Frontera de Colombia y Venezuela desafía al coronavirus

Esta frontera binacional es una de las más activas entre países de América Latina. En sus extensos territorios hay una enmarañada red de caminos donde es muy difícil imponer las medidas sanitarias para frenar la expansión del coronavirus.

Estos caminos incontrolables, llamados “trochas” por aquí, sirven de aliviadero a la crisis en los municipios fronterizos, especialmente del lado venezolano.

Según el régimen de Nicolás Maduro el flujo de personas por estos pasos fronterizos ilegales explica el repentino aumento en las cifras de contagios por COVID-19 que vive Venezuela en los últimos días.

Los pasos fronterizos legales están cerrados y las trochas son los vasos comunicantes entre los dos países.

Maduro llega al extremo de calificar a los venezolanos que regresan como “armas biológicas”. Sostiene que son enviados por su archienemigo Iván Duque, el presidente de Colombia.

Como siempre, el chavismo no presenta ninguna prueba de sus aseveraciones, aunque siembra estigmas en familias enteras de venezolanos que regresan intentando evadir la crisis económica y social desatada por la pandemia en toda Sudamérica.

En días recientes, el estado Táchira emitió una “alerta roja” por el repunte de casos positivos de COVID-19 en el país.

Esa entidad es la ventana por la que se asuma Venezuela hacia los países andinos.

En los últimos años, con el colapso final de la economía bajo el régimen de Maduro cientos de miles de venezolanos escaparon por esa vía en dirección a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Las llamadas trochas son un punto de conflicto binacional.

Desde que estalló en la región la crisis mundial del coronavirus, unos 50.000 de los casi cinco millones de migrantes han regresado. Buena parte lo ha hecho por las fronteras de Táchira, a pie y arrastrando sus pocos enseres.

El departamento Norte de Santander, fronterizo con Táchira, es el principal paso fronterizo y «concentra el 11,40% que corresponde a 206.416 venezolanos» que viven en Colombia.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo este  jueves en una rueda de prensa a través de medios electrónicos que la cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por primera vez en cinco años al pasar de 1.825.000 personas en febrero a 1.809.000 en marzo pasado.

Atribuyó la caída neta a los efectos de la pandemia del coronavirus.

Bogotá  concentra la mayor cantidad de venezolanos, con 357.586, que representan 19,76%

Según Freddy Bernal, representante político del gobierno de Nicolás Maduro en Táchira, 78% de los contagiados de COVID-19 en Venezuela provienen de Colombia. Muchos de ellos podrían estar llegando por los pasos ilegales, afirmó hace pocos días.

«Mientras que en Venezuela se han adoptado medidas epidemiológicas, de control y restricción, en Colombia los controles “lamentablemente” no han sido severos. Siguen entrando venezolanos que luego se detectan positivos al coronavirus en territorio nacional», dijo Bernal.

Unos 38 pasos ilegales fronterizos han sido identificados entre el estado Táchira y la zona metropolitana del departamento colombiano Norte de Santander, detalló el denominado “protector” del Táchira.

Con ese cargo, Bernal usurpa las funciones de la gobernadora legal, la opositora Leidy Gómez, electa en comicios libres.

Según los registros formales de Migración Colombia, entre el 14 de marzo y el 26 de mayo al menos 66.492 venezolanos regresaron a su país. De ese total, 23.312 lo hicieron por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira.

El resto pasó por otros puntos fronterizos legales, y a través de la enmarañada red de trochas.

Por allí se genera un negocio irregular que factura por volumen de personas y valor de las cargas.

Las zonas de tránsito irregular, conocidas como trochas, han sido reforzadas en las últimas horas con la presencia de unos 3.000 hombres entre Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y varios cuerpos de policía.

El gobierno venezolano cuenta que en total han retornado al país 50.686 personas a través de las diferentes fronteras y puestos, lo que incluye aeropuertos.

Se intenta garantizar que no ingresen por esos lugares quienes deseen retornar al país, precisó Bernal recientemente.

“La orden es no permitir que los connacionales crucen la frontera por pasos irregulares. Llama la atención que del lado colombiano, no se observa ni ejército, ni policía, como si la tarea es solo de las autoridades de Venezuela”, agregó Freddy Bernal.

Atribuyó a personas “inescrupulosas y mafias”, en su mayoría de nacionalidad colombiana, aprovecharse de “la acción humanitaria del presidente Nicolás Maduro”, al cobrar por pasar a través de trochas a hombres, mujeres, niños, bultos y demás.

Según testigos, migrantes y personas que hacen vida a ambos lados de la frontera, es común tener que pagar sobornos a guardias nacionales y policías venezolanos para entrar o salir del territorio.

Bernal advirtió que los “trocheros” (operadores que cobran peajes y sobornos en las trochas) que sean detectados en flagrancia llevando a personas de un lado a otro de la frontera, serán presentados ante los tribunales por “tráfico de seres humanos”.

La realidad

Días después del anuncio de cierre de los pasos ilegales entre Táchira y Norte de Santander la realidad fronteriza es muy distinta a lo que pregona el discurso oficial.

Al menos en la localidad fronteriza de San Antonio, las personas aguardan con prisa a que el reloj anuncie las 10 de la mañana. Esa es la hora en la que se abre el paso para cruzar a Colombia por las zonas prohibidas.

La advertencia que hacen quienes custodian los caminos ilegales es que se debe regresar antes de la 5 de la tarde, hora de cierre.

Juan (nombre dado para resguardar su identidad), llegó a Cúcuta el pasado viernes 22 de mayo luego de cruzar por uno de los pasos ilegales más concurridos y conocidos: trocha “La Pampa”.

El habitante fronterizo dijo a El Estímulo que el paso estuvo “normal”. No le cobraron nada por el desplazamiento, “a pesar de que había gente de la policía y otros vestidos de civil con radios transmisores, en la entrada a la trocha”.

Al llegar a territorio colombiano se encontró con la Policía Nacional de Colombia.

“Habían dos policías de esos que andan en caballos, me pidieron la cedula, preguntaron hacia dónde iba y me dejaron seguir”, relató.

A diario son cientos de venezolanos que desafían la advertencia hecha por Bernal. Se adentran por alguno de los 38 caminos ilegales que conducen al país vecino y regresan de la misma manera a Venezuela.

Ricardo Cárdenas pasó por la trocha conocida como “La Cadena”, ubicada en la zona sur de San Antonio. Cruzó a Cúcuta para completar trámites, dijo que al regresar el camino estaba muy concurrido.

Decenas de personas iban de un lado al otro de la frontera, describió. Algunos llevaban grandes cargas de chatarra (material ferroso, aluminio y cobre) para venderla en Colombia.

Del vecino país lo que trae la gente a territorio nacional son costales llenos de alimentos y artículos de higiene personal. Otros son viajeros porque vienen cargados solo con sus maletas, detalló.

Un modo de vida

No solo los horarios rigen el paso por los caminos verdes en la frontera colombo venezolana. La tarifa a pagar por cruzar de un lado a otro también es regulada por quienes administran esas rutas.

Cuando las personas se acercan a los pasos ilegales, los trocheros corren detrás de ellas, las abordan, les garantizan un paso seguro y piden plata para ayudarlas a pasar. Se acomodan a ambos lados de la frontera, tanto en Venezuela, como en Colombia, dijo Alberto Chacón, habitante de San Antonio.

“Los soldados del Ejército venezolano acompañados de civiles, también piden una colaboración cuando la gente llega para pasar hacia Colombia sin mucha carga. Pero si traen bultos grandes pagan un monto acordado entre ellos”, explicó.

Chacón pagó sólo 1.000 pesos (unos 25 centavos de dólar) por pasar desde San Antonio del Táchira a Villa del Rosario: «No llevaba gran cosa, apenas dos bolsitas”.

El paso se hace intermitente a lo largo del día por las trochas. Abren unas y cierran otras, así transcurre la jornada. Son mecanismos utilizados para crear necesidad en las personas y así poder aumentar la cuota de cobro o peaje, comentó el habitante fronterizo.

“Cuando se ponen complicados el paso piden hasta 5.000 pesos a quienes llevan poca mercancía. Quien va cargado tiene que pagar mucho más”, dijo.

Si en el día pasan unas 100 personas, son más de 100 dólares de facturación sólo por dejar pasar a las personas.

Pero si el transeúnte lleva carga, por ejemplo algunos alimentos de valor, deberá pagar el equivalente a unos 12 dólares.

Y si se trata de pasar un vehículo, el monto sube al equivalente a unos 270 dólares, dijeron las fuentes.

En el trayecto también se encuentran con grupos de motorizados que se comprometen a acercar a los transeúntes hasta el punto más cercano a la frontera, para caminar menos, “esa vuelta sale en 2.000 pesos», (medio dólar),  dijo Chacón.

Es muy complicado pretender cerrar definitivamente los pasos ilegales porque la corrupción que se maneja es grande. Las autoridades que custodian los pasos negocian con quienes trabajan ahí. “Comen todos”. Además que son espacios muy extensos de territorio que difícilmente se pueden controlar, precisó.

«A mí ni me requisaron, pero en esos caminos uno queda a merced de esa gente sin saber quiénes son: guerrilla, colectivos (bandas paramilitares chavistas), Faes (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional venezolana) o hampa común», rememora una testigo.

La tarde empieza a caer en la zona de frontera y con ella aumenta la entrada y salida de personas por los pasos irregulares. Muchos vuelven a sus lugares de origen.

“Mañana será otro día y veremos cómo se mueven las cosas por aquí. Hoy por la trocha de “Los Tamarindos” el paso fue difícil, esperemos que aflojen”, comentó Alberto Chacón.