Brexit: Dos años para un divorcio

Theresa May, primera ministro de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, finalmente firmó el documento que inicia el plan de salida de su país de la Unión Europea. La notificación llegó al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk el 29 de marzo, 9 meses y 6 días después de que 51,9% de los votantes británicos decidieran abandonar el bloque que agrupaba a 28 países –ahora 27–.

El proceso de desconexión entre Londres y Bruselas se antoja largo, complicado y con múltiples aristas que se deben negociar: beneficios migratorios, planes de salud, economía, comercio, aranceles. Y por supuesto, resurge la duda sobre cómo afecta la separación a territorios que están en abierta oposición a la salida, como Escocia e Irlanda del Norte.

Mientras tanto, el ministro de Economía británico, Phillip Hammond, ya advirtió que la aventura, que aunque puede dar frutos al poder regular su economía sin las medidas impuestas en Bruselas, parte con un déficit de 142 millardos de euros, de los cuales 60, aproximadamente, se deben pagar al bloque. Según el funcionario, la economía británica dejará de crecer con el mismo empuje y crecerá 2,4% menos en los próximos cinco años.

El compás de dos años también abre una etapa de especulaciones y dudas sobre el proceso inédito. Los jefes negociadores de cada delegación, David Davis por el lado británico y Michel Barnier, por la parte europea deberán dirimir los temas de interés para sus respectivas delegaciones.

“El primer paso será la adopción –en 48 horas– de las directrices de las negociaciones, que establecerán el conjunto de las posiciones y principios a la luz de los cuales la Unión negociará con el Reino Unido”, afirmó Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, quien el mismo día de la salida expresó su tristeza por la decisión británica.

Pero a pesar de la intención de las partes en querer llevar el proceso lo más tranquilo e incluso amistoso, esto no será del todo posible. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, dijo: “No hay intención de garantizar que el Reino Unido obtenga un mal acuerdo, pero está claro que no puede haber un acuerdo mejor con la Unión Europea que la pertenencia a la Unión Europea”.

Y es que así como el discurso de los brexiters –partidarios de abandonar la Unión Europea– era reconquistar la independencia, el de los proeuropeos es el proteger los intereses de los ciudadanos en la integración. Europa está en un año electoral decisivo, la primera prueba fue la derrota en marzo del movimiento antimusulman y xenófobo de Geert Wilders en Holanda, pero quedan amenazas para el proyecto europeo como el de la ultraderecha de Marine LePen, en Francia y con menores posibilidades pero aún preocupante el crecimiento de la formación Alternativa para Alemania.

Si bien algunos británicos euroescépticos y eurófobos garantizan que salir del bloque les brinda libertades, como hacer frente a la inmigración de la forma que deseen o establecer aranceles y formas de negociar; los europeos, por su parte, harán una demostración de fuerza.

La próxima fecha clave para el continente es el 29 de abril cuando los dirigentes europeos se reúnan en una cumbre extraordinaria en Bruselas para pactar el contenido de un documento que limitará el mandato de Barnier para hablar con los británicos del divorcio, y -tal como lo dijo la canciller alemana, Ángela Merkel-, no de la futura relación entre el grupo y Reino Unido.

Será en mayo cuando el negociador europeo inicie sus contactos con Londres para establecer tres puntos originales: el arreglo financiero (es decir la factura de salida: pagos pendientes al presupuesto comunitario) los derechos de los ciudadanos afectados (europeos que residen en el Reino Unido y británicos que viven en la Unión Europea) y la cuestión de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, asunto que se dejará en manos de las partes afectadas.

Si bien algunas posturas son conciliadoras otras no lo son tanto.

Nigel Farage, notorio propulsor de la salida y eurodiputado del Partido por la Independencia del Reino Unido afirmó que el brexit no es un incidente aislado y que le gustaría ver cómo se rompe la Unión Europea.

Muchas agrupaciones que hacen vida en la Eurocámara respondieron que es Londres es quien debe pagar los costos de la salida, además de establecer un trato fronterizo especial para Irlanda del Norte y la prohibición de acuerdos bilaterales entre Londres y sus antiguos socios en una resolución que votará el pleno la próxima semana.

“El acuerdo financiero con el Reino Unido debe incluir las obligaciones legales que emanen de los compromisos presupuestarios que el país tiene pendientes, así como hacer provisiones para las partidas que no figuran en el balance, las obligaciones condicionales y otros costes financieros que puedan surgir como consecuencia de la salida”, afirmaron en un texto sobre la desconexión en el que también aseguraron que son ellos quienes aprueban o no el acuerdo negociado y que, tras la salida, Reino Unido pasa a ser un país tercero.

Todos pierden

A pesar de que May ha instado a que el divorcio ocurra de la forma más delicada y suave posible el porvenir no parece favorable. Las regiones que conforman el Reino Unido serán golpeadas por las negociaciones. Escocia desde ya plantea su férrea oposición a abandonar el bloque europeo y su ministra principal se movilizó para gestar un nuevo referéndum vinculante ante Londres que establezca la secesión de su país.

May señala que no es el momento pues se abre el proceso de negociaciones, pero para los escoceses la perspectiva de una salida no es positiva y desean su independencia para poder dirigir sus asuntos, entre ellos: mantenerse más cerca de Bruselas, aún cuando España –con el independentismo catalán de por medio– ya ha dicho que de esto suceder deberían cumplir con todos los procesos y ser los últimos de la fila para ingresar en el bloque.

Los escoceses no son los únicos afectados, Irlanda del Norte también votó en contra de dejar el bloque europeo. Los seis condados que forman parte de la porción británica en la isla irlandesa fueron muy maltratados por décadas de violencia y ven con preocupación que se vayan a modificar las circunstancias actuales con el establecimiento de una frontera con Europa.

Los acuerdos de Viernes Santo de 1998 que acabaron con años de guerra también están en juego. Las partes ya han dicho que están comprometidos en que se respeten y mantengan, pero se plantean varios desafíos, como el establecimiento de una posible barrera fronteriza, la única terrestre entre Europa –representada por la República de Irlanda– e Irlanda del Norte –territorio bajo jurisdicción británica–, además aún quedan células de grupos paramilitares que no se han desmovilizado y podrían tratar de usar el miedo y el descontento para sus intereses particulares. El tema de comercio y aranceles también perjudica el intercambio entre el norte y el sur.

Ya lo anticipó Dublín cuando el mismo 29 de marzo, día de la oficialización de la salida aseveró: “El brexit tendrá consecuencias políticas, económicas y sociales significativas para la República de Irlanda”.

Gales, al contrario de las otras dos naciones, no tiene ni un movimiento secesionista fuerte, ni se pronunciaron en contra de la salida, por el contrario, la avaló. Sin embargo, la nación es una de las principales afectadas por la salida.

Según datos de la Unión Europea, Gales obtiene un poco más de 300 millones de dólares en pagos por el trabajo de sus agricultores, que también son favorecidos por programas de desarrollo rural, subvenciones y ayudas de Bruselas. La BBC reportó que las cifras oficiales que perciben los agricultores de las ayudas directas de Bruselas entre 2014 y 2015 representaron 81% de la ganancia neta del sector.

Es ahora que inicia el proceso que prevé dos años de negociaciones para el primer abandono de una nación del proyecto de integración europeo. Será a más tardar, el 29 de marzo del 2019, cuando el Reino Unido dejará de formar parte de la Unión Europea.