2016 inició con un panorama oscuro tras un 2015 ya complicado y que representó para el gobierno la pérdida de uno de los poderes públicos: la Asamblea Nacional. El triunfo de la oposición, que logró la mayoría calificada (112 diputados de los 167), supuso que esta fuerza podía dar al traste con cualquier intención del Poder Ejecutivo de saltarse las leyes y la Constitución como lo había hecho hasta que el Poder Legislativo quedó en manos opositoras.
El gobierno quemó los últimos cartuchos de una ley habilitante que le permitió el mismo mes de diciembre de 2015, restarle funciones a la Asamblea Nacional en materia de control y aprobación de recursos, así como al propio BCV.
El 15 de enero, el presidente de la República, ante la Asamblea Nacional, luego de presentar su Memoria y Cuenta de 2015, dio a conocer el Decreto de Emergencia Económica, con el que se abrogaba poderes especiales para combatir lo que insiste en llamar una «guerra económica» causante de la crisis y de la que responsabiliza a factores de oposición con apoyo internacional.
Este 15 de enero, cuando se cumplió un año de aquella medida que la AN rechazó y el Tribunal Supremo de Justicia validó de forma inconstitucional, Venezuela exhibe los peores resultados de la región y del mundo en un escenario sin guerra. Y el Presidente anunció que enviará un nuevo decreto de emergencia económica al TSJ para seguir gobernando sin control de ningún otro poder nacional.
«El Decreto de Emergencia Económica fue más que todo un mecanismo político para poder neutralizar a la AN y que el Ejecutivo pudiera seguir operando con total autonomía sin tener que rendir cuenta a otro poder autónomo, en este caso el Poder Legislativo, como lo manda la Constitución», señala Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. El instrumento legal le permitió al gobierno seguir actuando con total discrecionalidad y sin rendición de cuentas, con total opacidad, añade el economista.
«El gobierno mantuvo una política de ejecución del gasto bastante discrecional, incrementó el gasto muy por encima de los limites establecidos en la ley de presupuesto 2016, amparado en este Decreto de Emergencia Económica profundizando los desequilibrios en cuentas fiscales del sector público y con incidencia en el déficit fiscal y financiamiento monetario que los venezolanos han padecido con inflación», sostiene.
Maduro ya gobernaba por decreto y en 2016 lo hizo por la vía de la emergencia económica que ha prorrogado en seis ocasiones en contra de lo establecido en la Carta Magna, que permite la extensión de la medida por una sola vez y por el período de 60 días.
Transcurrido un año, se puede constatar que el decreto solo sirvió para profundizar la crisis económica y acelerar la hiperinflación, dice el economista Alexander Guerrero.
Sus estimaciones colocan la variación de precios de los bienes y servicios de la economía en 1.275% a finales de 2016, cifra cercana al 1.350% calculado por Oliveros, si se trata de la subyacente (precios no regulados y/o comercializados en el mercado negro). Guerrero indica que estos elevados números de inflación provocaron la destrucción de los medios y mecanismos de pago. «Los billetes en circulación han perdido plenamente su valor nominal y no compran absolutamente nada, con lo que la escasez de papel moneda, empeoró la situación de las colas».
La caída de la economía alcanzó niveles inéditos, afirma Guerrero, para quien la contracción fue de -21%, en tanto el desempleo lo ubica en 29%.
A pesar de los cuatro aumentos salariales que el gobierno decretó en 2016, el sueldo mínimo expresado en dólares constituye uno de los más bajos en el mundo, señala el economista, quien no duda en afirmar que esta crisis desató otra de índole humanitaria con hambre, subalimentación, incremento de enfermedades contagiosas que han devuelto la mortalidad infantil a niveles que Venezuela no veía desde los años 50″.
«La pérdida en el poder de compra es de 25% respecto a 2015 y de 50% respecto a 2012», señala Henkel García, director de Econométrica.
La calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado mucho más, producto del excesivo intervencionismo y controles del Estado sobre la economía.
Uno de los resultados es el cierre en 2016 de muchas más empresas y las que aún se mantienen producen a una capacidad menor a la esperada, precisa el analista. Una menor oferta de bienes y la expansión de la liquidez monetaria dieron como resultado una inflación sobre 600% y un retroceso del PIB de 12%, cifras que resultan conservadoras ante las proyectadas por Oliveros y Guerrero.
Para el economista y profesor universitario Luis Oliveros, la caída del PIB puede estar entre -15% y -20%, «algo escandaloso con niveles de escasez como nunca y una caída de las reservas internacionales de más de 30% en 2016, lo que es el caldo de cultivo para un 2017 igual o peor que el año anterior».
«El Decreto de Emergencia Económica es una gran publicidad para venderle al país que estaba haciendo algo cuando no estaba haciendo nada. Estaba potenciando la crisis económica», señala.
Indicadores como una inflación de 1.350% y una contracción en torno a 15% y del consumo ligeramente superior a 15%, dan cuenta de que el Decreto de Emergencia Económica fue una excusa y no fue pensado para atacar los problemas de fondo de la economía, asegura Asdrúbal Oliveros.
