Sin resultados en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de un mes, las autoridades mexicanas han encadenado una serie de fallos y contradicciones que ponen en duda su imagen de eficiencia desde que asumió la presidencia Enrique Peña Nieto
La fiscalía general tardó nueve días en asumir la investigación del crimen ocurrido la noche del 26 de septiembre, cuando policías corruptos de Iguala (estado de Guerrero, sur) y sicarios del narcotráfico atacaron a tiros a decenas de estudiantes, dejando seis muertos y 43 desaparecidos.
El alcalde de Iguala, que ahora es el principal sospechoso de ordenar el ataque escapó con su mujer dos días después de las desapariciones.
«Hubo una tardanza, una negligencia inicial de parte del gobierno federal. En una investigación científica, cualquiera sabe que las primeras 48 horas posteriores a una desaparición son cruciales», señaló Alejandro Hope, analista de seguridad y ex oficial de inteligencia mexicano.
Bajo la batuta inicial de las autoridades del estado de Guerrero, que en un primer momento esperaban que los jóvenes estuvieran escondidos y no desaparecidos, las investigaciones han tenido constantes giros, informaciones erráticas y una búsqueda tan aparatosa como hasta ahora estéril.
Buscar a «palos de ciego»
Más de 2.000 policías y militares fueron desplegados en las inmediaciones de Iguala para encontrar vivos o muertos a estos 43 alumnos de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa.
Los operativos de búsqueda cuentan con helicópteros, caballos y perros especializados para la sierra e, incluso, equipos de buzos para el rastreo de ríos y lagunas.
«Están jugando al detective chino, buscando por donde sea, sin tener ningún tipo de claridad de lo sucedido. La búsqueda se está volviendo un problema para el gobierno porque está generando una percepción de incompetencia», estima Hope.
Las pistas obtenidas con las declaraciones de los 56 detenidos por el caso -entre funcionarios, policías y narcotraficantes- han llevado a las autoridades hasta una decena de fosas clandestinas en distintos puntos de la sierra que rodea a Iguala.
En las primeras fosas se hallaron 28 cuerpos y en las siguientes al menos otros 10 cadáveres que siguen siendo analizados por forenses.
Inicialmente la fiscalía general dijo que los estudiantes no estaban entre los 28 primeros cuerpos, pero luego rectificó que ello debía corroborarse con nuevos análisis y con el peritaje independiente de expertos argentinos, pedido por las familias.
Más allá de las dificultades técnicas para la investigación forense que arrastra desde hace años México y la lentitud de la identificación de unos cuerpos que fueron incinerados, «el problema es que (los detenidos) no les dicen verdaderamente qué es lo que hicieron con ellos y, entonces, están buscando a palos de ciegos», coincide Samuel González, ex fiscal antidrogas nacional.
«Hay que negociar con los testigos eficaces para que te digan la verdad. Todo es un problema de negociación», señala el exfuncionario, considerando que este terrible caso es fruto del «descuido y la negligencia del Estado» hacia la conflictiva región de Guerrero.
Una fiscal consideró que hay "altísimas posibilidades" de que los cuerpos correspondan a los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense Jack Carter, quienes viajaron para practicar surf en México. Fueron reportados como desaparecidos el pasado 27 de abril
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