Guerra entre Carrizález y el padre de Rodríguez Torres divide al chavismo en el llano

Representantes del Movimiento Campesino Bolívar-Maisanta y de la Federación Bolivariana de Trabajadores de la Pesca y el Campo, denunciaron a medios regionales que el pasado jueves efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía regional incendiaron las casas de unas 127 familias que vivían desde hace cinco años en el Hato La Cañada Avileña, ubicado en la parroquia La Trinidad de Orichuna en el municipio Rómulo Gallegos del Alto Apure.

De acuerdo con la versión de los afectados, ese terreno – de unas 8 mil hectáreas- había sido “recuperado” por los campesinos, luego del fracaso que habrían representado para el desarrollo agropecuario de la zona las empresas estatales Santos Luzardo y Marisela. “Santos Luzardo perdió aquí 12 mil reses”, manifestó Giovanny Álvarez, vocero del Movimiento Campesino Bolívar-Maisanta.

La suerte de estas 127 familias quedó sellada tras una reunión que sostuvo el vicepresidente para la Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, con productores privados y del Estado a fin de aumentar el rendimiento del campo venezolano.

“Le preguntaron al Gobernador por ese hato y no habría dado buenas referencias. Recordemos que los predios estatizados ahora pertenecen a las gobernaciones”, reseñó el periodista Miguel Cardoza, afincado en San Fernando de Apure.

Hasta aquí, ésta sería una historia más sobre las escaramuzas entre elementos de los cuerpos de seguridad y campesinos sin tierra. Sin embargo, la intervención del alcalde del Alto Apure le dio un giro político a este conflicto.

“Esa gente (los campesinos desalojados) me está apoyando, por eso les quemaron los ranchos e incluso una niña de dos años resultó afectada. Esta mañana (domingo, 18) se presentó el general Douglas Morillo, director de la Policía del estado Apure, y agarró a un muchacho, que es uno de mis escoltas, le dio 10 patadas, lo lanzó al suelo, lo amarró por el cuello y lo quería arrastrar con un jeep de la policía”, denunció el alcalde, entrevistado por Cardoza.

Rodríguez Galvis interpretó que esta acción pretendía “desmoralizarlo”, ahora que se dispone a enfrentar al Partido Socialista Unido de Venezuela postulando a sus propios candidatos a la Asamblea Nacional.

Carrizález justificó la intervención de la fuerza pública argumentando que “un grupo de personas se encontraba de manera ilegal ocupando el Hato La Cañada Avileña, del municipio Rómulo Gallegos, con palos, piedras y cuchillos”, y aseveró que “estas personas arremetieron violentamente” contra la autoridad, según informó Radio Nacional de Venezuela. El mandatario regional sentenció que “la agresión fue dirigida con violencia por Luis Palacios, funcionario del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y escolta del alcalde distrital Jorge Rodríguez”, a quien señaló directamente por este hecho.

Con todo

La guerra entre Carrizález y Rodríguez Galvis es total. El 30 de enero de 2014, en su programa radial “En batalla”, el Gobernador puso en entredicho la honorabilidad del padre de Rodríguez Torres, quien en ese momento estaba al frente de la cartera de Relaciones Interiores. “Durante estos años en que ha sido alcalde distrital no ha solucionado nada”, enfatizó para luego afirmar que su rival ha manejado millones del Fondo de Compensación Interterritorial. “Hubo unos acuerdos con la Gobernación que yo suspendí porque detecté actos de corrupción por denuncias de las mismas comunidades”.

En septiembre pasado, en un mitin celebrado en Elorza, Rodríguez Galvis disparó artillería pesada contra su adversario local. No solo lo tachó de ineficiente y se comprometió a echarlo de la Gobernación en 2016, sino que vinculó a Carrizález y su familia con el narcotraficante Walid Makled y con una supuesta mafia del cemento y la cabilla.

Sin embargo, el episodio más oscuro de esta pugna guarda relación con el intento de secuestro que sufrió Juan Carlos Rodríguez Torres, hijo del alcalde, en junio pasado en su finca en el Alto Apure. Por este caso fueron investigados militantes de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), que tiene entre sus portavoces al diputado Orlando Zambrano (PSUV-Apure).

“Vemos esto como una actuación tendenciosa, un mecanismo de presión y retaliación política. El alcalde Jorge Rodríguez está enfrentado al PSUV y hasta se ha metido con la familia de Carrizález, diciendo que sus hijos están vinculados con el narcotráfico”, declaró Zambrano en defensa de sus compañeros.

El parlamentario rojo llegó a denunciar que el padre de Rodríguez Torres utilizaba a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Guasdualito para reprimir a líderes campesinos y populares, acusación que ratificaron dirigentes psuvistas en el Consejo

Legislativo apureño.

El alcalde del Alto Apure militó en el PSUV hasta que la organización resolvió no apoyar sus aspiraciones reeleccionistas y, además, mantener a Carrizález en la Gobernación. Pese a no contar con el apoyo de la maquinaria roja, Rodríguez Galvis derrotó a sus antiguos compañeros, que también perdieron Guasdualito contra Lumay Barreto, de Voluntad Popular.

“Rodríguez hizo una alianza con Voluntad Popular y respaldó el 8 de diciembre de 2013 a Lumay Barreto”, lanzó Zambrano, convencido de que el padre de Rodríguez Torres pactó con “la derecha” para hundir a la fórmula oficialista.

Sectores del chavismo creen que este pleito amerita la intervención del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, amigo por igual de Carrizález y de Rodríguez Galvis, para evitar que este choque de trenes ponga en peligro la supremacía revolucionaria en la entidad. Mientras tanto, al alcalde redobló la apuesta al informar a medios locales que convocará a una marcha la semana próxima para demandar la renuncia del Gobernador.