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Fiscal chavista Saab reconoce asesinato de opositores Pernalete y Albán

Tras informar la entrega de un tercer informe ante la Corte Penal Internacional, el fiscal chavista reconoció que el ex concejal Fernando Albán fue asesinado y torturado por funcionarios de la policía política SEBIN. La muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete fue un "homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva" ejecutado por la Guardia Nacional.

Fiscal chavista Saab reconoce asesinato de opositores Pernalete y Albán

Tarek William Saab, fiscal general del chavismo, admitió los asesinatos a manos de fuerzas del Estado venezolano de los opositores Juan Pablo Pernalete y Fernando Albán. En un giro a la versión y la propaganda oficial, dijo que entregó un nuevo informe sobre estos casos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En rueda de prensa este sábado, Saab señaló que el Ministerio Público (MP) solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del SEBIN que custodiaban al concejal  Albán en octubre de 2018. Se les acusa de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido.

Admite tortura

Además dijo que el 22 de octubre de 2020 hubo «una nueva audiencia de imputación contra dos funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) por los delitos de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura».

Se refiere al caso del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalos, asesinado en 2019 en los calabozos militares después de haber sido presentado en público en una audiencia de juicio, con evidentes signos de tortura.

El documento acusatorio lo presentó el Ministerio Público el 13 de noviembre del mismo año. 

La Corte Penal  procesa varias denuncias contra el régimen que encabeza Nicolás Maduro, inclusive evalúa varios crímenes de lesa humanidad que implican responsabilidad penal del propio líder del chavismo.

El estudiante Pernalete

Sobre el caso de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado por una bomba lacrimógena que impactó su pecho durante las protestas de 2017, el fiscal chavista informó que el MP apresó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El cargo que les imputaron fue «homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva».

Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro está señalado por crímenes de lesa humanidad por instituciones internacionales, Saab dijo que estas medidas forman parte del trabajo de defensa de los derechos humanos.

La narrativa oficial, ex puesto en su momento de manera copiosa por el entonces ministro de Información, Ernesto Villegas, pretendía sostener que Pernalete había sido asesinado por los propios manifestantes usando una pistola neumática (de pernos), usada parea sacrificar ganado.

La propaganda oficial empleó los medios chavistas, como Ultimas Noticias, para mentir abiertamente sobre el caso Pernalete.

Más investigaciones

Tarek William Saab consideró «otros casos relevantes», entre ellos el ajusticiamiento de cinco hombres en el barrio El Limón, ubicado en el estado Vargas. Por el mismo, se les acusó de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible a 5 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Igualmente, comentó sobre el asesinato de dos integrantes de la televisora comunitaria Guacamaya TV en el estado Zulia. Por este caso, se imputaron cargos de homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionario público, simulación de hecho punible, complicidad, entre otros a 5 funcionarios policiales y una exfiscal del MP por encubrimiento y asociación.

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Agentes del gobierno como verdugos

El fiscal dijo que en 3 años y 8 meses el MP imputó a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Y aprehendió un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares». En total, hay 1.064 funcionarios y 136 civiles con acusaciones, y 153 condenas.

Saab informó también que «como parte de los compromisos voluntarios» que adquirió el gobierno de Maduro con la CPI, inició un «proceso de reestructuración de la PNB». El desarrollo de esto duraría 6 meses y está público en la Gaceta Oficial N°42.105 del 13 de abril.

El tercer informe que se entrega

El informe que se entregó el viernes 30 abril es el tercero de este tipo, y según Saab, forma parte de la «colaboración absolutamente irrestricta de las autoridades venezolanas con la fiscalía de la CPI».  Sin embargo, la Corte no se ha pronunciado sobre los documentos anteriores. Ante esto el fiscal chavista pidió «una evaluación a la Fiscalía de la CPI sobre los compromisos concretos ya trasladados por el país y que se amplían con este nuevo informe».

La Corte Penal Internacional informó en noviembre de 2020 “que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”. Este informe menciona uso de fuerza excesiva durante las manifestaciones del año 2017 y por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en territorio venezolano desde el 12 de febrero de 2014.