La XLVII Asamblea Anual, celebrada en la isla de Margarita, concluyó con un documento en el que solicita al gobierno cumplir con su obligación constitucional de garantizarle a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y la integridad física de las personas y bienes, así como todas las formas de expresión.
El momento fue propicio para demandar «que cese la represión cruel, inhumana y ventajista que ejercen las instituciones del Estado contra una ciudadanía desarmada, pacífica, inerme”.
En su discurso de despedida, Ramos señaló que hasta que se produzca un cambio en la situación actual del país, los ciudadanos y empresarios deben ejercer su derecho a exigir atención gubernamental ante las autoridades y las instancias internacionales para “evitar incurrir en el peor escenario de los errores sociales: una guerra entre hermanos”.
Ramos cerró convencida de que la mejor manera de trabajar por el crecimiento económico del país es juntos, con disposición y entrega.
Durante el acto de clausura de la asamblea, Ramos aseguró que el encuentro empresarial se llevó a cabo en un ambiente de luto, dolor y solidaridad con los ciudadanos fallecidos, heridos y detenidos de los últimos días, y en homenaje a los comercios y expendios de servicios que han sido saqueados y destruidos, en muchos casos en presencia de las autoridades encargadas de impedir estas acciones.
“El evento se realiza además como reconocimiento solidario a los millones de consumidores venezolanos, hoy convertidos en las grandes víctimas del fracaso de la imposición de un modelo de economía concebido e inspirado en propósitos estatistas, y que se insiste en mantener por sobre el empobrecimiento de la población, millones de desempleados y las ruinas de cientos de miles de empresas”, agrega.
– Atajo cuestionado –
En el documento, Ramos también se refirió a la convocatoria de la Asamblea Constituyente para señalar que se trata de un atajo para legitimar el cuestionado y ya rechazado Plan de la Patria, “amén de insistir en el desconocimiento de la Asamblea Nacional”.
Sobre este punto agregaron que el gobierno hace este llamado acudiendo a una “manipulada constitucionalización de posibles soluciones”, pasando por encima de los fundamentos jurídicos y políticos contemplados en la Constitución y prevaliéndose de la “monodirección del desempeño de los poderes públicos”.
“Preocupa que mientras la ciudadanía insiste en ofrecer su disposición a buscar soluciones, el gobierno opte por apelar a la ventaja legal y política de apoyarse en el uso del monopolio de la violencia, para reprimir a la ciudadanía una y otra vez, y cerrar las vías que nos conduzcan a impedir precisamente ese eventual triste, costoso y doloroso episodio de manchar nuestro presente y futuro con sangre de inocentes”, cita el texto.
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