El presidente de Brasil, Michel Temer, apuesta el legado de su turbulento gobierno a la aprobación de un programa de reformas económicas liberales, mientras el país es bombardeado con revelaciones de corrupción en la política.
Apoyado por el establishment y por los partidos que impulsaron la destitución de su exaliada, la izquierdista Dilma Rousseff (2011-2016), Temer encabeza las negociaciones con el Congreso, su gran socio desde que llegó a la presidencia, pero que últimamente envió señales alarmantes al Ejecutivo.
Las cosas cambiaron drásticamente desde que la corte suprema autorizó abrir 76 investigaciones a políticos sobre posibles desvíos millonarios basadas en las confesiones de exejecutivos de Odebrecht, que regaron de acusaciones a ocho ministros, 29 senadores y 42 diputados, muchos del núcleo del gobierno conservador.
Ya en condiciones normales, endurecer las condiciones de jubilación o flexibilizar al mercado laboral no son proyectos fáciles de promover. Pero en medio de la peor recesión de la historia y con prácticamente una generación política entera sentada en el banquillo de los acusados, exige mucho más trabajo.
El martes, el gobierno debió suavizar su propuesta para cambiar las pensiones entre la reticencia de su propia base legislativa y la presión de los sindicatos, que tuvo su máximo exponente en una protesta policial que causó destrozos en el Congreso.
La Cámara de Diputados reveló algunas grietas a la hora de discutir cambios en las regulaciones del trabajo y ya no luce tan confiable para Temer, que ha tenido luz verde del Congreso en prácticamente todos los proyectos que envió.
«La sociedad brasileña no compró las reformas», resumió a la AFP Sylvio Costa, responsable del portal especializado Congreso en Foco.
– El legado –
Con la mayoría del parlamento aún a su favor, Temer pretende salvar sus reformas aún a costa de gruesos remiendos.
«Mi gobierno no se va a beneficiar de nada de esto. Me queda un año y ocho meses de gobierno, esto es para el futuro», dijo el presidente en una entrevista con el canal SBT este fin de semana.
Reencauzar la economía con cambios estructurales que exigen un alto apoyo parlamentario ha sido la prioridad del gobierno desde que asumió a mitad del 2016 para completar el mandato de Rousseff.
Ya consiguió una enmienda constitucional para congelar el gasto público por 20 años y ahora pretende aprobar otra para fijar una edad mínima de retiro de 65 años para los hombres y de 62 para las mujeres, desde los actuales 60 y 55.
Esas dos medidas, junto a una ley laboral para ampliar el poder a los acuerdos colectivos y eliminar la contribución obligatoria a los sindicatos, serían el legado de una presidencia que terminará tras las elecciones de octubre de 2018.
Pero Temer no es el único pensando en el futuro.
Con varios políticos ya presos por corrupción, los comicios se juegan anticipadamente.
El año próximo Brasil renovará el 100% de sus 513 diputados y dos tercios de sus 81 senadores, y muchos ya están evaluando sus chances de ser reelectos. Además de un nuevo mandato, eso les daría fueros para ser juzgados por la corte suprema, cuyos tiempos son más lentos que los de la justicia ordinaria.
«Es un problema para el gobierno. Reduce fuertemente su legitimidad y capacidad de acción. Cada legislador está pensando mucho a la hora de apoyarlo, porque muchas veces el apoyo a una reforma como la de las jubilaciones puede costarle el mandato», señaló Costa.
– Parálisis –
Hasta el propio Temer fue señalado en uno de los cientos de videos de las delaciones de Odebrecht filmados por la fiscalía general y liberados para su difusión en los medios de comunicación.
Si bien esos testimonios no constituyen una prueba, a menos que así lo determine una corte, el veredicto social no se detiene en tecnicismos.
Temer se vio obligado a negar haber discutido un pago para su partido de 40 millones de dólares de origen dudoso. Y también a defender al Congreso.
«Hay mucha gente buena en el parlamento, que colabora y que ha permitido a este gobierno hacer lo que hizo en estos 11 meses», resumió.
Mientras tanto, Brasil tiene un escalofriante déficit fiscal de casi 50.000 millones de dólares.
«No podemos paralizar los trabajos del Congreso. La Justicia tiene que cumplir su papel y nosotros el nuestro, que es votar y deliberar sobre las cuestiones importantes de las cuales depende el futuro del país», dijo a la AFP el diputado Carlos Marun, presidente de la comisión de reforma de las jubilaciones y aliado de Temer.]]>
Vender otra vez electricidad a Brasil, como ofrece Nicolás Maduro en su reciente visita a Brasilia, es posible a pesar de los problemas en Venezuela. Lo que no puede hacer su régimen es enviar esa carga eléctrica al centro y occidente de Venezuela donde los apagones son constantes. Incluso, ni siquiera a Caracas, ciudad intocable, que día a día siente más el descalabro del sistema eléctrico.
Los inversores creen que la confianza en los activos brasileños se debilitarán, una confianza que se ha visto afectada por el temor a que Lula aumente el gasto público y deshaga las reformas más favorables para el mercado
El proceso podría aportar al menos $11.000 millones al estado brasileño. Eletrobras posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión y subestaciones del país, con una extensión sumada de más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos y una capacidad instalada de generación de en torno a los 50.000 megavatios (MW).
