernación del Táchira amenazó con tomar los establecimientos de los comerciantes que decidan no abrir, sostiene.
«El gobierno ha creado una especie de economía mafiosa en la que paga (el soborno) es el que tiene derecho a trabajar», refiere.
Rozo afirma que hay empresas en la región que pensaban mantener operaciones hasta este año y cree que con el cierre de la frontera la opción podría concretarse.
Fedecámaras Táchira convocó a sus agremiados a una reunión para este martes, en la que evaluarán el impacto de la medida que, de acuerdo con Rozo, sólo contribuye a incrementar los niveles de escasez y de pobreza, porque en nada busca reactivar la zona.
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