Un comunicado oficial de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee)d divulgado a través de las redes sociales, ratifica la vigencia de una providencia administrativa que data de 2015.
La norma hace extensiva la responsabilidad solidaria penal por remarcaje de precios a todos los integrantes de una empresa, desde sus presidentes y directores hasta sus trabajadores, ya sea a título personal o en el ejercicio de sus funciones.
Especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización de la economía, son los cargos a los cuales están expuestas las personas que sean procesadas de acuerdo a la providencia 070/2015, del 27 de octubre de ese año y de acuerdo a la Ley de Precios Justos vigente.
La hiperinflación en Venezuela ronda el 4.000% anual, según cálculos de economistas independientes, y es un fenómeno único en el mundo, en medio de un control de precios, de cambio, de tarifas que dura casi dos décadas.
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