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Informe Bachelet: 10 claves que explican por qué la justicia no funciona en Venezuela

Corrupción, miedo, partidismo e ilegalidad rodean al sistema judicial venezolano. En un nuevo informe, Michelle Bachelet revela los factores que no permiten que los venezolanos obtengan la justicia que merecen

Informe Bachelet: 10 claves que explican por qué la justicia no funciona en Venezuela

Este martes 14 de julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un nuevo informe que complementa al publicado a principios de mes. En este documento, Bachalet resalta la falta de independencia en el sistema de justicia en Venezuela y señala varios factores que llevan a esto.

«La inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical… merma la capacidad del poder judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los derechos humanos», señala el informe.

El informe se basa en entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes. En él se pueden encontrar 10 claves que explican la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela.

1. Los superiores dictan instrucciones a los jueces

Los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias.

El informe señala que un ejemplo claro está en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. En 2009 fue procesada tras pronunciar un fallo que daba cumplimiento a una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. La jueza fue encarcelada y posteriormente puesta en libertad en 2011 con medidas cautelares. Su caso tuvo un efecto amedrentador, pues impidió a los jueces actuar de forma independiente por temor a ser objeto de un procesamiento penal.

Informe Bachelet

2. Un decreto de emergencia judicial destituye a los jueces

En 1999, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto en que se establecía la “emergencia judicial” y se creó una una comisión dotada de la facultad para destituir a jueces de su cargo sin seguir un debido proceso, por motivos como la corrupción o los retrasos judiciales.

El informe señala que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha continuado basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos.

3. No hay nuevos nombramientos de jueces

El Informe Bachelet denuncia que desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de nombramiento público de jueces titulares. Debido a la falta de transparencia y de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial del TSJ, es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos legales.

En 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que dicho proceso de designación había generado una situación en la que menos del 25 por ciento de los jueces eran titulares.

4. El TSJ actual no se constituyó de forma legal

La composición actual del TSJ fue consolidada en diciembre de 2015 con el nombramiento de 13 jueces por la Asamblea Nacional, que estaba dirigida por el partido gobernante. No obstante, su nueva composición acababa de ser renovada con la elección de una mayoría de parlamentarios de partidos de la oposición.

El proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley. Trece jueces del TSJ se vieron obligados a jubilarse anticipadamente para que fuera posible nombrar a nuevos magistrados, algunos de los cuales habían ocupado cargos en el poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder. Además, no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados.

Informe Bachelet

5. Un TSJ en contra de la Asamblea Nacional

El informe señala que entre diciembre de 2015 y mayo de 2020, el Tribunal pronunció 127 sentencias que invalidaban decisiones de la Asamblea Nacional. Además, el 26 de mayo de 2020, el TSJ ratificó la elección del parlamentario Luis Parra como Presidente de la Asamblea Nacional y calificó la presidencia de Juan Guaidó de “desacato”.

Desde marzo de 2017, el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido.

6. Militares enjuician civiles

El informe de Bachelet muestra preocupación por el uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles. Como ejemplo coloca el caso que ocurrió el 13 de agosto de 2019, cuando el dirigente sindical Rubén González fue condenado a cinco años y nueve meses de reclusión por un tribunal militar, acusado de haber injuriado a las fuerzas armadas.

Rubén González sindicalista ferrominera - Amnistía Internacional exige su liberación urgente

7. Bajos salarios de jueces

Según los datos recopilados para el informe, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia.

8. Tribunales de terrorismo violan los derechos

Otra fuente de seria preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de una ley de la Asamblea Nacional. El informe señala que los procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo.

Desde 2018, se recurre cada vez más a estos tribunales para juzgar casos de relevancia política, incluyendo de militares.

9. Los fiscales se nombran a dedo

La inseguridad de titularidad afecta también a los fiscales del Ministerio Público. Casi todos ellos son provisionales. Su nombramiento o destitución se dejan a la potestad discrecional del Fiscal General, pese a que por ley debe ser a través de concurso público.
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Además, el Fiscal General actual fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo un procedimiento que no respeta las disposiciones constitucionales.

Fiscalía chavista cita a Guaidó por supuesto golpe de Estado. Foto: AP

Fiscalía chavista cita a Guaidó por supuesto golpe de Estado. Foto: AP

10. Los defensores públicos no siempre defienden

Los defensores públicos no siempre defiende adecuadamente a las personas que representan. El informe de Bachelet revela un insuficiente grado de independencia de los defensores públicos durante las audiencias relativas a algunos casos de relevancia política, en los que no se permitió a los acusados elegir a sus abogados.

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