Caracas, la capital de la república, fue un ejemplo del caos que se ha convertido la vida en Venezuela, una nación sin ley en el que el sistema político ha sido prácticamente desmantelado por el mismo Ejecutivo, en el que las personas buscan sobrevivir y las protestas económicas y sociales están a la orden del día.
Un país sumido cada día más en la miseria, en el que las demandas por reivindicaciones sociales de parte de la población no cesaron.
El gobierno dirigido por Nicolás Maduro logró sobrevivir a las protestas políticas de 2017 y alcanzó el añorado apaciguamiento para garantizar su estabilidad en el poder durante 2018. Sin embargo la profunda crisis económica, social y de servicios básicos originó que, la ciudadanía inconforme, protestara incesantemente por derechos como agua, alimentación, medicinas aunque la mayoría de estos fueron ignorados, deliberadamente o no, por el gobierno.
Las protestas en su mayoría fueron lideradas por personas de tercera edad que reclamaron en incontables ocasiones el incumplimiento del pago de sus jubilaciones y pensiones.
La tercera edad no fue la única abandonada, los jóvenes y niños también quedaron en el abandono, bien sea por la emigración de sus padres o porque simplemente no tenían la capacidad económica para alimentarlos. Ver a los más jóvenes en situación de calle pasó a ser cotidiano en Caracas.
Ningún grupo estuvo exento de la debacle y la situación ruinosa de la infraestructura nacional. El agua fue uno de los productos que más escasearon, algunas zonas pasaron semanas sin el líquido.
La incapacidad para tener acceso a la alimentación llevó a los venezolanos al sometimiento total ante el Ejecutivo que los controló con medidas de racionamiento camuflados como ayudas sociales. El gobierno impulsó y logró expandir más los Comité Locales de Abastecimiento Popular (Clap) para dominar a la población a través de lo más primario, el hambre.
Quien no cedía o podía pagar ni siquiera los alimentos distribuidos por la administración de Nicolás Maduro, debieron cruzar un límite poca veces visto en nuestra realidad, hurgar en la basura con la esperanza de tener algo para comer.
Pero la alimentación no fue la única tarea pendiente y por la que se reclamó en el Distrito Federal ni la Gran Caracas, el transporte fue otros de los afectados y surgieron las mal llamadas «perreras», vehículos precarios que se usaron en sustitución de los autobuses para los que no hay repuestos, ante el cierre de las automotrices, repuestos y la incapacidad de importar estos productos.
Además del transporte, la salud también se vio muy afectada por la falta de insumos y medicinas, los venezolanos padecieron la situación y la agudización de una crisis que no ha podido ser solventada y que sigue cobrando vidas de miles de ciudadanos. Las enfermeras fueron motores de la protesta.
La miseria se hizo patente a cada paso dado en la ciudad, la desesperanza y el sufrimiento se hizo diario ante la mirada indiferente de otros que buscan sobrevivir su día a día.
Ni siquiera los entes gubernamentales, antes respetados y mejor tenidos que otras empresas del Estado, fueron protegidos por el gobierno y sus trabajadores salieron a las calles a protestar por sueldos dignos.
En vez de escuchar las demandas sociales el gobierno se dedico a reprimir y controlar todo foco de disidencia e impedir que estos se acercaran a los funcionarios que podían solventar sus pedidos.
Otras imágenes de vulnerabilidad y decadencia también se hicieron evidentes en otras regiones del país, la desnutrición, violencia, el colapso de servicios básicos -como agua, electricidad, teléfono-, y una emigración forzada fueron otros de los protagonistas del año.
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