Las lecciones de España sirven para muchos otros países de Europa y América: ¿Cuáles son los riesgos latentes cuando se termina la emergencia dictada por el gobierno y aumentan los niveles de vacunación?
Instrumento clave para luchar contra la pandemia porque permite restringir derechos como la movilidad, el estado de alarma concluye este domingo en España, un alivio para familias que viven en regiones diferentes y que podrán reencontrarse después de varios meses.
Pero el fin de este régimen excepcional, que ha brindado cobertura legal por seis meses a toques de queda o cierres perimetrales de regiones desde que fue aprobado en octubre por el Parlamento español, ha disparado la incertidumbre en los gobiernos regionales, responsables de la salud pública.
A partir del domingo, las regiones necesitarán la autorización de los tribunales para continuar aplicando estas medidas u otras usadas hasta ahora, como restringir el número de personas que pueden reunirse.
«Este gobierno no tiene ni idea de lo que es gestionar y al final los problemas se los pasa a las comunidades autónomas (regiones), y a partir de ahora dependeremos de la justicia para cerrar o abrir una ciudad, para establecer un toque de queda», se quejó este jueves en la radio pública Juan Marín, vicepresidente regional de Andalucía (sur).
Al igual que lo han hecho otras comunidades o la oposición de derecha, Marín reprochó al gobierno del socialista Pedro Sánchez no haber ideado un plan B legislativo para evitar un nuevo caos jurídico con fallos contradictorios de tribunales, como el ocurrido luego de levantarse el primer estado de alarma vigente durante la primera ola de la pandemia.
Alegando que el estado de alarma no puede prolongarse indefinidamente, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó el miércoles que las regiones cuentan con «medidas suficientes para seguir atajando y manteniendo el virus a raya».
Darias explicó que el país, uno de los más golpeados de Europa con casi 79.000 fallecidos y 3,5 millones de contagios, vive ahora una situación epidemiológica «diferente».
España ya se beneficia del impacto de la vacunación, con un 27% de la población con al menos una dosis y un 11% con la inmunización completa.
Los contagios llevan varios días en descenso en España, que no ha sufrido los recientes repuntes de otros países europeos. Su incidencia acumulada se sitúa en poco más de 200 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, por debajo de los 492 casos en Francia, 314 en Alemania o 274 en Italia.
Los epidemiólogos consideran un acierto no haber relajado las restricciones en Semana Santa, como sí se hizo en Navidad, permitiendo los viajes entre regiones para visitar familiares. Consecuencia: los casos explotaron en enero.
Para dar más garantías a las regiones, el gobierno aprobó el martes un decreto para que puedan recurrir al Tribunal Supremo si las cortes regionales rechazan medidas.
El objetivo es que el Supremo, que tendrá solo cinco días para responder, unifique criterios de hasta dónde pueden llegar las regiones, una responsabilidad que ya ha suscitado malestar entre algunos jueces, según la prensa española.
A partir del domingo, «siempre hay este riesgo de que aumentar la movilidad conlleve un aumento de casos (…) y no poder disponer de toda la lista de acciones que permite el estado de alarma puede ser un problema», advirtió a la AFP Salvador Macip, investigador en las Universidades de Leicester y Abierta de Cataluña.
«Hay la sensación de que ya no puede haber más rebrotes o picos porque estamos vacunando a buen ritmo y los casos han bajado», pero la situación sigue siendo «inestable» dice Macip, cuando, por ejemplo, la región de Madrid tiene un 42% de las camas de cuidados intensivos ocupadas con pacientes covid-19.
«No podemos pretender hacer vida normal y tener todas las libertades» cuando «se está muriendo gente», agregó el autor del libro «Las grandes epidemias modernas».
En previsión, las regiones de toda España preparan paquetes de restricciones, que incluyen algunas que no necesitan autorización judicial, como limitar horarios y aforo para la hostelería y los comercios.
Varias de ellas, aunque descartan mantener sus fronteras cerradas, se disponen a acudir a los tribunales para prorrogar el toque de queda.
Ya lo hizo Baleares (este), que este jueves recibió autorización de un tribunal regional para mantener la limitación nocturna de movimientos y restringir a seis personas las reuniones privadas.
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