Por 60 días se ordenó el cierre de la frontera de los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla, sin descartarse que se la medida se extienda a otros municipios.
Señala el comunicado del gremio empresarial, que sin entrar a considerar la viabilidad constitucional de la decisión del Ejecutivo, se deben hacer las consultas necesarias con las fuerzas vivas de la región, para reducir a la mínima expresión las repercusiones negativas que se pueden generar en la producción de bienes y servicios, tan demandados en tiempos de escasez.
Pero no sólo se afecta el intercambio comercial, sino un flujo importante de divisas a través de la prestación de servicios, como el turismo.
El libre tránsito que se impide con la orden presidencial afecta tanto a ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera a practicarse tratamientos médicos especializados, debido a la carencia de insumos e infraestructura en Venezuela; así como a colombianos que se forman en universidades locales.
Fedecámaras Zulia deja claro que está en contra de cualquier grupo que realice actividades ilegales, llámense paramilitares, guerrilla, bandas organizadas, mafias, elementos disidentes de la policía o fuerzas armadas, entre otros, pero el respeto a los derechos humanos es un principio indeclinable, sostiene el documento.
La solución de fondo a los problemas de la frontera no es su cierre. «Desde hace mucho tiempo enfrentamos un mal endémico, un colapso del sistema que solo se resuelve con políticas específicas de índole macro y microeconómica, como disciplina fiscal, ajuste de la política cambiaria, políticas de promoción y desarrollo dirigidas al sector productivo nacional, por citar solo tres aspectos».