¿Por qué la contracción económica y la inflación también tienen un costo electoral para la oposición?

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó un declive de la economía de -7,6% en el primer trimestre de 2023 y -6,3 en el segundo. Los bajos salarios que limitan la demanda, la contracción en las ventas y la caída de la producción suelen anunciar una contracción económica. Las persistentes presiones inflacionarias, son un agravante.

Si la actividad económica se vuelve a contraer en el tercer trimestre, será difícil remontar esta caída en lo que queda de año. Venezuela está a las puertas de otro episodio de contracción de la actividad económica con inflación.

Persiste la inflación

Todo indica que la inercia inflacionaria se mantendrá en el resto del año.

La inflación de julio registró  7,2%. Entre enero-julio de 2023, la acumulada registra 115% y a este ritmo superará el 200% al cierre de 2023. De hecho, la inflación anualizada entre julio 2022 y julio 2023 registra 439%. 

El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 fue de Bs 170.703.832.051 que al tipo de cambio vigente para el momento (11,80 Bs/$) equivalía a unos 14.392 millones de dólares. Entre enero-julio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %. A la fecha de hacer este análisis (10/08/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 31,23 Bs/$. Esto reduce el presupuesto nacional en divisas a apenas 5.466 millones de dólares.

Esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la AN. Si el déficit se sigue financiando con más créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo, en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias que afectan a las familias, empresas e instituciones venezolanas.

Sin control de la inflación ni mejora de la demanda se prolongará la contracción económica 

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos, cuya capacidad de compra está pulverizada.  Esto castiga el consumo privado y repercute negativamente en la actividad económica que no encuentra mercado. Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la actividad productiva y comercial. 

En 2023 no se aumentó el salario mínimo, sino que se decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman menos de 5 $/mes de salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14% de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) que, según los estudios del CENDAS-FVM, supera los 500 dólares/mes. 

La reducción del gasto público también se nota en la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, sistemas públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora las condiciones de vida en los hogares.

¿Qué hacer? 

El comportamiento errático de la economía venezolana tiene su causa en las contradicciones y errores de la política económica y en la fragilidad institucional que no permiten crear un ambiente de confianza para la inversión productiva. Para estabilizar la economía hay que corregir el déficit fiscal, erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, lograr un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía nacional y repotenciar la infraestructura de servicios a la producción para evitar el sobrecosto que castiga su competitividad.

En efecto, la actividad económica necesita servicios públicos de calidad. Pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Para que la actividad económica se recupere hace falta reactivar el crédito a la producción y el consumo, sincronizar los costos de producción con la variabilidad de la tasa de cambio y de la inflación, y aliviar las presiones fiscales derivadas del IGTF y voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías.

Estos son los problemas que más preocupan a las familias, empresas e instituciones venezolanas y deberían ser la prioridad de la oferta electoral. Pero los precandidatos no terminan de proponer un programa viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar las condiciones de vida de los hogares y así no podrán capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional. 

El discurso político prioriza la exigencia de mejores condiciones electorales y la rehabilitación de los precandidatos. Están más preocupados por mejorar la condiciones electorales en las que van a competir que en mejorar las precarias condiciones de vida de la gente. Así se desconectan del clamor de los electores que no terminan de recibir soluciones a sus problemas concretos. Y sin una oferta electoral que dé respuesta a su grave problemática, el elector no se sentirá motivado a votar.

Estrategia del gobierno para conjurar el riesgo político de la inestabilidad económica

En las diferentes encuestas, la gestión de gobierno es castigada con un 75% de rechazo. Si no logra poner en marcha un buen programa de reactivación económica y control de la inflación -con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada-, el gobierno teme perder las Presidenciales de 2024. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr la abstención que convierta en mayoría su minoría electoral.

Con ese fin fuerza la renuncia del CNE para designar rectores espanta votos, se afinca en las inhabilitaciones de precandidatos que sustenten la solicitud ante el TSJ de suspender la primaria por fraude al elector. Son maniobras para afectar la elección primaria y evitar que la oposición pueda hacer una gran demostración de fuerza, de capacidad de organización y movilización del electorado. Si la primaria no sale bien, esto tendrá un impacto desmoralizador que agravaría la desesperanza y apatía electoral. 

La dirigencia política no debe caer en estas maniobras. Más bien, debe contribuir a que los electores tomen conciencia del enorme poder de cambio que pueden ejercer a través del voto. Esto pasa por presentar un candidato único y unitario, con un atractivo programa de gobierno que ayude a vencer la apatía electoral y salir a votar masivamente, a fin de lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.